Bergoglio, María Inés y Carballo Julio R.. Inseguridad. impcto en la estructura social. En revista: Anuario: Nro 1. CIJS, Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Cordoba, Cordoba, Argentina. 200?.  Disponible en la World Wide Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/cijs/SEC1002.HTML
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INSEGURIDAD: IMPACTO EN LA ESTRUCTURA SOCIAL*

María Inés Bergoglio** - Julio R. Carballo

Sumario: Este artículo explora los efectos de la sensación de inseguridad sobre la estructura social. Utilizando datos de una encuesta de población general, recogidos entre 1990 y 1993, en Córdoba,  se describen  los efectos de la seguridad sobre la interacción social. Se discuten las hipótesis de Durkheim sobre la reacción social frente al delito.

INTRODUCCION

En la mayoría de los países latinoamericanos, las tasas delictivas vienen registrando un aumento significativo, tendencia que se presenta asimismo en muchos países desarrollados. Consecuentemente, crece también el temor al delito y la preocupación por la seguridad personal se convierte en uno de los principales problemas sociales a resolver.

La sensación de inseguridad no tiene sin embargo una relación lineal con los niveles delictivos; no constituye un simple registro subjetivo de una realidad objetiva. Por ejemplo, se ha mostrado que algunos tipos de delitos generan más temor que otros (Bergoglio et al. 1990); también se ha comprobado que la difusión de las noticias policiales a través de los medios incrementa la sensación de inseguridad en la población (Liska y Warner, 1991).

Desde Thomas, los sociólogos saben que basta que una situación sea definida como real para que sus consecuencias también lo sean. Más allá de su justificación objetiva, la sensación de inseguridad, esta moderna versión del temor al infierno medieval, según la expresiva comparación de Navarro y Pérez Perdomo (1991) puede provocar cambios en distintas facetas de la vida social.

En este trabajo se discuten sus posibles efectos sobre  la estructura social, utilizando datos de tres encuestas sucesivas realizadas en Córdoba, Argentina (1990, 1991, 1993). Se analiza en particular la incidencia del temor al delito sobre la interacción social. 

1. INSEGURIDAD CRECIENTE

Aunque los distintos procedimientos de medición dificultan las comparaciones, resulta claro que los niveles de temor son en general altos en diversos países. Los datos del cuadro 1 revelan la extensión que la sensación de inseguridad alcanza actualmente en España y Venezuela.

Los datos utilizados en este estudio fueron recogidos en la provincia argentina de Córdoba, área que presenta niveles de inseguridad semejantes a los internacionales, según puede verse en el cuadro 2. Sucesivas mediciones, cuyas características técnicas figuran en el apéndice, han mostrado una tendencia creciente en los niveles de temor registrados en la población cordobesa.

Las cifras indican que sólo uno de cada cuatro residentes en el Gran Córdoba -una concentración urbana que supera el millón de habitantes - se siente seguro frente a la delincuencia. Estos valores descienden cuando se toma en cuenta el total provincial, ya que habitualmente la inseguridad es menor en las ciudades medianas y pequeñas, y muy baja en las zonas rurales.

Los niveles de inseguridad cordobeses resultan altos en términos internacionales incluso cuando en la medición se utilizan las mismas preguntas. Así, mientras quienes se sienten inseguros caminando de noche en su barrio eran en Estados Unidos el 21% (promedio nacional para 1974, informado por Liska y Warner 1991), en Córdoba ese valor alcanzaba, en 1993, el 29.3% (promedio provincial).

Pese a su amplia extensión, el temor a la delincuencia no se distribuye en forma homogénea en la sociedad. Al igual que la presencia del delito, y la estimación de la propia vulnerabilidad, -dos importantes determinantes de la sensación de inseguridad- presenta variaciones significativas en distintos grupos sociales.

Según se informó ya en 1990, en Córdoba las mujeres y las personas maduras o ancianas son los grupos más afectados por el temor. Estos rasgos se repiten en el estudio provincial de 1993, el que mostró además que quienes viven en las ciudades medianas y pequeñas experimentan una situación relativamente mejor. En España, los datos informados por Lamo de Espinosa presentan una distribución similar (1987). Las cifras venezolanas publicadas por Navarro y Pérez Perdomo muestran también diferenciales rural-urbanos amplios en la sensación de inseguridad.

Al igual que en Venezuela, el miedo al delito alcanza en Córdoba mayor importancia por su asociación con la percepción de la ineficiencia del Estado como agente de control social: la visión de que existe cierta impunidad para los delincuentes agrava la incertidumbre. Puede verse en el cuadro 3 que el temor a que no se castigue suficientemente el delito es más frecuente que el miedo a ser víctima.

El análisis de los miedos experimentados con mayor frecuencia revela que la inseguridad frente al delito es una preocupación genuina en la población, y no una forma disfrazada de temor económico o social. Las cuestiones de raíz económica, como la posibilidad de perder el empleo, o la insuficiencia de los recursos, o la falta de salida a la crisis económica, son mencionadas en conjunto con menor frecuencia que las vinculadas al delito. Este rasgo es sin duda notable en una sociedad que acaba de atravesar dos períodos hiperinflacionarios y experimenta un aumento de las tasas de desocupación por encima de sus niveles históricos.

Una reflexión atenta indica que los miedos que la población experimenta no están referidos tanto a la situación individual como a la global. El temor a una escalada de violencia, a que no se castigue a los delincuentes, a que cada vez haya más droga, o a que no se respeten los derechos humanos, no son sino distintas versiones de una misma preocupación: el miedo a una situación en que la sociedad resulta incapaz de mantener el orden social, tanto por dosis crecientes de desviación (mayor índice de asaltos, de drogadicción, mayor violencia) como por fracaso de los mecanismos de control del orden (impunidad de los delincuentes, violación de los derechos humanos).

La existencia de niveles relativamente altos, y crecientes, de temor al delito, resulta más llamativa si se considera que en el período considerado, las cifras delictivas han disminuido de manera significativa en Córdoba. En 1992 se registraron en Córdoba 30.407 delitos, cifra equivalente a las dos terceras partes de los cometidos en 1989.

Entre 1990 y 1993 la proporción de personas que se sienten inseguras aumentó en un 13%. En cambio, como puede verse en el gráfico adjunto, la tasa de delitos en general descendió significativamente, al igual que la tasa de delitos contra la propiedad. Sin duda, la tendencia hacia la estabilidad económica no es ajena a esta reducción de la cifra delictiva, que alcanzó sus picos en esta década durante los años en que se produjeron crisis hiperinflacionarias.

Es probable que el aumento de la inseguridad pueda vincularse al incremento experimentado en ese período por algunos delitos que ofenden particularmente a la conciencia colectiva; ya en 1990, se encontró una relación estadísticamente significativa entre la sensación de inseguridad y los delitos contra el honor. En el período 1990-1993, las ofensas contra la honestidad registraron un nivel estable, mientras los delitos contra las personas -categoría que incluye el homicidio- aumentaron un 18%.

En síntesis, puede decirse que se registran en Córdoba niveles relativamente altos de preocupación por la seguridad personal, agravados por la percepción de cierta ineficacia del Estado en la represión del delito. Esta sensación de temor evoluciona con independencia de las cifras delictivas globales en esa área.

            2. EL IMPACTO DE LA INSEGURIDAD EN LA ESTRUCTURA SOCIAL

¿Cuál es el impacto de estos niveles de inseguridad sobre la estructura social? ¿Qué efectos pueden esperarse como consecuencia de la preocupación general ante el delito? La respuesta a estas preguntas pone en juego la imagen que se tenga del orden social y de los mecanismos para producirlo o restaurarlo.

Los planteos elaborados por los sociólogos han sido varios, y no necesariamente coincidentes. En primer lugar, deben recordarse las hipótesis durkheimianas: el delito provoca como reacción un aumento de la interacción social, lo que contribuye a reforzar la solidaridad del grupo en torno a los valores comunes ofendidos por la conducta desviada. A su turno, este refuerzo de la solidaridad social contribuye a disminuir la propensión al comportamiento delictivo (1961, 1973).

El planteo de Durkheim considera al delito como un  fenómeno normal, que se halla presente en todo tipo de sociedades, y por ende necesario, ya que su ocurrencia pone en marcha procesos de refuerzo de la solidaridad social. Desde esta perspectiva, entonces, el orden social es visto como un producto espontáneo de las sociedades, y por eso mismo se subraya la existencia de mecanismos autoestabilizadores que tienden a preservar la integridad del sistema frente a la amenaza supuesta por la conducta desviada.

Una segunda perspectiva, sostenida por Liska y Warner (1991) marca que el temor al delito provoca más bien una reducción de la interacción social. La inseguridad hace que las personas reduzcan sus compromisos sociales a los lugares y momentos considerados seguros; el temor provoca modificaciones del estilo de vida que convierten a muchas personas en prisioneros de sus propios hogares.

En la visión de estos autores, la reducción de la interacción provoca también una disminución de la oportunidad de cometer delitos, que, a su turno, hace decrecer las tasas delictivas. A diferencia del enfoque durkheimiano, en el que se supone que toda sociedad tolera un monto estable de desviación, en esta perspectiva es la proporción de ofensores motivados para la conducta desviada la que se supone estable. Las variaciones en el comportamiento delictivo son consideradas más bien como el resultado de una modificación de las oportunidades para el delito.

Este enfoque se apoya en el análisis de datos empíricos correspondientes a la sociedad norteamericana, en la que se observan altas tasas delictivas, así como una organización de las actividades cotidianas que disminuye la custodia de los hogares particulares. El temor al delito, al reducir la interacción a sitios y horas seguros contribuye a estabilizar las cifras del delito, pues decrecen las oportunidades para cometerlos.

Como en la propuesta durkheimiana, aquí también se supone la existencia de mecanismos autoestabilizadores del orden social, aunque ello no implica necesariamente la funcionalidad de la conducta desviada: el delito pone en marcha, a través del temor y la reducción de la interacción social, un mecanismo de retroalimentación negativa que termina por reducir las oportunidades para el comportamiento desviado. Se paga sin embargo un precio: la disminución de la solidaridad social como consecuencia de la reducción de la interacción provocada por el temor.

Un tercer enfoque, conectado con la perspectiva de las elecciones racionales, presenta una visión menos optimista de los efectos de la inseguridad creciente. Sobre la base de datos correspondientes a la sociedad norteamericana, McDowall y Loftin (1983) han subrayado que el temor al delito provoca la emergencia de reacciones individuales de autodefensa, las que a su vez contribuyen a elevar la anomia. En lugar de buscar una respuesta colectiva que asegure el orden, se tiende a optar por soluciones individuales, como la compra de armas de fuego. Por su propia naturaleza, estas respuestas aumentan la probabilidad de la violencia, incentivando la inseguridad colectiva y también la anomia. En esta perspectiva, el orden social aparece como el resultado de la combinación de múltiples decisiones individuales de actores racionales, y no se presupone la existencia de mecanismos autorreguladores.

¿Cuáles de los efectos anticipados por los sociólogos se registran en Córdoba como respuesta a los altos niveles de inseguridad? Puede observarse en el cuadro 4 que dos terceras partes de la población han cambiado su modo de vida como consecuencia del temor al delito, una proporción bastante superior al 51% de venezolanos que han hecho lo mismo (Navarro y Pérez Perdomo, 1991). Tal como ocurre en este otro país, también en Córdoba predominan las medidas preventivas pasivas, aunque aquí son más altas las cifras.

Aproximadamente uno de cada tres cordobeses sale menos que antes, como consecuencia del temor; prácticamente la mitad de los hogares han modificado sus pautas de interacción para no dejar su casa sin custodios. Estas cifras resultan considerablemente superiores a las venezolanas: un 15% declaró allí que ha reducido sus salidas, y otro 11% manifestó que no sale con joyas o dinero (Navarro y Pérez Perdomo, 1991).  Puede considerarse entonces que la reducción de la interacción social experimentada en Córdoba como consecuencia de la inseguridad es apreciable.

Las medidas de prevención activa, tales como la compra de armas o la instalación de rejas o alarmas son menos frecuentes que las pasivas: los hogares en los que se ha comprado un arma para defensa son en Córdoba el 4.5%; en Venezuela, el promedio nacional es del 1 %, mientras que en el Zulia ese valor llega al 5%. Estos valores resultan bastante bajos si se los compara a los informados por Smith y Uchida (1988) para los Estados Unidos, donde el 12.5 % de los hogares han comprado un arma con fines defensivos.

En general, las medidas preventivas que exigen inversión de recursos, como la instalación de rejas o alarmas, son más frecuentes en los niveles sociales altos. En cambio, la reducción de la interacción social provocada por la inseguridad es más fuerte cuanto más bajo el nivel socioeconómico. Como puede verse en el gráfico 3, sólo uno de cada cinco entrevistados en clase alta y media alta sale menos como consecuencia del temor, mientras que uno de cada tres respondentes de los estratos bajos se halla en esa situación.

Estas cifras deben ser observadas atentamente, ya que implican que, la inseguridad creada por el temor al delito afecta proporcionalmente más a aquellos grupos que tienen una participación social menos intensa.

En resumen, puede observarse que el aumento de la sensación de inseguridad en Córdoba ha estado acompañado de cambios en el estilo de vida de la mayoría de la población y de una reducción de la interacción social para un tercio de los encuestados. Estos fenómenos son más intensos cuanto mayor el tamaño de la concentración urbana.

Por otra parte, si bien los niveles de inseguridad existentes en Córdoba son significativos, la propensión a asumir en forma individual la custodia de la seguridad personal - tal como se expresa en la compra de armas -resulta baja comparada con la existente en otros países, especialmente Estados Unidos. Aunque en la determinación de este rasgo confluyan probablemente tanto razones económicas (disponibilidad de recursos para la compra de armas) como otros motivos (facilidades legales para la tenencia de armas) esto implica que las consecuencias negativas anticipadas por McDowall no parecen presentarse en el caso cordobés.

3. DISCUSION

Si se efectúa ahora una revisión de la adecuación de los resultados a las hipótesis relativas a la interacción social, se verá que los datos presentados tienden a desestimar las hipótesis de Durkheim.  En el área estudiada, el delito no provoca un aumento de la interacción social, que pueda conducir a un refuerzo de la solidaridad. Por el contrario, una respuesta frecuente al temor es una disminución de la interacción social, en consonancia con lo sostenido por Liska y Warner y, por ende, una reducción de la solidaridad social.

Por otra parte, la disminución de un 30% en el nivel general de los delitos, así como en la ocurrencia de ilícitos contra la propiedad,  (cf. supra, II) sugiere que la reducción en la interacción provocada por el temor contribuye efectivamente a disminuir la incidencia del crimen, tal como lo indica la teoría de las oportunidades del delito. La  limitación de la información disponible a una área relativamente pequeña -una provincia- impide someter esta hipótesis a una prueba estadística más exigente. No obstante, debe señalarse que estos datos son congruentes con las propuestas de Liska y Warner. (Recordemos que estos autores utilizaron para verificar su hipótesis una muestra norteamericana de alcance nacional, de 20.000 casos entrevistados en 26 ciudades diferentes).

Parece claro que la descripción efectuada por Durkheim de la reacción social frente al delito resulta adecuada para comunidades pequeñas con amplias proporciones de población rural, pero no para las sociedades modernas como la argentina, en las que tres de cada cuatro personas habitan en ciudades, y que parecen ajustarse mejor al modelo propuesto por Liska y Warner.

Debe señalarse sin embargo que la inadecuación de la cadena causal propuesta por Durkheim, no implica la ausencia de mecanismos autorreguladores del orden social como imaginaba el autor francés. En el modelo de Liska, al cual se ajustan razonablemente los datos cordobeses, existen mecanismos autoestabilizadores del orden social como lo supone Durkheim, aunque su funcionamiento concreto no implica los nexos por él propuestos. Aquí, el efecto esperado de limitar los niveles de desviación se obtiene por medio de un mecanismo inverso al imaginado por Durkheim: la reducción de la interacción como consecuencia del temor, y la consecuente disminución de las oportunidades de cometer delitos.

La revisión de la información efectuada no permite desestimar la propuesta funcionalista acerca de la existencia de mecanismos autoestabilizadores del orden social en las sociedades modernas; sugiere más bien que ellos operan de manera diferente a los propios de las sociedades tradicionales.

En conclusión, se puede señalar que la revisión de datos de encuesta obtenidos en Córdoba, Argentina, ha permitido mostrar que el temor al delito tiene efectos significativos sobre la estructura social. Los resultados indican que, contrariamente a lo supuesto por Durkheim, la inseguridad creciente reduce los niveles de interacción, y, por lo tanto, la solidaridad social.

A la luz de los datos, resulta probable igualmente que la disminución de la interacción contribuya a reducir las oportunidades para el delito, de acuerdo al modelo propuesto por Liska, lo que constituiría un mecanismo autoestabilizador del orden social. 

APENDICE

Los datos utilizados han sido recogidos en tres encuestas sucesivas, realizadas en Córdoba, Argentina, desde agosto de 1990:

 a) Encuesta sobre la Pena de Muerte, realizada en agosto de 1990 por un equipo del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, de 340 casos, siguiendo un muestreo aleatorio por conglomerados, estratificado por edad, sexo y nivel socioeconómico El área cubierta por la investigación fue la ciudad de Córdoba. Esta investigación fue publicada como La pena de muerte: aproximación a la cultura jurídica,(Bergoglio y Carballo, 1991).

 b) Encuesta de opiniones, realizada en la ciudad de Córdoba en octubre de 1991 por E & M, consultora en estudios de opinión pública. El sondeo incluyó 400 casos, y la población abarcada fue la mayor de 18 años. Se empleó un muestreo aleatorio por conglomerados, estratificado por edad, sexo y nivel socioeconómico, con un nivel de confianza del 95 % y un error admitido de ± 5%.

 c) Encuesta de opiniones, realizada en marzo de 1993 por E & M, consultora en estudios de opinión pública. El sondeo incluyó 627 casos, y la población abarcada fue la mayor de 18 años, residente en la capital y en el interior de la provincia de Córdoba. Como en el caso anterior, se empleó un muestreo aleatorio por conglomerados, estratificado por edad, sexo y nivel socioeconómico, con un nivel de confianza del 95 %. El error admitido es de ± 4%.

En los tres casos, el instrumento de recolección de datos utilizado fue el cuestionario, incluyendo preguntas estructuradas y semiestructuradas.

REFERENCIAS

Indice Anuario I