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Como citar este documento	
Fernando Calderón y Roberto Laserna. Paradojas de la modernidad. CERES, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Cochabamba, Bolivia. 199?, p. 41. 
Disponible en la formato electrónico: http://168.96.200.17/ar/libros/bolivia/ceres/laserna.rtf 	

PARADOJAS DE LA MODERNIDAD

Fernando Calderón y Roberto Laserna

	INTRODUCCION

	Este ensayo nace de una pregunta: ¿Qué cambios ha experimentado la sociedad boliviana en los últimos años y cuáles són las tendencias emergentes?

	Responder a esta interrogante se hace aún más urgente a raíz de las propuestas de modernización y democratizacion del país planteadas por el gobierno que presiden Gonzalo Sánchez de Lozada y Victor Hugo Cárdenas. ¿Podrán los cambios propuestos impulsar un nuevo orden en las relaciones entre la sociedad, la economía y el Estado? ¿Podrá este orden ser más enmancipatorio? ¿ Será posible que tales reformas produzcan una mayor integración social, y al mismo tiempo una reestructuración económica fecunda capaz de potenciarnos e insertarnos en los procesos de globalización e internacionalización de los mercados? Y todos esos procesos, ¿facilitarán o entorpecerán la conformación de una sólida comunidad democrática?

	Nadie puede responder de manera rotunda a tales preguntas, y tampoco lo pretendemos en este ensayo. De lo que se trata es de reconocer la emergencia de un nuevo momento histórico en el que la incertidumbre y la ambigüedad constituyen referencias obligatorias para cualquier estrategia de conocimiento o de acción social. 

	Las sociedades contemporáneas están viviendo procesos de cambio que parecen conducir, al mismo tiempo, hacia la regeneración socio cultural, hacia el caos y hacia la modificación de patrones sociales organizativos que parecían perennes. Toda sociedad puede evolucionar tanto hacia órdenes regresivos como hacia órdenes progresivos y, con frecuencia, la velocidad de los cambios produce tensiones y desacuerdos que engendran desasosiegos e incertidumbres en los distintos actores sociales y politicos. Las mismas reglas del juego y el orden democrático están hoy en día cuestionados, e incluso las teorías y metodologías se encuentran desfasadas por la velocidad de los cambios producidos en una sociedad y una política cada vez más internacionalizadas.

	Es, pues, difícil pronunciarse de manera definitiva por el curso de las reformas que intenta impulsar el gobierno. Sin embargo, es necesario reconocer que un sentido progresivo de las mismas sólo estará garantizado por la presencia y la participación, inevitablemente conflictiva, de los distintos actores de la sociedad boliviana. En la medida en que ellos promuevan, en su acción y comprensión, una búsqueda  racional de certidumbres, con arreglo a valores propios pero también admitiendo los derechos y aspiraciones de los otros, tales reformas tendrán un sentido progresivo. Y esto tendría que ser así, entre otras razones, porque parece que el éxito ante el cambio está antecedido por una mayor estabilidad asociada con un sólido consenso socio-cultural.

	Ahora bien, según diversos análisis, en países como Bolivia esto será posible sólo en la medida que se divulgue una sólida cultura de solidaridad entre el conjunto de la población. Una cultura que se haga cargo de que el problema de la exclusión social y de la miseria de muchos es un problema de todos, y que el mismo desarrollo económico empresarial sólo es posible en la medida en que sea socialmente incluyente.

	En este marco, es importante afirmar claramente que el país necesita  racionalizarse o secularizarse más, pero  de manera integral y lo más rápidamente posible, sobre todo si desea tener alguna chance de vivir "nacionalmente" los avatares de la modernidad. Es importante que tal racionalización sea asumida transversalmente por los distintos estratos, regiones, etnias y clases de la sociedad boliviana, pero especialmente entre los estamentos dirigentes y las élites empresariales. 

	Y esto es particularmente importante dado que uno de los actores históricos, producto y productor de racionalidad, como lo fue el proletariado minero, está en proceso de desintegración o, en el mejor de los casos, de pérdida de su lugar estratégico en la economía y política bolivianas, un lugar que fue fundamental incluso a despecho de sus orientaciones ideológicas, por lo general cerradamente doctrinarias. Por el momento no parece existir un actor o un sistema de actores que ocupe el espacio dejado por los mineros. Es en parte por eso que no se sabe con claridad quiénes impulsarán las reformas en la sociedad. Incluso da la impresion, dado el comportamiento de los actores empresariales, tecno-burocráticos y políticos, que tales reformas se han hecho sobre el vacío, aspirando quizás tan sólo a que se plasme una improbable alianza de notables que supuestamente representan a empresarios, campesinos y tecnócratas.

	La urgencia de racionalización está referida a una serie de factores y campos, pero aquí especialmente se refiere a la búsqueda de una mayor consistencia de la acción individual y colectiva en varios planos: en el de la relación medios-fines, en el de la eficacia y eficiencia en el manejo del tiempo productivo, en el plano del cumplimiento de las leyes y el respeto de las instituciones y de las  autoridades y, muy especialmente, en el plano del respeto del "otro" como una garantía de respeto hacia uno mismo. Es vital que los bolivianos redescubramos racionalmente la importancia de la autoestima. Este tipo de racionalización además constituye un recurso básico para comprender y actuar en las dinámicas de internacionalización y globalizacion de la cultura y la economía. No podemos estar en el mundo si no sabemos quiénes somos, ni podemos esperar que nos respeten si no nos respetamos desde adentro, a nosotros y entre nosotros.

	En base a estos criterios y a lo largo de todo el ensayo hemos argumentando a favor de la necesidad de reconstituir un núcleo duro de racionalidad moderna que, además, sea culturalmente sostenible, en el sentido de que forme parte de un impulso protagonizado por la sociedad en su conjunto. Y suponemos que tal núcleo tiene que estar sustentado en un acervo cultural propio. Esto nos llevó a lo largo de todo el texto, basándonos en varios autores nacionales, a indagar sobre el carácter complejo del multiculturalismo boliviano y acerca de sus posibilidades de convertirse en un  factor que potencie un desarrollo económico y una democracia orientada por valores sustantivos.

	Tal construcción societal moderna no implica concebir una sociedad sin atajos o sin conflictos, sino más bien una sociedad con capacidad de acción sobre sí misma, con capacidad crítica y de diálogo con su  propia memoria histórica y con capacidad de respuesta auténtica, pero compleja, a las incertidumbres y ambiguedades de la vida moderna. Se trata de una sociedad donde se construya cada día una cultura de la solidaridad. Una sociedad donde se valoricen la diversidad y la reciprocidad de derechos entre actores cultural y socialmente distintos. Y, desde luego, de una sociedad que rescate el progreso técnico y el conocimiento científico como herramientas para acrecentar la intecomunicación e intercomprensión de unos y de otros , y para asumir, entre otras cosas, el desarrollo humano como un "bien común".

	Se trata de construir un camino abierto a todos, a fuerza de trabajo y esfuerzo y capaz de erradicar una lógica facciosa y perversa en la política.	

	A lo largo del texto utilizamos bibliografía de autores nacionales y extranjeros, pero sobre todo dialogamos y discutimos, a veces fantasmagóricamente, con autores y amigos obsesionados sociológicamente por Bolivia, como José Medina Echavarría, James Malloy, Sergio Almaraz Paz y Rene Zavaleta, entre otros.

	El ensayo es un trabajo centrado en la sociedad y los procesos sociales. Solo tangencialmente recurrimos a análisis económicos o políticos. Este estudio parte, una vez más, de una somera reflexión sobre la cuestión nacional, luego plantea las tensiones entre los recientes procesos de internacionalización de la sociedad y de la economía contemporáneas y sus efectos en la sociedad boliviana. Aquí se analizan los efectos y las características sociológicas del ajuste económico, de la economía de la coca y del narcotráfico y el nuevo rol de la cooperación internacional, como fuerzas externas que actúan en la sociedad nacional. La temática que anima todo el ensayo es la de la emergencia de un nuevo tipo de sociedad que está reemplazando a la sociedad industrial: la denominada sociedad informacional o programada. Nos preocupa saber cómo se está insertando el país en este nuevo tipo de sociedad y qué tendencias sobresalen. Aún más, nos preguntamos si es posible una inserción relativamente fecunda o si simplemente se está reeditando una inserción pasiva.

	Armados de  estos elementos, analizamos los cambios en la sociedad boliviana en términos del sistema de acción social, las heterogenidades estructurales, la integración social, el dinamismo del mercado, la movilidad social y el desarrollo. 

	Los dos últimos capítulos analizan las reformas iniciadas por el gobierno y plantean el comienzo de un nuevo e incierto proceso histórico, con nuevos campos de conflicto que tienden a remplazar los generados por el denominado ciclo del "Estado patrimonial corporativo". 

	El texto concluye con una aproximación prospectiva de las reformas en función de un recurso metodológico denominado balanza de consecuencias. A manera de síntesis, el ensayo finaliza con algunas reflexiones conceptuales que retoman los aspectos más relevantes expuestos a lo largo del texto. El corolario de nuestras reflexiones diría que en estos tiempos modernos "todo lo que es sólido se evapora en el aire", menos el Illimani.

	Queremos agradecer a nuestros muchos amigos y colegas que nos brindaron críticas y sugerencias en reuniones realizadas mientras pensábamos este texto, en especial a María Inés Pérez, a  Horst Grebe y a Rolando Morales. Queremos también dejar constancia de nuestro agradecimiento a Alain Touraine, a Manuel Castells y a Enzo Faletto, con quienes mantenemos un estimulante y permanente diálogo.

Los autores.
La Paz/Cochabamba, Invierno de 1994

I. LA NACION Y LA PERSISTENCIA DE LA COMPLEJIDAD

1. - Un patrón histórico de larga duración	

	La historia de Bolivia es una historia intensa y dramatica. Basta recordar por ahora la violencia de la conquista, las reformas coloniales, la creación de la república, la revolución liberal y la emergencia de un movimiento nacional popular que culminó con la revolución nacional, el más intenso proceso de cambios en lo que va del siglo. Han pasado más de 40 años desde entonces y, a pesar de los múltiples cambios que aquella revolución introdujo en la realidad boliviana, todavía persiste un patrón histórico caracterizado por una sociedad heterogénea y desarticulada. También persiste uno de los problemas principales de la sociedad boliviana en todas las épocas y que se plantea como un desafío todavía no resuelto: el de realizar, de una manera que sea fructífera para el conjunto de la sociedad, su integración al mundo a partir de un acervo cultural propio.

	Un proyecto de modernidad, como ha enfatizado Octavio Paz (1987), es un proceso de resignificación constante de los hechos fundamentales de nuestra historia. Sólo redefiniendo críticamente el significado de tales hechos se puede enfrentar los avatares de la vida moderna o, si se quiere, postmoderna. Conviene, entonces, esbozar a la luz de nuestras actuales circunstancias algunos de los elementos principales de ese patrón histórico de larga duración al que hicimos referencia.

	Ese patrón tiene por los menos tres fuentes socio históricas fuertemente interrelacionadas. Por una parte un tejido socio-histórico múltiple, que vincula constantemente relaciones de orden intercultural, intersocial e interregional y que se refiere a las distintas redes de relaciones entre las diversas culturas que habitan el país, a los sistemas de estratificación de clase y a las articulaciones en y entre las sociedades regionales o locales y el Estado central.

	Por otra parte, conviven distintos tiempos históricos y culturales que se originan en el mundo andino pre colonial y que, aunque parecen haberse superpuesto unos a otros, en realidad se ampliaron y complejizaron a lo largo de la historia. En este proceso, el hecho colonial tiene una importancia decisiva, pues es durante la colonia que se llegó a conformar ese patrón‑societal de largo alcance que, de alguna manera, establece los límites y las potencialidades de la nación boliviana.

	Además, debemos recordar que la historia en Bolivia, como en muchos otros países que habitan los límites de occidente, demuestra de varias formas que la sociedad y sus culturas no son estáticas, sino que están en constante mutación para vincular los mundos de vida (en el sentido de Habermas) a los cambios dentro y fuera del país. Es pues importante reconocer que estas culturas,  como cuadros pigmentados, no mueren sino reaparecen actualizadas en los tiempos modernos.

	Finalmente, una tercera fuente socio-histórica proviene de las relaciones de Bolivia con el mundo externo, empezando con los Estados vecinos. A pesar de fuertes lazos de solidaridad y similitud socio-económica, cultural y política, las relaciones de Bolivia con los Estados vecinos han sido por lo general conflictivas y se reflejan en una historiografía del despojo que construye y difunde entre los bolivianos una imagen colectiva de debilidad autocompasiva. Por si eso fuera poco, Bolivia ha tenido también relaciones muy difíciles con potencias extranjeras debido al evidente intercambio desigual establecido con ellas mediante la venta de minerales y la compra de bienes de alto valor agregado. Y en este campo se ha reproducido también esa historiografía del despojo que nos muestra como víctimas de un saqueo despiadado. Es ese masoquismo histórico que abominaba Sergio Almaraz (1979) o aquello que José Aricó, observándolo de manera general en América Latina, denominó como el pensamiento de la queja, según el cual América Latina no puede ser porque alguien, desde afuera, nos condena a no ser (1992). Todo esto ha generado y reforzado un sentimiento nacional de vulnerabilidad y fragilidad muy grandes. Quizás esto es más problemático en nuestras elites, que históricamente han expresado, imitando poses y discursos, su adhesión intelectual a valores universalistas de modernización, pero sin asociarlos a sus propios comportamientos y a su relación con las culturas nativas. Estas elites incluso han rechazado su propia imagen universalista cada vez que sentían que comprometerse con ella amenazaba interferir en su pequeño mundo. Lo que es peor es que con frecuencia las elites sociales y políticas del país han recurrido a la imagen del aislamiento geográfico, lo cual facilita que los bolivianos podamos justificar nuestro encierro ideológico y podamos también identificar culpables externos que nos excusen de resolver los problemas del presente.

	En este marco, con el fin de detectar algunos de los aspectos mas relevantes con los cuales la sociedad boliviana enfrenta los cambios actuales, vale la pena resaltar temas y rasgos cruciales de ese patrón histórico.

	Desde sus orígenes, el mundo andino estableció de manera muy racional un patrón ecológico de organización del territorio agrícola. Sin romper este modelo, el Estado Inca, fuertemente asociado con cacicazgos locales, organizó ecosistemas horizontales de producción que permitían satisfacer las necesidades de sobrevivencia de la sociedad en su conjunto y acumular bienes y alimentos en base a relaciones de reciprocidad social y dominio estatal. El Estado militar de los Incas y la heterogeneidad étnico comunal fueron las formas sociales básicas de ese orden social. El tiempo ha corrido desde ese entonces y ese modelo ha sufrido múltiples cambios, pero todavía hoy varios analistas bolivianos y extranjeros indagan y se preguntan, con razón: ¿Cuánto de este modelo persiste hoy en día y qué rol puede  jugar en los cambios que requeriría una sociedad ecológica del futuro? (Rostorowski 1989, Rivera 1992, Bravo 1993).

	La colonia se inició en base a un sagaz aprovechamiento político militar de los conflictos interandinos y de los intereses de un imperio español en formación; y se desarrolló reestructurando y adecuando los patrones andinos de organización social, pero también creando nuevas instituciones y relaciones socio-culturales. El territorio de Charcas, hoy Bolivia, se organizó en torno a nuevos ejes productivo-religiosos y político-administrativos y comerciales. Así, el eje potosino que organizó la explotación de la plata e integró a los valles interandinos de Cochabamba y Sucre, convivió con un eje político militar y comercial en los territorios de Sucre, La Paz, Tarija y Santa Cruz, con fuertes vinculaciones hacia la Capitanía de Chile y el Norte Argentino. El dinamismo territorial estuvo basado en las articulaciones entre la mita minera, los obrajes urbanos y las encomiendas y repartimientos(Barnadas 1973, Klein 1982). En todo caso, Potosí constituyó el núcleo simbólico que estructuró una identidad minera como base del imaginario nacional.

	Un rasgo central del sistema de dominación colonial fue que se generaron procesos de diferenciación y homogeneización cultural de un modo tal que la estratificación étnica coincidió durante siglos con la estratificación social, de forma que las prácticas discriminatorias comulgaban con el derecho estatuido sin mayores consecuencias (Calderón, Hopenhayn y Ottone 1993). La "civilización" convivió pacíficamente con la "barbarie", aunque la violencia recurrente recordara a ambas que esa convivencia tenía límites.

	Se produjo en definitiva un tejido colonial andino que en lo fundamental marcó un prolongado sendero socio histórico. Se trató de una impronta histórica sobre la cual se produjeron una serie de complejas mutaciones y superposiciones socio-culturales tanto en la misma colonia, como en la República del ochocientos y la del siglo XX.

	En esta lógica tres hechos son sobresalientes en la época republicana: la expansión de la hacienda a fines del siglo XIX, el desarrollo de la minería del estaño y la instauración del régimen liberal de principios de siglo. Estos hechos impulsaron en lo fundamental un proceso de modernización nacional restringido a las élites y excluyente de las grandes mayorías indígenas. Como ha subrayado James Malloy (1989), la persistencia de realidades creadas por este período histórico puede haber sido una de las causas del fracaso de los objetivos de la Revolución Nacional. En este sentido vale la pena indagar: ¿en qué medida estas redes socio-culturales, que marcaron formas de dominio y de expansión de culturas de la negación del otro, pueden reconvertirse, en un marco democrático, en acervos culturales propios y asumidos críticamente, de manera tal que potencien nuevamente la sociedad, respalden el desarrollo y estimulen la reinserción de Bolivia en los avatares de la modernidad?
 
	En todo caso, el resultado de todos estos movimientos históricos es el de una sociedad plena de matices regionales, yuxtaposiciones culturales y diferencias sociales expresada en clases sociales nunca plenamente constituidas; en élites políticas persistentes desde el período colonial; en sociedades regionales en pugnas constantes con el poder central; en comunidades andinas en gran medida cercenadas por regímenes económicos excluyentes como los de la hacienda; en la convivencia de confusas ideologías nacionalistas con extravagantes pensamientos occidentalistas divorciados de la realidad cultural boliviana; en minorías nacionales, como las de origen africano o del oriente del país, no reconocidas en el sistema político de toma de decisiones; en mayorías étnicas andinas culturalmente discriminadas y también relativamente ausentes del sistema político. En esta sociedad la misma noción de individuo es culturalmente ambivalente y la construcción ciudadana no acaba de plasmarse ni como un sistema institucional legítimo, ni como un valor central diferencialmente compartido por la pluralidad cultural preexistente.

	Se trata entonces de percibir un proceso histórico cada vez más complejo que no implicó una evolución gradualista y superadora de los ciclos socio económicos o político culturales, sino más bien el desarrollo de un proceso histórico pleno de superposiciones socio-culturales nunca bien soldadas, y casi nunca completadas, sobre las que han actuado los diversos actores sociales y políticos. Los mismos procesos de modernización, o las seculares luchas por el reconocimiento étnico cultural y otras formas de ciudadanía política e institucional, se han operado en este ámbito.

	Cualquier proyecto consistente de reforma social y política tendrá que comprender que la formación de una conciencia de la continuidad histórica, que es absolutamente necesaria para impulsar un consenso democrático para el desarrollo, implica reconocer críticamente la conflictiva diversidad socio-cultural de este tejido socio-histórico boliviano. De esto depende en gran medida el futuro de la nación. Paradójicamente, casi siempre ha ocurrido todo lo contrario, pues cada régimen político pretende refundar el país dejando de lado la memoria histórica, cuya vitalidad es precisamente un requisito fundamental para que cualquier cambio tenga un resultado fecundo. En este mismo sentido es imprescindible que los propios actores políticos asuman una actitud crítica y auto crítica respecto de la forma en que han contribuido y se han hecho en parte responsables de la formación de una conciencia nacional limitada, erigida sobre una imagen vulnerable y fragmentada de nosotros mismos y de nuestra historia.

	2.- La Revolución Nacional

	La Revolución Nacional es, en el siglo XX, un referente  histórico fundamental para comprender el carácter actual de la sociedad boliviana. La dirigencia revolucionaria del 52 buscó la creación de un Estado Nación fuerte que permitiera alcanzar metas de desarrollo industrial, integración nacional y modernización incluyente. La revolución no solo estremeció y modificó el conjunto de las instituciones de la época, sino que también cambió los comportamientos colectivos en la sociedad boliviana. Podría decirse que la revolución cambió incluso a aquellos que se le oponían, incluyendo a la Iglesia Católica que, por un lado, se hizo más dependiente del clero y los recursos externos en un esfuerzo por afirmar el catolicismo en contraposición a la "amenaza comunista"; pero, por otro lado, se vio desafiada a comprometerse más con los actores desfavorecidos que se movilizaban por el cambio. Curiosamente, esto parece haber ubicado nuevamente a la Iglesia (y por tanto a la religiosidad) en el centro del sistema institucional boliviano, del cual pareció haber sido desplazada por la vigorosa impronta liberal con que nació la misma República.

	Tal impacto pudo deberse, entre otros factores, a que, desde la ideología nacional popular, la revolución devolvió a las masas una imagen histórica y un lugar potencial en el mundo moderno.

	Empero, en algún sentido, fue también una revolución inconclusa o trunca. Las confusiones ideológicas propias de todo momento de cambio y la consiguiente tendencia al absolutismo político impidieron resolver con ductilidad y pragmatismo cuestiones tan importantes como las de la propiedad de las minas y de las tierras, que luego de la expropiación permanecieron en una suerte de limbo institucional durante mucho tiempo; hasta la indemnización en el primer caso, y hasta una nueva Ley de Tierras que no llega todavía en el segundo. Y fue inconclusa también por un sesgo obsesivo de la dirigencia revolucionaria en el proyecto de construcción de una comunidad nacional a partir del fortalecimiento del Estado, pues eso les hizo percibir toda manifestación de la pluralidad cultural emergente de la movilización y participación social como una amenaza contra la buscada unidad nacional.
	
	Los órdenes institucionales existentes, tradicionales y obsoletos, eran inadecuados para contener los cambios socio-económicos. Y se avanzó muy poco en el cambio institucional. La revolución no pudo verse reflejada por un sistema de instituciones capaces de resolver tanto los problemas de la fragmentación socio- política producida por la misma revolución, como de resolver las necesidades de una modernización racionalizadora del orden socio económico, que son dos empresas fundamentales para poder avanzar en el mundo moderno. Habían temas institucionales centrales, como la inseguridad jurídica -es decir, hacer que las leyes funcionen-, la indisciplina de las relaciones laborales y las anomias administrativas, que la dirigencia revolucionaria tenía necesariamente que resolver si deseaba lograr la estabilidad política necesaria para impulsar el desarrollo económico. Por el contrario, los conflictos en el  propio Estado y en el partido de gobierno fragmentaron la sociedad y exacerbaron un faccionalismo socio político que inhibió las potencialidades que la misma revolución había creado. 
	
	El gran corolario de todo esto radicó en la imposibilidad de consolidar instituciones sólidas y viables adecuadas al cambio revolucionario. Una consecuencia fundamental fue la gestación de un círculo vicioso entre ingobernabilidad socio política e inestabilidad económica.
	
	Como Barrington Moore y otros varios analistas del desarrollo han señalado, existe una correspondencia positiva entre crecimiento económico y estabilidad política. Sin embargo, el tipo de correspondencia varía según el tipo de institucionalidad en juego. Así, como bien ha subrayado Medina Echavarría (1973), si los cambios económicos son profundos también tendrán que serlo los cambios institucionales; si éstos sólo se realizan en la superficie del aparato político, los resultados serán negativos para el propio dinamismo socio económico. Por lo tanto, un balance histórico de la revolución nacional subraya la importancia de la naturaleza de las transformaciones socio económicas y su vinculación con cambios institucionales para fundar una gobernabilidad de largo plazo.

	3.-	El Patrimonialismo Corporativo

	El resultado global de la revolución fue un nuevo orden histórico basado en un Estado patrimonialista corporativo que organizó la vida socioeconómica y política nacional. El Estado corporativo estuvo principalmente conformado por las empresas estatales, especialmente la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pero también la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) y otras empresas menores que prácticamente organizaron los procesos económicos nacionales. Tales corporaciones estaban dirigidas por distintos grupos de tecnócratas, que llegaron incluso a conformar anillos burocráticos transpolíticos que, según el momento histórico, se vincularon con diversos intereses privados nacionales o internacionales e incluso en ciertas coyunturas con la propia Central Obrera Boliviana (COB) y las Fuerzas Armadas.
	
	Paralelamente, haciéndose eco de arcanas instituciones públicas, principalmente en los sectores o áreas sociales del Estado, se restablecieron relaciones patrimonialistas entre el Estado y la sociedad, principalmente a partir de un nuevo sistema de intermediación conocido en la jerga sociológica latinoamericana como el clientelismo burocrático.

	El clientelismo burocrático puede ser comprendido como un sistema de intercambio de prebendas y privilegios -por ejemplo empleo, servicios, dinero y prestigio-, por lealtad política, personal y/o de grupo. El clientelismo burocrático opera como un sistema de redes de influencia que compiten y disputan el control  sobre el flujo de prebendas en el Estado. Los costumbres y acuerdos jerárquicos en las distintas redes están basados en el consentimiento de relaciones estamentales que no tienen ningún respaldo institucional. Hacia arriba funciona como un mecanismo de movilidad social entre los distintos estratos y grupos medios y altos; y hacia abajo opera como un mecanismo de control social transversal al conjunto de las organizaciones de la sociedad civil. Al final, todos, empresarios, comunidades campesinas, obreros, élites regionales, etnias y grupos profesionales, partidos políticos, agencias internacionales de cooperación, terminan sometidos a esta lógica patrimonial de orden societal.
	
	En síntesis, en el Estado patrimonialista corporativo el aparato estatal estuvo limitado a funcionar como un mecanismo de acceso grupal al patrimonio colectivo, y de control del mismo por parte de intereses particulares, a través de instrumentos tales como el clientelismo y el prebendalismo. Cabe hacer notar que esta organización del Estado no es independiente de la organización de la misma sociedad. En efecto, es en el núcleo social de la familia extendida donde en realidad se encuentran los fundamentos del patrimonialismo que define jerarquías, de la reciprocidad desigual que da lugar a intercambios de tipo clientelar y prebendal, y que genera instituciones sociales personalizadas.

	Y esta es, probablemente, una de las paradojas esenciales del país: que la fortaleza del lazo social, sustentado en relaciones primarias, es la principal barrera a un necesario e ineluctable proceso de modernización, pero es al mismo tiempo el principal resguardo de nuestra sociedad frente a los procesos de desintegración social que suelen acompañar a la modernización, tal como se ha podido ver incluso en los países vecinos.

	Incluso se ha gestado toda una cultura política centralista que privilegia los medios sobre los fines políticos y que promueve una relación interpartidaria basada en la cooptación y el mercado de prebendas. Los sectores medios burocráticos son los articuladores por excelencia de todo este sistema de intermediación. Esta cultura se complementa con otra de tipo heroico y esencialista, que pone el acento en la búsqueda de fines últimos y reduce las relaciones sociales a antagonismos absolutos. Una vocación política democrática, que articula fines y medios, sentido de la proporción y sentido de la responsabilidad, era casi desconocida entre los principales actores políticos nacionales y sólo desde 1982 empezó a manifestarse en forma tímida.
	
	En el claroscuro de estas relaciones socio políticas se desarrollaron movimientos que orientaban sus acciones a la búsqueda de controlar el Estado o, al menos, de influir en él. En este ámbito, las entidades sociales locales como los ayllus, los sindicatos, las juntas de vecinos y otras organizaciones de base, desarrollaron fuertes lazos de solidaridad comunitaria y múltiples experiencias participativas que les permitieron  enfrentar los desafíos de una economía inestable y un sistema político excluyente.

	A partir de la década del 80 la sociedad boliviana ha experimentado un doble proceso de democratización e incorporación conflictiva y limitada a la economía de mercado, con altos costos sociales particularmente entre los sectores asalariados industriales. Este doble proceso es, a su vez, un producto de los cambios en la economía mundial y de la internacionalización de la política. El resultado ha sido una fuerte crisis del corporativismo patrimonialista y de los sistemas de intermediación producidos por la Revolución Nacional. La pregunta central que se plantea ahora debe tratar de detectar qué es lo que reemplazará, y cómo, a estos principios y formas de organización social. ¿Cuáles son las orientaciones de los actores sociales y políticos y en qué medida se puede lograr una articulación fecunda entre modernización económica y estatal, integración social y estabilidad institucional? En otras palabras, ¿cuáles son las posibilidades de llevar a cabo una reforma progresiva en la sociedad boliviana, tan compleja y heterogénea, y que por ello mismo enfrenta desafíos adicionales de gobernabilidad?

II. LAS FUERZAS DEL CAMBIO

	La sociedad boliviana está viviendo un período de intensas transformaciones. La coincidencia temporal de una profunda crisis económica durante la primera mitad de los años 80 -causada tanto por factores internos como por la rápida modificación en la posición internacional de la economía boliviana- y de un esfuerzo simultáneo de transición política hacia la democracia, ha impedido percibir la magnitud y multidimensionalidad de dichas transformaciones, oscureciendo muchas veces su sentido histórico y su profundidad estructural. Por ello, aunque la política económica de estabilización y ajuste juega un papel ciertamente relevante en este período de transformaciones, por lo general se le atribuyó una importancia mayor de la que efectivamente tuvo y tiene.

	Las transformaciones que tienen lugar en la sociedad boliviana son generadas por el interrelacionamiento de la propia dinámica interna,generada por sus actores sociales y políticos, y la que proviene de actores y procesos que podríamos considerar externos a la sociedad boliviana. En este marco, los actores nacionales procesan y sufren los impactos de los cambios que tienen lugar en una estructura económica marcada por una creciente interpenetración de los ámbitos internacional y nacional. Tal distinción, en los hechos, es cada vez menos justificable desde un punto de vista económico, y su validez va restringiéndose a formalidades diplomáticas cuya validez misma es continuamente cuestionada por la globalización de la economía,de la cultura y de la política, la cual va dando lugar a la emergencia de una sociedad mundial cuya extrema complejidad y diferenciación no desmiente su creciente integración.

	En los siguientes apartados se considerarán los factores que tienen mayor incidencia sobre los procesos de cambio que vive la sociedad boliviana distinguiendo, por razones de orden expositivo, los procesos generales a nivel internacional, los procesos asociados al esfuerzo interno de ajuste y las implicaciones de la incorporación de Bolivia al mundo.

	2.1.- Globalización y revolución tecnológica

	Es cada vez más reconocido el hecho de que la crisis económica internacional de principios de los años 80 no solamente dio lugar a una dinámica reorganización del sistema financiero y comercial, sino que fue también la manifestación de profundos cambios en la propia estructura económica internacional. Desde entonces se ha hecho cada vez más evidente que vivimos un proceso de reestructuración económica que tiene los siguientes fundamentos:

	Está basado en la incorporación subordinada de la ciencia y la tecnología en el proceso productivo como rasgo esencial. La generación de conocimientos y su aplicación práctica son procesos cada vez menos independientes entre sí, y ambos tienden a estar cada vez más integrados a los circuitos de producción y valorización, e incluso subordinados a las estrategias empresariales de maximización de la ganancia en el largo plazo y en un ámbito global.

	Como consecuencia inmediata de lo anterior, se verifica que la dinamización económica tiende a depender cada vez más de la incorporación de innovaciones en todos los órdenes de la  actividad económica: desde la creación hasta el diseño de productos, desde la organización del trabajo hasta la comercialización. Esto hace que la incorporación de innovaciones tenga un ritmo más acelerado que antes.

	Finalmente, el núcleo fundamental de innovaciones está constituído por la revolución informacional. Es decir, por el acelerado desarrollo de la tecnología basada en procesos de análisis, almacenamiento, manipulación y transformación de la información, así como en su transporte a través de medios de comunicación más rápidos y eficientes.

	Todo esto implica que el conocimiento se ha constituído ya en un factor de producción determinante del ritmo y la orientación de las actividades productivas. Un factor cuyo desarrollo y orientación son, además, crecientemente definidos por las necesidades de la producción.

	La historia reciente está marcada por la reestructuración socio-económica mundial, que se caracteriza por la combinación de procesos de globalización simultáneos y mutuamente condicionantes en los ámbitos de la economía, la política y la cultura. 

	La globalización de la economía consiste en la integración de mercados no solamente a través de la intensificación del comercio sino,sobre todo,de la centralización de la gestión de actividades económicas que se realizan de manera espacialmente desconcentrada. En este sentido, la globalización de la economía va conformando un mercado verdaderamente global. Verdaderamente porque esa característica no proviene tan sólo de la confluencia de crecientes flujos de mercancías, sino de la integración real de las decisiones sobre producción, precios y diseños. En este proceso juegan un papel fundamental los medios de telecomunicación, pues ellos acortan los tiempos y las distancias entre el diseño y la comercialización de los productos. Así, la introducción de nuevas tecnologías es el elemento clave de la globalización económica porque permite centralizar la planificación, el control y las decisiones estratégicas y llevar a cabo una gestión global, al mismo tiempo que permite desconcentrar las actividades de producción y comercialización para aprovechar la disponibilidad geográficamente desigual de recursos, o la segmentación y diferenciación de la demanda. Todo esto otorga a las empresas mayor flexibilidad para responder a los cambios en el mercado, pero también las obliga a acrecentar su capacidad innovadora. 

	La globalización de la cultura consiste en la difusión masiva de bienes culturales similares por todo el mundo, y una marcada tendencia a la estandardización y homogenización de los patrones de consumo que convive con una tendencia a la diferenciación superficial de los productos a fin de adecuarlos a la demanda de un mercado segmentado en el que las exigencias de diferenciación provienen no solamente de los sectores de mayor capacidad de compra, sino de los grupos sociales con identidades culturales propias más arraigadas. Este proceso está basado en una creciente concentración de la producción y en una simultánea expansión dinámica del consumo de imágenes, símbolos y diseños, que permite incluso la creación de gustos y modas en forma prácticamente indiferente a la localización de los mercados de consumo. Así, las identidades culturales se van disolviendo en la medida en que sus símbolos expresivos se convierten en meros barnices diferenciadores de productos estandarizados. En este proceso juega también un papel preponderante la introducción de nuevas tecnologías comunicacionales que masifican el consumo de información y bienes culturales producidos que son producidos, como se señaló, en condiciones de mayor concentración.

	La centralización de la gestión económica y la concentración de la producción cultural implican la integración de los sistemas decisionales y, por lo tanto, la concentración del poder. Esto pone de relieve y explica la creciente importancia de las organizaciones internacionales, tanto para la transmisión de iniciativas desde los centros del poder hacia el resto del mundo, como para la concertación de acciones y la ejecución de medidas de presión capaces de garantizar una cierta continuidad de las políticas públicas, incluso independientemente de la permanencia de los actores políticos que supuestamente las sustentan. En esto consiste la globalización de la política que, en los ámbitos nacionales, se vive como crisis de la política debido a que los sistemas decisionales parecen menos capaces de representar las relaciones de poder de la sociedad nacional o de generar eficazmente políticas públicas a partir de esas relaciones. La globalización se vive como un conjunto de interferencias e intromisiones externas. Y es que en la globalización de la política, los poderes son cada vez más ajenos a los estados nación (¿a las naciones?). 

	Los procesos reseñados, en su combinación, parecen conducir a la emergencia de un nuevo tipo de sociedad. Inicialmente, ésta fue calificada como post-industrial (Touraine 1969 , Bell 1973) por la percepción de lo que dejaba de ser el núcleo organizador de la sociedad, pero ahora es llamada por algunos autores como la sociedad informacional (Hayashi 1987) o la sociedad programada (Castells 1989, Touraine 1992). La noción de sociedad informacional enfatiza la creciente importancia de los procesos de producción, manipulación y circulación de información como el nuevo núcleo organizador de la vida social. Con la noción de sociedad programada se reconoce  la creciente relevancia de la programación de la gestión económica y política para el mantenimiento de un orden social debido a la rapidez de los cambios. Aunque desde ambas perspectivas se argumenta la creciente valorización de la generación, el almacenamiento, el procesamiento y la transmisión de información, la noción de sociedad programada pone de relieve el hecho de que el orden social descansa en la concentración del sistema decisional, que a su vez implica un aumento de los riesgos extremos del caos y el autoritarismo. 

	En efecto, la globalización, como ha sido descrita, podría conllevar la erosión de las formas sustantivas de organización social, política y cultural, frente a lo cual las necesidades de programación serían mayores. Su mayor viabilidad técnica, dado el desarrollo de las tecnologías informacionales, contrastaría sin embargo con su mayor dificultad social debido al vaciamiento de los sistemas políticos y a su consiguiente alejamiento o enajenación con respecto de los actores sociales. Los cada vez más frecuentes liderazgos de imagen -que motivan votos vacíos sin orientación ideológica y parecen haber convertido en obsoletos los discursos y programas al reemplazarlos con imágenes y slogans publicitarios- constituyen, sin embargo, mecanismos efímeros de control social e ilusiones pasajeras de participación. Los medios de comunicación de masas reemplazan a las masas, pero no a sus actos. Por eso los conflictos no se resuelven, apenas se postergan. Y es la postergación, precisamente, la que impone mayores exigencias de "programación" y la ampliación de sus ámbitos a todos los planos de la vida social.

	2.2.- Dinámicas y opciones de integración 

	En el trasfondo de la globalización, las posibilidades de un desarrollo económico nacionalmente autónomo parecen hoy imposibles. La disyuntiva para países como Bolivia parece ser la integración dependiente en el proceso de desarrollo o la exclusión del mismo en la ilusoria autonomía del atraso.

	En efecto, a pesar de la fuerza que tienen los procesos de globalización, la ubicación de una sociedad en la nueva división internacional del trabajo no es ni será nunca automática, sino que estará en parte sujeta a las acciones que lleven a cabo sus Estados y sus actores sociales y económicos. Puede haberse acabado el sueño de la economía nacional, pero no el de las políticas nacionales. Estas, sin embargo, hoy se enfrentan a la aparente paradoja de tener que potenciar la matriz social nacional para poder lograr una internacionalización fecunda, lo cual es radicalmente opuesto al nacionalismo del pasado que pasaba por un potenciamiento del Estado a partir del control de "su" sociedad.

	En la nueva división internacional del trabajo las variables determinantes de la relevancia de una sociedad ya no son los recursos naturales de que dispone, o la abundancia de mano de obra barata, sino su nivel tecnológico, que incluye la calidad y la educación de su fuerza de trabajo, y su ubicación respecto a los mercados, incluyendo la propia dimensión de su mercado,  sus redes de comunicación y transporte y su acceso a los sistemas internacionales de comunicación y transporte. Es decir, son variables "históricas", en el sentido de que son susceptibles de ser socialmente producidas, lo cual remite a la cuestión de los actores capaces de producirlas. De aquí la renovada importancia del Estado y la redefinición de su rol, no como sustituto de los actores nacionales, sino como articulador de su proyección internacional.

	Uno de los desafíos fundamentales para Bolivia es convertir su actual forma pasiva de inserción, ejercida solamente a través del consumo, en una inserción activa. Y en ello es fundamental plantearse las relaciones de Bolivia con el mercado mundial, pero no en abstracto, sino en referencia a las dinámicas concretas con las cuales se vincula. Y es preciso tomar en cuenta también a esa parte cercana del mercado mundial que son los países vecinos, por ejemplo Argentina, Brasil, Chile, y el Perú. Porque lo que ocurra en esos países tendrá vigorosas repercusiones en el nuestro,ya sea por la ampliación o creación de oportunidades o por las dificultades de una mayor competencia.

	Se han elaborado diversas tipologías para describir analíticamente el orden económico internacional emergente de la reestructuración tecnoeconómica.Sea tanto tomando en cuenta el nivel científico y tecnológico y la amplitud potencial de los mercados, como lo hace Castells (1989), o la solidez de la estructura industrial, la situación del sistema político y la disponibilidad relativa de medios internacionales de cambio (divisas), como lo hace Ravenhill (1990; en Kennedy 1993), América Latina se encuentra en una situación desventajosa. No existe un mercado integrado e incluso,dentro de los países con mayor población (Brasil, México),la distribución de los ingresos es tan desigual que sus mercados efectivos son reducidos. Aunque países como Colombia, Argentina, Brasil y México tienen una estructura industrial relativamente fuerte, ésta es tecnológicamente obsoleta y tiene por ello enormes dificultades para penetrar en los mercados internacionales. Adicionalmente, los sistemas políticos nacionales y los Estados se encuentran atravesando un período de transición bajo fuertes presiones financieras por la deuda y las balanzas comerciales deficitarias. Las dificultades de América Latina, sin embargo, son inferiores a las que sufren la mayor parte de los países africanos e incluso a las de los grandes exportadores de petróleo, cuya única ventaja, el superávit comercial, puede ser también su peor desventaja, ya que en los hechos inhibe la formación de estructuras industriales sólidas y con fuerte capacidad de investigación y desarrollo. 

	Una visión general de América Latina no puede esconder, sin embargo, las profundas diferencias existentes entre los diversos países. Brasil, Argentina, México, Venezuela y Colombia tienen mercados potenciales mucho más atractivos que Paraguay, los países de Centro América y Bolivia, y la capacidad científico-técnica de Uruguay, Chile, México, Argentina y Brasil es muy superior a la de Ecuador, Perú y Venezuela.

	En este contexto, la posición de Bolivia es ciertamente muy compleja porque sus perspectivas futuras estarán fuertemente condicionadas a lo que ocurra en todos los países vecinos, y fundamentalmente en Chile, Argentina y Brasil. El éxito simultáneo de la transformación productiva implicará mayores y mejores posibilidades para la economía nacional y un nivel mayor de autonomía en el diseño de estrategias comerciales; pero si el éxito se concentra en uno de nuestros vecinos y el deterioro se apodera de los otros, Bolivia enfrentará mayores restricciones y se agudizará aún más su dependencia improductiva.No habrá sin embargo ningún efecto de arrastre, ni siquiera en mayores condiciones de dependencia, si no se logra avanzar en la reconversión económica fundada en procesos más intensos de integración social.

	La reestructuración tecnoeconómica y la crisis que sacudió al país a comienzos de los años 80 no fueron procesos desconectados entre sí. Su impacto ha sido múltiple y se ha manifestado en una dramática pérdida de competitividad internacional. La minería tradicional ha sido prácticamente abandonada por el capital estatal y privado, manteniéndose bajo una lógica informalizada que apenas permite la sobrevivencia de los trabajadores en condiciones de autoexplotación. La industria más antigua y obsoleta ha suspendido actividades o se ha reconvertido en importadora comercial aprovechando su presencia en el mercado interno. La agricultura campesina es un refugio cada vez más limitado, por lo que su población se ha visto empujada a migrar hacia las ciudades o hacia las zonas de expansión de la frontera agrícola, dinamizando la urbanización periférica y la ocupación de áreas ecológicamente muy vulnerables. No menos grave ha sido la tendencia a un aumento del control de los procesos de acumulación por parte del sector financiero y bancario, cuya lógica especulativa y de corto plazo inhibe la conversión de los ahorros en inversiones productivas.

	Es notable, sin embargo, que a pesar de las difíciles condiciones estructurales de Bolivia,de su atraso tecnológico y de la precariedad de sus medios de comunicación y transporte, el país no solamente no se ha desconectado de los procesos internacionales, sino que ha mantenido una vinculación estrecha con ellos, entre otros dinamismos a través de productos y mercados ilegales. En efecto, a despecho de lo que permitía suponer la aparente marginalización de la economía boliviana, agravada bruscamente por la quiebra del mercado del estaño y la persistente caída de sus términos de intercambio, no se acrecentó su aislamiento ni se produjo una ruptura respecto al mercado internacional. Sus clases dominantes, e incluso amplias capas de sus sectores medios, sometidos a la lógica del "efecto de demostración", han continuado comprando y consumiendo en el exterior, cuando la economía boliviana estaba sometida a la intensa presión de la deuda con la banca internacional y los organismos multilaterales. En respuesta a esa doble presión, el país se ha visto, en los hechos, empujado a intensificar y a diversificar sus actividades tradicionales de exportación y a recurrir a otras fuentes de recursos, legales e ilegales.	

	La economía ilegal ha representado, desde la crisis de comienzos de los años 80, una fuente más o menos regular e importante de recursos para financiar las importaciones, sobre todo de bienes de consumo, aliviando la presión en la balanza cambiaria y facilitando tanto la importación de insumos y maquinarias como el pago de obligaciones con acreedores externos.

	Al mismo tiempo, la disponibilidad de esa fuente de recursos ha permitido a los gobiernos disponer de argumentos de negociación, captando así cierta atención y logrando alguna preferencia entre los gobiernos amigos y  las entidades internacionales.

	Así, a pesar de la gravedad de la crisis económica y del rigor del ajuste financiero, los consumidores y productores bolivianos han seguido teniendo acceso a los mercados internacionales. Sin embargo, ese acceso es, para la mayoría de la población, fundamentalmente simbólico, y aunque puede no tener un impacto material inmediato, sí puede tener un fuerte y profundo impacto cultural.	

	Al mismo tiempo, sin embargo, se han empezado a poner de manifiesto otros procesos no menos relevantes para la comprensión de los cambios que vive el país y ciertamente mucho más alentadores. Entre ellos, se verifican procesos de modernización productiva en una nueva minería de explotación intensiva y polimetálica, con alta tecnología y elevadas inversiones, la expansión de una base pequeño-industrial orientada a satisfacer segmentos específicos del mercado interno, y un moderado fortalecimiento de la agricultura empresarial productora de insumos para la industria y con creciente capacidad exportadora. 

 Desde esta perspectiva, cabe entonces preguntarse lo que se ha logrado con las políticas de ajuste durante la última década.

	2.3.- Ajuste estructural, cooperación internacional y sociedad

	Aunque la coincidencia temporal entre el proceso de ajuste estabilizador y la crisis económica impiden diferenciar las consecuencias y los efectos de uno y otra, es evidente que las políticas de ajuste estuvieron orientadas por las necesidades, exigencias y la capacidad del sistema financiero internacional. Fueron políticas de respuesta, consumidoras de iniciativas, y por tanto de inserción pasiva. Por eso las transformaciones internas tuvieron el mismo carácter: aumentaron la capacidad de pago en el corto plazo, pero postergaron un aumento de la capacidad de producción y un mejoramiento de la posición competitiva del país en el mediano y largo plazo. 

	Bolivia, como otros países, se vio en la obligación inmediata de generar excedentes comerciales para pagar la deuda externa, al elevado costo de postergar la modernización tecnológica de su aparato productivo, que era mucho más urgente y relevante desde el punto de vista de un verdadero ajuste a los cambios internacionales.

	En todo caso, la combinación de crisis y ajuste ha generado cambios tanto en el papel del mercado como en el del Estado.

	El mercado se ha convertido paulatinamente en un importante asignador de recursos y ,a través de el, tiende a imponerse y a generalizarse la racionalidad ciega del lucro y la ganancia. Los gobiernos, carentes de recursos para sostener la lógica burocrático clientelar, se sienten obligados a redefinir el papel del Estado a partir del pragmatismo de saberlo impotente para continuar sosteniendo la ilusión -falsa para una gran parte de la población- de ser el gran proveedor de bienes y servicios.

	Sin embargo, un fenómeno importante asociado a la persistencia de la crisis fiscal del Estado y al creciente respaldo internacional debido a los esfuerzos de estabilización, democratización y modernización, es el crecimiento de la cooperación internacional. Para 1991 se calculó, por ejemplo, que la asistencia técnica y financiera internacional, tanto en carácter de donación como de préstamo a largo plazo, representaba cerca del equivalente al total de las exportaciones legales, sin tomar en cuenta que otra parte importante de asistencia llegó a través de entidades privadas y organizaciones no gubernamentales (PNUD 1993). Obviamente,hay que tomar en cuenta que esa asistencia tiene una gran diversidad de objetivos y de fuentes, por lo que su impacto es también muy diverso. Pero más allá de su diversidad y de la eficacia distributiva alcanzada por algunos programas (como el FSE entre 1985 y 1989) la cooperación internacional en su conjunto parece estar asentada en una suerte de compromiso entre las agencias de cooperación, las instituciones gubernamentales y las entidades intermediarias, las cuales amplían y reconstituyen nuevos sistemas de mediación clientelar con los sectores más pobres y mitigan la crisis fiscal y de los grupos medios estructuralmente vinculados con el Estado. 

	No existen muchos estudios (Van Niekerk 1992) acerca de los efectos de este compromiso sobre la estructura social boliviana ni sobre el desarrollo entendido como una transformación productiva asociada con integración social. Sin embargo, es posible hipotetizar que tal compromiso a pesar de los múltiples y grandes esfuerzos realizados para mejorar las condiciones de los más pobres, ha fortalecido también las tendencias consumistas y los efectos de demostración de los sectores profesionales y empresariales. 

	Otra dinámica particularmente relevante se ha generado entre los gobiernos y las agencias de cooperación que, relacionados en una suerte de círculo vicioso, del inmediatismo, no logran dar un destino estratégico a los recursos de la cooperación. Los gobiernos, atrapados en problemas de gobernabilidad, no alcanzan a definir sus propias prioridades y la cooperación internacional es asignada de acuerdo a los intereses de los donantes. Cuando un nuevo gobierno se instala, cuestiona la programación del anterior pero tampoco alcanza a priorizar sus políticas, de modo que la iniciativa queda finalmente en las agencias. Sin embargo, esto tampoco otorga continuidad a la cooperación internacional, pues su lógica política también busca resultados inmediatos, cuantificables, técnicamente eficientes.

	Sin duda la sola reproducción de esta dinámica pone de relieve la debilidad del Estado para vincularse con actores externos, pero lo importante ahora es preguntarse si esta forma de vinculación reproduce la debilidad o permite su gradual superación. La hipótesis más probable sería la primera si uno atiende a fenómenos como la atomización en los sistemas de decisión estatales de acuerdo a las relaciones de cada instancia con las distintas agencias y proyectos, al surgimiento de mercados paralelos de técnicos y funcionarios según su adscripción o no a proyectos de asistencia internacional, con sueldos y lealtades diferenciados, y a la hipervalorización del "experto internacional". Este debilitamiento se extendería incluso al mundo académico donde tiende a generalizarse una cultura del corto plazo, sectorialista y que corre el riesgo de atar la creatividad intelectual a códigos tecnocráticos.

	Simultáneamente, es inevitable reconocer que la economía clandestina basada en la producción de coca y sus derivados exportables ha reforzado la expansión del mercado al ofrecer oportunidades de empleo e ingreso a los sectores más excluídos, incorporando significativos flujos de dinero y bienes con efectos multiplicadores en la economía. De hecho, podría decirse que en esta economía clandestina se genera también, con mucho dinamismo, un "ethos" empresarial abierto a la competitividad y a la racionalidad del mercado. Incluso gran parte de las prácticas políticas radicalizadas que defienden al pequeño productor refuerzan esta lógica del libre mercado (Laserna 1994). 

	El resultado inmediato de estos y otros cambios ha sido la aceleración del proceso de diferenciación social a partir de la concentración de los ingresos y el deterioro relativo de las condiciones de pobreza. Es decir que la expansión del mercado y de las relaciones mercantiles ha reproducido, aunque bajo formas nuevas, algunos mecanismos de exclusión social por los cuales persiste la desigualdad de oportunidades. A pesar de su notable expansión, el mercado no ha desarrollado plenamente su capacidad articuladora. Esto es particularmente notorio cuando se analiza la diferenciación no por factores económicos, sino en base a las condiciones de origen étnico y de género.

	Esto se manifiesta también en la segmentación del consumo debida a la desigual distribución de los ingresos. Si bien la estabilidad económica ha evitado que continúe ese proceso de redistribución descontrolada del ingreso que representa la inflación, y el crecimiento económico tiende a reducir la incidencia general de la pobreza, las tendencias a la concentración del ingreso se han acentuado aumentando la brecha que distancia a los propietarios, empresarios y profesionales, ubicados en los estratos superiores, de los campesinos de las serranías, que son los que se ubican en los estratos más bajos de la escala de ingresos y consumo. Los últimos estudios sobre pobreza en el país sugieren que el número de pobres está disminuyendo, pero que las condiciones de los que quedan bajo la línea de pobreza son cada vez peores. Parecería que estamos frente a un fenómeno de "trickle up" en vez de "trickle down", según el cual la redistribución de la riqueza estaría yendo de abajo hacia arriba y no a la inversa. Todavía se desconocen muchos aspectos relativos a este proceso, como ser su temporalidad, su ritmo, sus mecanismos y su espacialidad, por lo cual no será fácil diseñar políticas para revertirlo.

	Finalmente, es importante señalar que las condiciones en que se desarrolla el ajuste están dando lugar también a algunos cambios en la estructura social, reforzando la posición de los actores con mejores  condiciones de acceso al mercado tanto legal como ilegal, y a la cooperación internacional. Así se explicarían las mejorías en la posición relativa de los grupos empresariales y de pequeños comerciantes y transportistas, que tienen ya una práctica mercantil bien desarrollada; pero también las mejorías de grupos profesionales vinculados tanto a los anteriores como a la cooperación internacional, al amparo de la cual parece surgir una nueva tecnoburocracia. 

	La vieja burocracia y los grandes sectores dependientes del salario público sufren, por el contrario, los efectos de las restricciones financieras del Estado prebendal corporativo que ya no puede mantener una planilla muy grande salvo con niveles salariales muy bajos. Incluso en estos sectores, sin embargo, pueden notarse ya procesos de diferenciación entre aquellos que tientan la diversificación laboral hacia el mercado, buscando establecer negocios frecuentemente  vinculados a su experiencia (institutos de educación, oficinas de trámites, unidades de servicios, etc.), y los que se aferran con más fuerza a "las obligaciones del Estado", enfrascados en luchas recurrentes para recuperar el poder adquisitivo de sus salarios. Su debilidad es, sin embargo, muy grande. La caída del mercado del estaño ha estrechado los márgenes de maniobra presupuestaria del Estado y ,al mismo tiempo,ha debilitado la capacidad de presión de los combativos sindicatos mineros, en los que solía asentarse la presión corporativa del conjunto de los asalariados públicos. Esto se refleja en la perceptible tendencia de éstos a radicalizar cada vez más su discurso y sus medidas de presión para lograr cada vez menos.

	Pero son probablemente los campesinos de las comunidades más tradicionales los que se encuentran en posición de más franco deterioro. No solamente su nivel de producción es pequeño, lo cual de por sí constituye una desventaja en el mercado, sino que la calidad y variedad de sus productos satisface cada vez menos la demanda urbana, fuertemente influenciada por la estandardización de los gustos.

	2.4.- Información e identidades

	La globalización de la economía, de la política y de la cultura se vive también en Bolivia mediante cambios fundamentales cuyo sentido, sin embargo, es todavía incierto. La sociedad está cambiando a medida que tiene acceso a la información internacional, a los nuevos medios de comunicación, a la informática y su creciente capacidad de almacenar y procesar datos; y es evidente que los más diversos grupos sociales lo valorizan crecientemente. 

	Pero en un mundo estructurado, organizado y diferenciado por los procesos de producción, manipulación y almacenamiento de información, la sociedad boliviana podría estar destinada a afianzar aún más su lugar subordinado en la medida en que no pueda superar su condición de consumidora pasiva de información, tecnología y conocimientos, y desarrolle también algún nivel de producción y de consumo productivo en esos campos. El mantenimiento de esa condición predominante de consumidora de información implica un grave y permanente riesgo de enajenación y pérdida de identidad colectiva y el debilitamiento de lo que podríamos llamar las energías nacionales. Estas no son otra cosa que la convicción de que los destinos individuales y de grupo están condicionados al destino del conjunto de la sociedad nacional. Sería necesario analizar hasta qué punto ese debilitamiento se estaría ya manifestando, por ejemplo, en la fuga de capitales nacionales o las migraciones de profesionales, técnicos y trabajadores hacia el exterior, ya que ambos evidencian la falta de confianza en el destino nacional o, lo que es similar, el deseo de superar las limitaciones personales sobre la base de una vinculación directa con el mundo exterior.

	La pérdida de creatividad colectiva a que puede conducir este problema se manifestará tarde o temprano en una conducta culturalmente impotente. Puesto en términos extremos, se diría que de seguir este proceso,los bolivianos no sabremos lo que somos, no querremos reconocer lo que fuimos y vamos a querer ser como los otros, pero tampoco los aceptaremos cerca nuestro. 

	Sería, sin embargo, suicida pretender eludir estos riesgos afirmando un imposible retorno al pasado o buscando una ruptura aislacionista. En el primer caso, porque ese supuesto pasado nunca existió sino en la imaginación mitológica del derrotado que no pudo vengarse. En el segundo, porque esa ruptura no solamente quebraría los vínculos de esta sociedad con el mundo, sino que quebraría a la misma sociedad a un costo social y humano verdaderamente traumáticos. En este sentido, el problema de la sociedad boliviana frente al mundo moderno es establecer una vinculación consistente entre un desarrollo económico integrador, adecuado a los procesos informacionales de la sociedad contemporánea, y una memoria crítica de la historia. Esto sugiere,desde luego, aceptar que la modernidad implica también manejarse en la incertidumbre y en la ambiguedad en un mundo cambiante.

III. PROCESOS DE CAMBIO EN LA SOCIEDAD BOLIVIANA

Una mirada optimista a los últimos años de la historia contemporánea de Bolivia encuentra motivos de complacencia en la reiteración de pactos y acuerdos políticos basados en negociaciones pragmáticas. Los enemigos parecen ahora capaces de buscar un equilibrio entre lo deseable y lo posible para cada uno dadas sus circunstancias. Estamos lejos, sin embargo, de pretender que se ha gestado ya una cultura política de la concertación. Con demasiada frecuencia emergen signos, tanto en las élites políticas como entre la población, de rechazo y repudio a los pactos, y un cierto desprecio hacia quienes los promueven y protagonizan. Los medios de comunicación reflejan y reproducen este tipo de actitudes al catalogar los esfuerzos de concertación con términos despreciativos y desdeñosos como "componenda" o "transa", cuando no con calificativos que aluden a supuestas actitudes "traidoras", "mañosas" o "politiqueras".

	El hecho mismo de que las encuestas de opinión constaten una lenta pero persistente pérdida de credibilidad de la población en los partidos y líderes políticos, y en los ámbitos decisionales en que éstos se desenvuelven de manera predominante, como los Concejos Municipales y el Congreso Nacional, muestra que hay todavía una suerte de nostalgia por el conflicto, por la cultura de la presión social, que era la única forma posible de expresión y participación colectiva durante los períodos autoritarios. Las ideas del cambio y de la acción social están todavía muy fuertemente asociadas a la idea de revolución, con toda la carga destructiva del adversario que ésta implica.

	En este capítulo se identifican y analizan los principales procesos de cambio en la sociedad boliviana entre la Revolución Nacional y la actualidad. En el primer acápite se tratan los destinos de los actores emergentes en los años 50 y la evolución del sistema de acción social que ellos configuraron. Luego se consideran las implicaciones sociológicas del cambio económico al identificar las características del proceso de expansión del mercado y la consiguiente ampliación de oportunidades y mecanismos de movilidad social. La tercera sección del capítulo muestra de qué manera las heterogeneidades de nuestra sociedad se han redefinido en estos años, adquiriendo una nueva visibilidad a partir de la cual emergen nuevas prácticas sociales y surgen nuevos actores. El capítulo concluye precisando los desafíos de integración social que aún persisten.
 
	3.1. Actores y sistema de acción social

	Los actores emergentes de la Revolución Nacional, organizados en torno a los sindicatos obreros y campesinos, y que dieron lugar a fuertes movimientos populares, han sufrido una lenta pero persistente pérdida de fuerza social y política.

	El movimiento obrero tuvo como núcleo fundamental al proletariado minero, que hizo posible la estatización de la minería tradicional y, por tanto, el control estatal de los excedentes mineros. La fuerza de ese núcleo, reflejada en todo el sistema organizativo de los sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana, descansaba en su tradición de lucha (y el recuerdo de la victoria estatista), en su importancia económica relativa (pues de su trabajo dependía la mayor parte de las exportaciones del país), y en su consistencia demográfica (nucleados en densos campamentos de residencia y trabajo). Podría también afirmarse que la consistencia del movimiento minero era un resultado de su aislamiento en el enclave que los obligaba a la autoreferencia. Estas condiciones permitieron que el proletariado minero afirmara la particularidad de su identidad cultural a partir y en torno a su definición política como vanguardia revolucionaria (Lazarte 1991).  

	La caída del estaño como principal fuente de divisas y la pérdida de productividad en las minas fueron disminuyendo el poder de presión de los sindicatos mineros sobre el Estado. A partir de 1985, y sobre todo desde la ruptura del mercado internacional del estaño, se empezaron a desmantelar las empresas mineras, con lo que el sindicalismo minero perdió sus fuentes más importantes de influencia.

	Adicionalmente, nuevos sectores obreros y campesinos empezaron a reclamar mayor presencia en la dirección de las Centrales Obreras, desatando una subterránea lucha faccionalista en el seno del movimiento sindical.

	En este proceso de debilitamiento no se puede ignorar el desgaste político del sindicalismo que, luego de haber hecho posible la derrota del militarismo, presionó al gobierno democrático obligándolo con frecuencia a adoptar políticas populistas que eran imposibles de ser sostenidas dada la situación de extrema crisis económica, fiscal e internacional.

	Por esa razón, incluso los propios militantes de base del sindicalismo terminaron atribuyendo al movimiento una parte fundamental de responsabilidad en la  hiperinflación, lo que agravó aún más su pérdida de legitimidad social y política.

	El sindicalismo campesino, por su parte, ha vivido su propio proceso de transformaciones. Su vigorosa presencia en la escena nacional, reflejada en la reforma agraria de los años 50, se tradujo inicialmente en una suerte de pacto de reciprocidad con el Estado, a partir del cual se erigió el sistema burocrático clientelar que los incluyó. Por eso mismo, el sindicalismo campesino vio erosionada su capacidad e influencia cuando los antagonismos caudillistas se reflejaron en luchas y conflictos rurales. Su vigencia continuó siendo mayor en los ámbitos comunitarios, donde asumió el papel de un estado local; pero la dimensión nacional del movimiento se disolvió en el faccionalismo.

	Hacia fines de los años 70 y a principios de los 80 se produjo el resurgimiento del sindicalismo campesino, bajo el empuje de un movimiento cultural de alcances más amplios que busca recuperar la memoria histórica de resistencia indígena representada por Tupac Katari. Aunque menos vigoroso, este nuevo sindicalismo rural tuvo el mérito de desarrollarse a partir de situaciones mucho más complejas  y difíciles. Ha estado, por ejemplo, marcado por la incorporación de nuevas orientaciones, menos vinculadas a la tierra y más a los problemas etno-culturales y del mercado, que de alguna manera reflejan mejor la intensa diferenciación que se ha producido en el mundo rural desde la Reforma Agraria. Por otro lado, este nuevo sindicalismo es  campesino y es rural, pero es también urbano y étnico. Y aunque su núcleo estaba en la imagen mixta de la comunidad-sindicato del altiplano, su alcance social trasciende en mucho el propio sindicalismo rural para interpelar a obreros, sectores medios e intelectuales en diversas regiones del país. Notablemente, la amplia capacidad interpelatoria del katarismo no se reflejó en formas y comportamientos políticos, pues en esos ámbitos el katarismo nunca alcanzó a expresarse de un modo vigoroso.

	La mayor fuerza del nuevo sindicalismo campesino, sin embargo, no reside en ese carácter mixto, sino en la incorporación de los colonizadores del trópico. La expansión de la frontera agrícola y las migraciones asociadas a la expansión de la demanda de la coca, han hecho posible la recampesinización y la renovación campesina de un número considerable de familias rurales que se han convertido en la base de sustentación más combativa del movimiento campesino contemporáneo: los colonizadores. La paradoja es que ahí donde nace en parte la fuerza, nace también la debilidad actual del  movimiento campesino. Y es que los colonizadores se movilizan fundamentalmente en defensa de sus cultivos de coca, o en torno a las políticas referidas a su erradicación, pero eso coloca a todo el movimiento en un campo de conflicto de dimensiones internacionales en el cual el adversario está representado por la primera potencia mundial, los Estados Unidos.

	Habría que prestar también atención al surgimiento de una nueva fuerza de raíces étnicas y referencias rurales en los llamados pueblos indígenas del Oriente (Albó 1991). Ellos no solamente emergen con reivindicaciones propias, resumidas en su demanda de territorialidad, sino que se encuentran en coincidencia de intereses 
con las demandas actuales de grupos ecologistas preocupados por articular demandas de conservación ambiental en el área amazónica con una base social activa. La orientación ambientalista da sentido universal a las luchas reivindicativas, a veces incluso particularistas, de las colectividades indígenas, y le da una fuerza positiva a su resistencia al desarrollo del mercado. Al mismo tiempo, la lucha indígena por el territorio da materialidad y sentido social inmediato a la demanda ecologista. Pero no hay nada que garantice que esta coincidencia actual de intereses sea capaz de permanecer en el tiempo. En todo caso, por ahora tenemos también una vinculación entre la acción local y un campo de conflicto que tiene dimensiones internacionales pero, a diferencia del anterior, no hay en él el mismo sentido de urgencia que en el campo en que se mueven los llamados "cocaleros". 

	La precariedad del mundo obrero urbano quedó aún más en evidencia durante la crisis, lo que influyó fuertemente en un reflujo defensivo del sindicalismo fabril. Algo similar puede decirse que ocurrió con grupos de clase media urbana como los maestros y universitarios, que habían desarrollado una importante capacidad de presión al amparo del crecimiento del sector público y que, con la crisis y el ajuste, vieron amenazada su situación y empezaron a asumir una actitud defensiva. En la tradición del sindicalismo revolucionario boliviano, la posición defensiva no implica pasividad; al contrario, se manifiesta en discursos y actos que tienden a hacerse más radicales y conflictivos cuanto menor poder de negociación tienen sus protagonistas. Las pugnas internas, que emergen con facilidad en estas situaciones, son inmediatamente proyectadas hacia afuera, diseminando comportamientos faccionalistas por todo el sistema de acción social.

	En este marco, no puede llamar la atención que poco a poco tiendan a reforzarse comportamientos individualistas. El debilitamiento y la fragmentación de los actores colectivos en alguna medida justifican  una suerte de desilusión de las solidaridades de clase, mientras la expansión del mercado parece ofrecer un escenario de viabilidad al comportamiento individualista. El mejoramiento de las condiciones de vida empieza a ser percibido ya no como el resultado de esfuerzos colectivos de cambio político, como se lo percibía en el imaginario de la revolución nacional, sino como resultado de esfuerzos individuales, de eficiencia, competencia y éxito en el mercado. En otras palabras, se difunde la ilusión mercantil en la que el éxito de uno opaca los fracasos de muchos.

	Al mismo tiempo, sin embargo, parece estarse produciendo una reconstrucción de solidaridades colectivas a partir de la vida cotidiana en los ámbitos locales, y que se manifiestan muy fuertemente, por ejemplo, en las fiestas. La multiplicación de fraternidades culturales y de eventos masivos de música y danza, ligados a festejos patronales, a festivales gastronómicos, o a aniversarios locales de tradición recuperada cuando no inventada, están dando una nueva relevancia a las manifestaciones socio-culturales. La fiesta es cada vez más un ritual que permite la creación o consolidación de identidades colectivas, y que fortalece los ámbitos locales de sociabilidad reforzando lazos comunitarios de solidaridad.

	Los comerciantes, transportistas y el vasto mundo de empresarios, productores y trabajadores informales, son los actores fragmentados de un sistema de acción e interrelación social que ya no tiene como escenario al Estado o la política, sino al mercado. Son actores, no víctimas, porque cada vez más optan por ese camino no como un refugio transitorio, sino como una oportunidad. En ese proceso adquieren nueva relevancia la familia, como estructura de soporte del mercado, y el individualismo, requisito de admisión al mundo mercantil.

	Como una manifestación local de la globalización de la cultura y de la política, pugnan por emerger nuevos actores sociales que convocan inquietudes e identidades en torno a la discriminación de género y a los riesgos de la destrucción ambiental. Ellos, sin embargo, convocan un nivel de conciencia que está por encima de las urgencias y necesidades cotidianas, por lo que tienden a ser percibidos como muy importantes en términos morales, pero todavía inalcanzables en términos prácticos; es decir, como un lujo de la modernidad, que será adquirido junto con ella. Obviamente, esta actitud más o menos general incluso en sectores intelectuales, demuestra el profundo enraizamiento de la discriminación contra la mujer, en un caso, y la carencia de una perspectiva global y de  largo plazo, en el otro. Sin embargo, algunas movilizaciones locales en torno a problemas, reales o potenciales, de contaminación en las zonas mineras y urbanas, muestran un cierto crecimiento de la conciencia ambientalista en el país.

	La cuestión fundamental, empero, consiste en preguntarse de qué manera impulsar el crecimiento económico en condiciones de sostenibilidad ambiental y de mayor integración social. Esta problemática define la especificidad de este momento histórico en el que se combinan, a nivel global, crecientes potenciales productivos y las mayores expectativas de consumo, con un deterioro ambiental muy intenso y una gravísima desigualdad social. En este marco, es evidente que la necesidad del equilibrio ecológico a nivel global se yuxtapone con las necesidades de una integración social en Bolivia.

	3.2. Mercado y movilidad social

	De los procesos iniciados en la Revolución Nacional, podría decirse que la mayor contradicción estuvo marcada por las  orientaciones disímiles de la Reforma Agraria y la Nacionalización de las Minas. Mientras la Nacionalización prolongaba la vigencia de un sistema económico basado en la exportación de minerales, y permitía la conformación de una institucionalidad política basada en el prebendalismo y el clientelismo, que no sólo acogió a empresarios y sectores medios sino que incluso protegió los intereses de los obreros, la Reforma Agraria empujaba a los campesinos a enfrentar la racionalidad mercantil sin más fuerza que la de la pequeña propiedad de la tierra. Al cabo de una generación, esa fuerza empezó a fragmentarse en el minifundio, cuya permanencia se explica no por su rentabilidad o eficiencia productiva, sino por su papel en la diversificación espacial, temporal y laboral de las familias campesinas: es la plataforma mínima de seguridad para enfrentar los riesgos y las incertidumbres del mercado.

	En este sentido, mientras la Nacionalización de las Minas actuó en el fondo como una fuerza conservadora, aunque socialmente progresiva, la Reforma Agraria generó los más importantes procesos de cambio social, aunque por lo general fueron socialmente regresivos por la desigual distribución de sus costos y la generalización de la pobreza en las áreas rurales.

	En efecto, la Reforma Agraria desencadenó la expansión del mercado como articulador económico y social, lo cual se manifiesta con más nitidez desde los años 70 en una intensa actividad migratoria desde el  campo a la ciudades y desde las áreas tradicionales de valles y serranías hacia los bosques y llanos tropicales, sustentando los procesos de urbanización, colonización y reorganización del espacio económico nacional.

	El surgimiento de un nuevo campesinado en los trópicos y de una pequeña burguesía comercial que es capaz de desplazar productos desde los más recónditos rincones del país hacia los mercados nacionales e internacionales, y la expansión de un sector informal urbano capaz de crear y aprovechar oportunidades de ingreso y sobrevivencia en las ciudades dentro y fuera del país, son procesos que difícilmente podrían ser explicados sin una Reforma Agraria que fragmentó la propiedad rural y la convirtió, curiosamente, más en un patrimonio familiar que en una mercancía.

	A su vez, la Nacionalización de las Minas se produjo en momentos en que el modelo primario exportador estaba prácticamente agotado: las empresas habían dejado de invertir, estaban consumiendo sus últimas reservas y se acercaban a la obsolescencia tecnológica. La expropiación reemplazó los c
riterios de eficiencia empresarial por los de eficiencia política, de beneficio económico por utilidad social, y permitió no solamente que las empresas continuaran funcionando, sino que incluso generaran nuevos empleos y respaldaran la expansión del gasto público en base a un complicado sistema de cambios de divisas por subvenciones. Fue conservadora, entonces, en el sentido de haber hecho posible la prolongación del modelo minero exportador; aunque al mismo tiempo fue socialmente progresiva al permitir la reasignación de los recursos de modo que se pudiera impulsar un mayor equilibrio espacial en el desarrollo.

	Este carácter contradictorio entre la Nacionalización de las Minas y la Reforma Agraria se observa también en los cambios recientes de los mecanismos de movilidad social, entre los que adquieren mayor relevancia la acumulación, el dinero, el lucro y la ganancia, a medida que se debilitan los canales asociados a la burocracia: la educación y la política, sea partidaria o sindical, militar o eclesiástica. Es decir, la importancia del Estado como ámbito de ascenso social se reduce con la disminución de la renta minera, mientras al mismo tiempo aumenta la del mercado, en el que circulan no solamente las ilusiones de los pequeños propietarios empobrecidos, sino significativos flujos de dinero y mercancías reforzados por la economía de la coca.

	Finalmente, es relevante apuntar, como lo han destacado ya numerosos analistas, la emergencia de un  nuevo empresariado mercantil capaz de objetar, en base a su propia acumulación de capital, las barreras de la discriminación étnica (Toranzo 1989, Mayorga 1991). Sin embargo, esta nueva burguesía, que evidentemente sufre los efectos discriminatorios de una cultura señorial con tintes racistas, no ha mostrado signos de acercamiento colectivo a los movimientos étnicos y mucho menos de encontrarse en proceso de asumir una identidad cultural propia, llámese chola, aymara o quechua. Hay en ellos todavía una profunda escisión según la cual, cuando se asumen empresarios, dan la espalda a su origen cultural, o cuando lo reivindican no ejercen su condición empresarial salvo en el ámbito restringido de su familia o comunidad, y particularmente en la fiesta. 

	Que los individuos de mayor éxito económico y de mayor poder, y por tanto los de mejores posibilidades para asumir su origen con orgullo y rechazar las agresiones étnicas, no sean capaces de asumir su condición chola, revela la gran magnitud y la profundidad de nuestro problema de identidad nacional. ¿Por qué este país fuertemente mestizo, constituído a partir del hecho colonial que fundó el tejido intercultural vigente, no ha sido capaz de asumir tal tejido de un modo que no sea autodenigrante?

	Quizás haya que buscar la respuesta a esta pregunta, por ejemplo, en el análisis de fenómenos concretos como el origen mismo del mestizaje, pero no deteniéndonos en las relaciones de amor prohibido entre indias y conquistadores, sino en ese fenómeno más amplio que fue la mestización como estrategia evasiva de los indios. Para eludir la mita y otras formas de violencia ejercidas contra los indios, éstos escapaban buscando su recategorización como mestizos, y actuando como tales, en otros lugares (Buechler 1974,  Larson 1983). Obligados a rechazar en público su condición de origen, y a rechazar en privado su destino involuntario, terminaron rechazándose a sí mismos, rechazando lo que eran, despreciando lo mestizo. De ahí que el rechazo más importante y significativo de lo cholo no es el que proviene de los otros, que ciertamente existe y tiene relevancia, sino el que proviene de sí mismos y que tiene razones propias.

	Esta actitud de desarraigo con respecto a su propio origen es compartida incluso por las élites locales. Por ejemplo, la clase alta del Oriente del país, muy frecuentemente mestizada con grupos tupi-guaranís, no es ajena tampoco a la influencia cultural andina. Ella, en efecto, ha construído su identidad cultural en relación a las etnias andinas, pero manifestan abiertamente su rechazo al mundo kolla, negándose a sí  mismos la posibilidad de reconocer su identidad múltiple y copmpleja.

	3.3. Redefinición de las heterogeneidades

	En este proceso de cambios la heterogeneidades se han hecho más evidentes. Pero más que de una redefinición, debemos hablar de una nueva percepción de las heterogeneidades. Los procesos de cambio social descritos hacen más visibles y perceptibles las diferencias espaciales, culturales y económicas.

	Debido a una mayor integración territorial del país y a la nueva configuración espacial de la economía, algunas regiones son afectadas por la recesión mientras que en otras se localizan las actividades más dinámicas. Surgen de ahí movimientos regionales. Unos que reclaman la atención del Estado en el afán de restablecer el equilibrio perdido, y otros que pretenden consolidar su dinamismo en base a un sistema institucional más abierto a las diferencias regionales, otorgando relativamente mayor autonomía a los ámbitos regionales para establecer su propia dinámica institucional.

	Al mismo tiempo, la movilidad social ha diferenciado los ejes de estratificación y jerarquización social, de modo tal que los estratos económicos ya no coinciden plenamente con los estratos étnicos. Así, los mecanismos de discriminación étnica ya no se legitiman en las desigualdades económicas y son, por tanto, más visibles, tanto para los que son víctimas de esa discriminación, como para los que la ejercen en provecho propio. Ya no coinciden el color de la piel o el origen familiar con el tamaño de la billetera, y lo que hasta hace unas décadas eran casos excepcionales, ahora se han hecho comunes y cotidianos: hay miles de pequeños Patiños abriéndose paso en miles de pequeños "Clubes Sociales" de oligarquías cuyo principal recurso es el pasado y su mayor poder el oportunismo.

	En algunos casos, las dimensiones territorial y cultural se mezclan, como en Santa Cruz, donde surgen con frecuencia voces discriminatorias contra lo kolla justificadas en la defensa de una supuesta identidad regional, y donde los migrantes más pobres y recientes pasan por penosos procesos de adaptación en los que sufren a veces explotación económica y desprecio cultural. Afortunadamente, es en esa misma región donde se ha ido formando el sector más progresista y moderno del empresariado, cuya considerable influencia política e intelectual podría facilitar la superación de este tipo de problemas.

 	La emergencia de un movimiento, aunque incipiente, en torno a los problemas de género, no solamente nace de la globalización de la cultura, que hace a la sociedad boliviana más permeable a los movimientos sociales y culturales internacionales, sino de la nueva visibilidad de las relaciones y formas de discriminación de género debidas a la rápida incorporación de la mujer al mercado laboral. Esa creciente participación femenina en la actividad económica fuera del ámbito del hogar redefine su papel en la familia y frente al hombre, poniendo en tensión los viejos patrones de relacionamiento social.

	Finalmente, la ampliación de las desigualdades económicas da también una nueva visibilidad a las diferencias de clase, pero la creciente relevancia del mercado y las tendencias a la individualización que lo acompañan convierten al tema más en una preocupación ética que en un problema social.

	En todo caso, la brecha que se abre entre las expectativas de consumo -más o menos amplios en la medida en que también se expande el consumo de bienes culturales-, y las posibilidades reales de satisfacerlas, implicará la aparición y agudización de nuevas tensiones que quizás no se manifiesten en acciones sociales y conflictos políticos, pero sí en "problemas de conducta" más o menos generalizados (pandillas juveniles delincuenciales, criminalidad urbana, consumo de drogas legales e ilegales).

	Finalmente los intelectuales viven también mutaciones socio-culturales. El llamado intelectual orgánico, vinculado a partidos políticos y a organizaciones sindicales y corporativas, poseedor de una fuerte y creativa tradición ensayista referida a temáticas del tipo clasista o nacional-popular, tiende a desaparecer o a disminuir su importancia en el escenario público. Correlativamente, se expanden dos nuevos tipos de intelectuales. Por una parte están los profesionales o técnicos vinculados al ajuste económico, a la modernización del Estado y a la cooperación internacional. Estos reclaman una identidad pragmática y moderna frente al mercado, y su actividad intelectual consiste en la realización de estudios de corto plazo, sectoriales y de consultoría. Por otro lado, renace la tradición ensayista en el intelectual comunitarista, que busca desde su propia ideología favorecer el surgimiento de un nuevo sujeto histórico en la comunidad, principalmente altiplánica y aymara. Parece ser que éste reemplaza el ideario clasista o nacional-popular por uno indigenista y comunitario. Están fuertemente vinculados a las organizaciones no gubernamentales, a la Iglesia, a la cooperación internacional e incluso a algunas entidades estatales.  Común a los tres tipos es el hecho de que su actividad intelectual está fuertemente orientada a la producción y reproducción de ideologías, a veces subordinadas a la propia lógica del financiamiento de sus actividades, y a veces a las ilusiones de un voluntarismo político individual.

	Una responsabilidad fundamental en este aspecto corresponde a la universidad boliviana, sumida en una crisis tan profunda que en muchas disciplinas prácticamente ya no desempeña, como institución, un papel intelectual en la sociedad. Aislada en una autonomía defensiva, y ocupada por los gremios y los intereses particulares que representan, la universidad se limita a satisfacer las demandas de titulación para el ascenso social en las clases medias y populares, y a defender los derechos laborales y salariales de docentes y administrativos en la lógica clientelar del patrimonialismo corporativo. La proliferación de universidades privadas responde a la necesidad de dar a la titulación un sentido más eficiente de profesionalidad, pero hasta ahora no parecen estar ni dispuestas ni capacitadas a asumir los riesgos académicos y económicos de desarrollar una vida intelectual socialmente relevante.

	Afortunadamente, en los márgenes e intersticios de todo este entramado institucional, hay excepciones a la tipología presentada, y hay muchos intelectuales que transitan de uno a otro tipo. Pero su relevancia social, cultural y política es también marginal e intersticial.

	3.4 Integración social y desarrollo

	La cuestión de la integración social en una sociedad con fuertes rasgos de exclusión social y débil crecimiento económico como la boliviana, constituye uno de los problemas relevantes para la consolidación de la democracia y del desarrollo económico, más aún si las tendencias de exclusión persisten hacia el futuro.
	
	En esta perspectiva, lo central de la sociedad boliviana son las enormes masas de excluidos que podrían estar ya enfrentando los dramas del desarraigo y la pérdida de sus tejidos comunitarios. En tal panorama será imposible pensar en regímenes democráticos o en modelos dinámicos de desarrollo. Por lo tanto, el enfrentar los problemas de exclusión social desde la perspectiva de la integración constituye ahora una responsabilidad colectiva ineludible.
		
	La nueva dinámica económica, que se analizó  anteriormente, está directamente consustanciada con un nuevo enfoque de lo social, pues son fundamentales para la política económica visiones mas amplias que las sectoriales o del mero aumento del gasto social. En este sentido el problema de la exclusion social es un problema múltiple que está vinculado al dinamismo económico, político y cultural y, en definitiva, al mismo "destino" de la sociedad.
		
	La integración social es el puente para un potenciamiento interactivo entre la democracia y el desarrollo económico. 

	La CEPAL ha formulado recientemente un enfoque integrado del desarrollo, en el cual postula que el crecimiento económico y la equidad social se refuerzan mutuamente (1990, 1992). En el mismo sentido, el enfoque de Desarrollo Humano del PNUD, presentado y argumentado a lo largo  de cinco informes sobre el desarrollo humano a nivel mundial, ha puesto similar énfasis en los componentes socio económicos del desarrollo, argumentando además que el pueblo o la sociedad participativa constituyen el núcleo del desarrollo humano. Para este enfoque el público constituye el sujeto y el objeto del cambio, él es el encargado de conjugar las fuerzas del mercado y del Estado. Lo que se busca en definitiva es una asociación empresarial colectiva fecunda, que vincule sinérgicamente la productividad y la equidad y, dada la fuerza motriz de la ciencia y la tecnología, se ha sugerido que esa vinculación estará dada por la educación.
		
	Colin Bradford (1993), entre otros autores, ha enfatizado en la necesidad de reflexionar sobre cuáles son las fuentes del dinamismo económico para llegar a una  verdadera integracion social. Su argumentación plantea tres proposiciones económicas importantes para el desarrollo social. La primera, relativa a la necesidad de promover inversiones de planta, infraestructura y tecnología. La segunda, relativa a la difusividad transversal a toda la sociedad del dinamismo económico empresarial. Y la tercera, en función  al desarrollo de decisiones económicas sistémicas, donde la conjugación de economías de "producción en cadena" y de "sistemas de producción" podría llevar a una convergencia dinámica de decisiones interrelacionadas y complementarias que incidan en una reforma social integradora.
		
	Desde la perspectiva política, Touraine (1994), entre otros, ha enfatizado en la importancia de una gestión consensuada de los cambios económicos y muy especialmente ha señalado que tales cambios demandan  una fuerte voluntad de enfrentar los problemas de la exclusión social, que si no se resuelven en el menor tiempo posible tienden a generar ingobernabilidad e incluso a destruir las bases mismas de cualquier sociedad. En este sentido, la problemática mas sustantiva para lograr una vinculación efectiva entre crecimiento e integración social está asociada con la necesaria constitución de actores políticos y sociales autónomos que puedan luchar  concertadamente contra la exclusión social y la pobreza. En todas estas opciones el dinamismo de la integración social no descansa ni el el mercado ni en el Estado, sino en la propia sociedad y en la capacidad de sus actores de conjugar muy pragmáticamente el dinamismo del mercado con el del Estado.
		
	En el caso boliviano, como se ha analizado en párrafos anteriores, si bien el mercado expandió los mecanismos de movilidad social y generalizó, por todo el conjunto de la sociedad, una cultura del cálculo económico mercantil, en lo fundamental ha sido y es un factor muy débil de integración social, entre otras razones porque no posibilitó una igualdad de oportunidades para el conjunto de la sociedad boliviana. En ésta todavía persisten fuertes mecanismos inequitativos basados en sistemas de legitimación adscritos que se originan en un régimen estamental de origen colonial. En el mismo sentido, el Estado, sobre todo en el momento de decadencia del régimen nacional popular, tampoco ha sido un factor clave de integración social. En realidad, el Estado ha ido cediendo espacios que vienen siendo ocupados por el mercado, pero se trata de mercados, como en el conjunto de América Latina, con un limitado dinamismo que les impide ser mecanismos de integración social (Calderón, Dos Santos 1991). Parece ser que este tipo de mercados, como el propio patrimonialismo corporativo del ciclo histórico iniciado en el 52, se agota irremisiblemente y su redefinición se da en los ámbitos de los procesos de reestructuración de la economía internacional que analizados páginas atrás.

	Más bien parece que los procesos de expansión del mercado y la dinámica corporativista han producido como resultado histórico una mayor heterogenidad estructural, la cual ha posibilitado una fuerte polarización social. El retrato de ciudades altamente polarizadas, segmentadas y divorciadas de importantes procesos de industrialización es quizás la mejor imágen de la distancia brutal entre la equidad y el consumo y el lento o estancado crecimiento económico.

	En este contexto, parece pertinente plantearse algunas preguntas:
 	
	¿Se podrá promover un dinamismo económico socialmente concertado, de manera tal que el crecimiento se asocie directamente con la distribución?

	¿Cómo abolir los actuales mecanismos de discriminación social, por género y etnia, en el mercado; de manera tal que una lógica moderna de igualdad de oportunidades se generalice al conjunto de la sociedad nacional?

	¿Cuáles serían las maneras de expandir una cultura nacional de solidaridad, que asuma que el desarrollo equitativo es un "bien común"?

	¿Será posible socializar una cultura institucional como único parámetro de refencia de los comportamientos colectivos e individuales?
		
	Responder positivamente a estas preguntas quizás descanse en la conformación de un sistema de actores sociales y políticos autónomos, capaces de impulsar negociaciones que establezcan compromisos y puedan transformar sus acuerdos en referencias culturales compartidas. Es desde esta perspectiva que se analizarán las reformas y los escenarios emergentes de la sociedad boliviana.

4.INICIATIVAS DE REFORMA

	En este capítulo se expone una síntesis analítica de las iniciativas de reforma que se han venido gestando desde la crisis de los años 80. Luego de los primeros experimentos de la llamada Nueva Política Económica y de los frustrados intentos de acelerar el ritmo del crecimiento económico durante las gestiones de Paz Estenssoro y Paz Zamora, se han planteado desde el Poder Ejecutivo un conjunto de propuestas de reforma política e institucional cuyo objetivo profundo parece ser el de inducir cambios en la propia sociedad, en los comportamientos sociales y en la cultura. Aquí se examinan las características del esfuerzo desplegado desde el poder del Estado, los problemas de la gobernabilidad y su relación con el desarrollo, y la conformación de nuevos campos de conflicto en torno a las iniciativas de reforma. El capítulo concluye con una rápida caracterización de las principales propuestas de cambio que ha hecho el Ejecutivo: Capitalización, Participación Popular y Reforma Educativa.

	4.1 Hacia una transición societal

	A partir de 1985 el país experimentó un proceso a la vez de estabilización económica orientado hacia una apertura del libre mercado, y un proceso de consolidación de la transición democrática  a partir de una serie de pactos políticos entre los diversos partidos. Sin embargo, quedaron pendientes varias tareas vinculadas a contenidos socio-económicos y político-culturales. En la medida en que tales procesos no se desarrollen en un sentido progresivo tenderán a generarse dinámicas de transformación bloqueadas que afectarán negativamente el curso de los mismos procesos de democratización y estabilidad económica.

	Por una parte, resulta claramente necesaria la vinculación de la estabilidad económica con la productividad, el crecimiento económico y la integración social y, por otra parte, es preciso expandir el proceso de democratización a partir de una mayor inclusión socio-cultural y territorial.

	En realidad, tales políticas y procesos están plantendo una temática de transición societal que implica la superación gradual del patrimonialismo corporativo, de los sistemas clientelares de intermediación entre la sociedad y el Estado y, principalmente, del carácter extrovertido del desarrollo boliviano, hacia una transformación productiva concertada y socialmente expansiva hacia el conjunto de la sociedad nacional.

	Esta transición también conlleva la incorporación de la diversidad cultural no sólo en las tareas de la democratización, sino en la propia construcción nacional. Esto implica reconocer, como ha señalado Alain Touraine, que no hay un país que tenga un desarrollo económico importante sin una conciencia nacional fuerte; tal conciencia, en el caso boliviano, sólo puede provenir de su propia constitución cultural.
 
	Es en esta dinámica que el Estado puede redefinir su rol en la sociedad como regulador del crecimiento distributivo, pero descansando en un régimen democrático que permita un intercambio político entre los diversos actores sociales.

	En este sentido, el Estado democrático es el único actor que puede crear condiciones para la reconformación de una conciencia nacional que necesariamente pasa por la disminución de la inequidad social y de las desigualdades económicas y sociales que afectan a la mayor parte de los bolivianos. Es decir, la definición concertada de una integración social es una condición sine qua non para un desarrollo y una democracia sostenibles en el tiempo. Esto es así porque el Estado es el único que puede desempeñarse como un actor política y económicamente relevante en un escenario internacional globalizado pero fuertemente marcado por tendencias de marginalización y segmentación, y porque es también el único capaz de plantear políticas económicas y sociales nacionales para la integración internacional. El Estado, en esta perspectiva, tiene que asumir y desempeñar una función de articulación, de "bisagra", entre la regulación económica interna y la dinámica internacional. Pero no podrá hacerlo si no tiene la fuerza política que nace de su capacidad de representar a una sociedad integrada en su pluralidad y diversidad. En definitiva el Estado será fuerte solo si la sociedad también lo es.

	De aquí que el fortalecimiento de la sociedad, como bien ha denotado el Informe de Desarrollo Humano de PNUD de 1993, prevé que el mercado y la sociedad trabajen conjuntamente, señalando además que para que esto suceda es imprescindible una evaluación realista de las fuerzas y las debilidadaes de cada uno. En Bolivia como en la mayoría de los países de América Latina, el mercado no es un factor decisivo de  integración social, pero tampoco lo es el Estado. Este, en los marcos de la dinámica patrimonial corporativa, no ha logrado producir significativos niveles de integración social, como por ejemplo lo han hecho las nuevas economias industrializadas del sud este asiático. En dichos países el Estado ha cumplido una función decisiva en la creación de mercados que fortalezcan la integración social, especialmente mediante la educación, la creación de infraestructura y la capacitación de la fuerza de trabajo; es decir, configurando un ambiente estable que permita prosperar a las empresas y a la sociedad. En otras palabras han logrado, aquello que Fernando Fajznylver demandaba para la región: transformación productiva con equidad social.

	En todo caso, en la óptica que se viene argumentando en el presente ensayo, es fundamental echar por tierra tanto las tesis excesivamente estatistas como las liberalistas a ultranza, pues ni el Estado ni el mercado son entelequias cerradas o abstractas; en realidad ambas han estado vinculadas a las propias estructuras de poder prevalecientes en los últimos cincuenta años. En las actuales circuntancias es imprescindible optar por una visión que de manera sistémica y pragmática integre tanto al mercado, como  al Estado en función de la dinámica de la propia sociedad civil. En definitiva, es ésta la que debe orientar, de acuerdo a sus intereses y posibilidades, ambas instancias. Los miembros de la sociedad pueden actuar, y de hecho lo vienen haciendo, como productores o como consumidores y así regular el mercado, pero también pueden actuar como ciudadanos de una sociedad democrática que por su propio impulso tienden a reorientar la dinámica estatal en función de sus intereses. Sin embargo, el logro de estas dinámicas integradoras necesita niveles adecuados de gobernabilidad socio-económica y política.

	4.2 Reformas, gobernabilidad y desarrollo

	En medio de fuertes niveles de conflictualidad social, de un deterioro del sistema de partidos y de serias dificultades de la coalición del gobierno para implementar políticas y resolver problemas de gobernabilidad, se intenta iniciar varias reformas globales de largo alcance que buscan cambiar el perfil societal de Bolivia e iniciar un proceso de cambios estructurales.

	No obstante, en el corto plazo, la dinámica de formulación de las políticas bajo formas de leyes ha generado, dadas las dificultades en la formulación y en la reglamentación e implementación, saldos negativos de gobernabilidad. Esto, añadido a la explosión de demandas sociales postergadas, incide en la estabilidad necesaria para la implementación de las nuevas reformas. Esta situación de alguna manera plantea uno de los problemas crónicos de la relación entre cambio estructural y estabilidad política, en el sentido de que, por una parte, a raíz de las reformas se plantea una nueva arena socio-política y, por otra parte, los actores sociales y políticos, incluído el propio gobierno, procesan los conflictos a partir de prácticas y orientaciones del pasado. En la cultura política boliviana, más allá del aprecio verbal a la concertación, se mantiene vigente la necesidad de poner en evidencia, mediante la presión y el conflicto, el poder relativo de cada uno. Sólo entonces la negociación se hace posible, pero en ella ya no entra en juego la fuerza de la razón, sino las razones de la fuerza.

	Las relaciones entre gobernabilidad y desarrollo señalan en primer lugar la necesaria existencia de políticas de gobernabilidad vinculadas con la capacidad y las posibilidades del gobierno para ejercer autoridad, resolver problemas y aplicar políticas, en un marco institucional aceptado por el conjunto de los actores. La pregunta pertinente sería acerca de la eficacia del desempeño político del gobierno y sus chances de establecer un equilibrio dinámico entre sus políticas y los actores a través del tiempo. Esto es, en el desarrollo de las  reformas que se aplicarán, ¿se podrá lograr un equilibrio dinámico  de manera tal que, por ejemplo, los aspectos de capitalización no excluyan a los de participación popular ni a los de educación y la misma reforma estatal no limite los procesos de capitalización? En los escenarios de simulacion que se plantean mas abajo, se analizarán cabalmente las distintos tipos de situaciones y los chances de  construir en definitiva un equilibrio dinámico entre desarrollo, equidad y democracia.	

	Albert Hirschman (1986) ha señalado que uno de los pocos caminos de ruptura del círculo vicioso entre una acumulación socialmente excluyente y una distribución negadora del crecimiento económico implica asumir una estrategia compleja y flexible para enfrentar la incertidumbre del mercado y de la política. Tal estrategia sería la de "navegación contra el viento" o "zig-zag", en la cual se privilegia, según las circunstancias y las posibilidades, la producción o la distribución.

	Desde el punto de vista institucional, tal estrategia implica por lo menos tres condiciones. Por una parte, el propio fortalecimiento de la capacidad institucional del gobierno para poder navegar con eficiencia y eficacia contra el viento. Desde luego que es imprescindible que tal racionalidad instrumental esté acompañada por una ética política referida a la austeridad, la transparencia, el sentido de las proporciones y la responsabilidad social, acordes con el nivel de desarrollo y la cultura de la sociedad.

	La segunda condición se refiere a la necesidad de transformar los sistemas de intermediación y representación, tanto en el sentido de la búsqueda de una mayor eficacia como en un sentido valorativo. Se trataría, por una parte, de lograr plasmar institucionalmente una auténtica representación política de la diversidad socio-cultural boliviana, buscando superar las actuales desafecciones y críticas crecientes a las políticas y los partidos por parte de la sociedad. Asimismo, se trataría de concebir ámbitos institucionales donde puedan expresarse institucionalmente la diversidad de opciones sociales, asumiendo plenamente los riesgos que supone toda alternabilidad democrática.

	Por último, es una condición fundamental la reforma de la institucionalidad económica, tanto en las empresas públicas como privadas en función de una competitividad auténtica en el mercado, es decir una competitividad basada en la racionalidad en el trabajo y en un incremento de la productividad por la incorporación tecnológica y no gracias al prebendalismo estatal, la depredación de los recursos naturales y la superexplotación de la fuerza de trabajo. Se trataría de una transformación institucional capaz de permitir un manejo de los escenarios económicos cambiantes, de la capacidad de adaptarse a la complejidad y la incertidumbre del mercado y a la urgencia de renovación permanente de las destrezas productivas. Indudablemente este último punto está asociado con el ethos empresarial necesario en los tiempos modernos.

	El conjunto de estas reflexiones apuntan a las siguientes preguntas: ¿podrán los actores socio-políticos de la coalición de gobierno transformar el Estado patrimonialista-corporativo?  ¿Podrán modificar en un sentido democrático y eficiente el clientelismo burocrático? ¿Se podrá iniciar un nuevo estilo de desarrollo que tenga un núcleo productivo que integre las grandes empresas exportadoras con la miríada de empresas de pequeña escala y este dinamismo, a su vez, esté asociado con un proceso de auténtica cualificación del capital humano?

	4.3 Nuevos campos de conflicto.
	
	No se sabe de antemano las respuestas a estas preguntas, sino tan sólo es posible señalar que lo que se inicia es un nuevo proceso que tiende a constituir una nueva arena socio-histórica en el sentido que ésta, si bien es impulsada por la coalición de gobierno, es construída por los diferentes actores que expresan sus intereses y orientaciones y colocan en juego la dirección de este nuevo campo de conflicto.

	Lo que está en juego son las chances de la misma sociedad boliviana de innovar integral y eficazmente el ciclo histórico anterior. En este sentido, las reformas propuestas por la coalición de gobierno pretenden plantear un nuevo proyecto histórico en base a una conjugación y a un fortalecimiento de una sociedad empresarial, comunitaria y de reforma política. El proyecto empresarial, cuya vertiente fundamental es la Ley de Capitalización, desea expandir un nuevo comportamiento empresarial con una capacidad competitiva auténtica y expansiva al conjunto de la sociedad boliviana. Tal propuesta supone el desarrollo de nuevos comportamientos empresariales referidos tanto a las necesidades empresariales de incorporar conocimiento, información y gestión, como a la vinculación de la organización empresarial con una trasformación productiva y equitativa del conjunto de la sociedad nacional. Es decir, hay una comprensión de que estos centros de organizaciones empresariales aparecen como un componente autenticamente indispensable de la reforma social.
 
	Respecto del proyecto comunitario, la Ley de Participación Popular plantea incorporar a las comunidades territoriales de base a la vida económica y política del país, corrigiendo desequilibrios urbano-rurales y logrando una mayor equidad de los recursos públicos. En este contexto, la municipalidad se constituye como la unidad política esencial del país. Tal reforma plantea por una parte, una noción de equidad social vinculada a una búsqueda de igualdad de oportunidades (esto es reforzado por la reforma educativa) y, por otra parte, una desentralización del poder a través del fortalecimiento de una pluralidad de centros municipales de decisión que se equilibren unos con otros y que interactúen comunitariamente con el poder central. En esta acepción hay claramente la búsqueda de un régimen democrático asentado en la equidad.

	Respecto a la reforma del Estado, el tema central está vinculado a la búsqueda de una mayor eficiencia y racionalidad de la administración y gestión pública que corra de manera paralela  con las dinámicas empresariales y comunitarias señaladas. En este sentido, un sistema de administración y de gestión pública es una condición imprescindible para la expansión del cálculo y la coordinación, que constituyen elementos fundamentales de todo desarrollo económico. Esto desde luego apela a la revalorización de la teoría y la práctica de la competencia en el funcionamiento de la burocracia pública y privada y a la cualificación de los mismos recursos públicos.Este en este marco conceptual que conviene preccisar los aspectos cemtrales de dichas refromas como las polemicas que empiezan a suscitar en al comunidad politica.

	4.4.- La Ley de Capitalización

	Se trata de una ley innovadora que da una respuesta creativa frente a la privatización clásica. A diferencia de ésta, en el caso de la capitalización el Estado transforma a las empresas en sociedades anónimas mixtas con el objeto de aumentar su capital accionario (pues dichas empresas no fueron creadas como sociedades accionarias y por este motivo es preciso convertirlas en tales antes de la capitalización); y lo que se ofrece a los inversionistas es esa nueva emisión accionaria destinada a aumentar la capacidad productiva existente de las empresas. Esta es una diferencia crucial respecto de la privatización por venta de las empresas. La segunda diferencia es que a través de la capitalización el Estado transforma su propiedad en acciones de capital a favor de los ciudadanos bolivianos mayores de edad y no de inversionistas privados y/o extranjeros. Dicho "traspaso" de acciones en favor de los ciudadanos bolivianos se haría efectivo a través de libretas de ahorro individual que contribuirían de manera obligatoria a los fondos de pensiones que se planea crear con tal objetivo. Esto significa que los bolivianos estarán ahorrando obligatoriamente para asegurarse su propia jubilación, lo que implica también una capitalización individual que se espera pueda estimular aún más los niveles de ahorro.

	A través de esta ley se intenta expandir el empleo. Para alcanzar esta meta es preciso aumentar la tasa de crecimiento, lo cual sólo puede lograrse obteniendo recursos de entidades privadas, pues el nivel de ahorro interno hace imposible que por esta vía aumente el Producto Interno Bruto. Por lo tanto al atraerse la inversión se están abriendo caminos para que crezca el PIB y por tanto se expanda el empleo. Pero no sólo se planea aumentar la inversión vía el sector privado, sino que además se propone que los fondos de pensiones inviertan el capital que administren (las acciones correspondientes a los ciudadanos bolivianos), dando lugar al financiamiento de la inversión a largo plazo en Bolivia. Puede pensarse también que estas inversiones a largo plazo expandirán más el empleo que la propia capitalización de las empresas. Por lo tanto son dos vías diferenciadas de aumento del nivel de ocupación (Cariaga 1994).

	Sin embargo, la objeción que se ha hecho por parte de especialistas vinculados a la oposición, es que las acciones  individuales de los bolivianos podrán ser vendidas libremente en el mercado a través de los fondos de pensiones, y quienes podrán comprar la mayor parte de dichas acciones serán los inversionistas extranjeros, con lo cual las empresas se transformarían en sociedades anónimas puras, privatizándose por esta vía completamente. De esta manera, el Estado perdería la posibilidad de controlar de algún modo la producción del país.

	Es preciso tener en cuenta que se trata de una ley marco referida a los aspectos generales de las etapas del proceso de capitalización. Por lo tanto se hace necesario definir una ley que establezca las funciones y atribuciones del ente regulador encargado de efectivizar la capitalización, una ley de carácter administrativo y leyes sectoriales aclaratorias de las normas que el inversionista deberá respetar. En todo caso en gran medida el exito de la reforma está fuertemente vinculado a la capacidad del empresariado nacional y su fuerza para constituir un núcleo interno de crecimiento económico que además se pueda asociar con empresas internacionales, caso contrario, la capitalización tenderá a reforzar la dinámica extrovertida de los sectores económicos más concentrados, con escasa posibilidad de impulsar una auténtica reforma en la cultura económica mediante un ethos empresarial generalizado, en el sentido que  se ha venido argumentando a lo largo de todo el texto.

	4.5.- La Ley de Participación Popular

	La importancia central de esta ley radica en que por un lado pretende dar canales de representación y participación ciudadana a sectores antes relegados (principalmente el sector rural) a través del reconocimiento legal de las organizaciones territoriales de base, y, por el otro, intenta redistribuir una parte de los recursos de la nación de acuerdo a la densidad demográfica, evitando de este modo el privilegio de que gozan las urbes, principalmente aquellas del eje La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

	Así, la ley replantea la relación Estado/sociedad civil, a la vez que allana el terreno para el surgimiento de nuevos actores, dando prioridad a los actores territoriales. A partir de su efectivización serán las organizaciones territoriales de base (OTB) las encargadas de ejercer control sobre las materias que preocupan a la población: educación, salud, cultura, etc. Se trata en gran medida de la recuperación de una ciudadanía cultural avasallada, desde los inicios de la misma república, especialmente en los casos de los ayllus y otras comunidades del oriente del país.

	La jurisdicción municipal se extiende ahora al área rural, siendo el municipio el espacio donde la comunidad se vincula con el Estado a través de la administración pública. Los municipios recibirán nuevas atribuciones referidas a educación, salud, deportes, construcción de caminos, etc., junto con la infraestructura existente y los recursos financieros  respectivos.

	En líneas generales, como argumenta Grebe (1994), la ley intenta dar solución -de la que hasta ahora debía hacerse cargo el Estado- a los problemas municipales y sobre todo rurales, descentralizando las tareas relativas a los temas referidos más arriba. El traspaso de dichas responsabilidades se sustenta en la idea de que son los propios afectados quienes deben decidir en cuanto a sus necesidades. Esto implica un reconocimiento -que se hace efectivo a través de la ley- de las organizaciones territoriales; serán ellas las que deberán tomar las decisiones en relación a su municipio. Al mismo tiempo, la ley trata de dar el espacio que le corresponde al sector rural, al hacer extensivo el municipio a dicha área.

	Por otra parte, si bien no contrarresta la tendencia concentradora de riqueza que vive el país, redistribuye parte del presupuesto general de la nación en función de la densidad poblacional y no de la importancia de los grupos de presión urbanos. Con esto se pretende dar solución a problemas concretos de las regiones postergadas, tratando de evitar la masiva migración del campo a la ciudad, haciendo a la vez más equitativo el reparto de los recursos del presupuesto nacional.

	Una de las críticas que se le formulan es que se dejan de lado las organizaciones populares históricas del país, como sindicatos y comités cívicos, al plantearse la creación de OTBs, al tiempo que estas últimas no surgirán solamente porque una ley lo establezca sino en la medida en que se genere una dinámica social autónoma. Otra crítica apunta a que al transferir nuevas competencias a los municipios, lo que en verdad se está haciendo es delegar déficits y demandas insatisfechas que no lograrán canalizarse con los nuevos recursos transferidos: el gobierno estaría desembarazándose de responsabilidades que no puede cumplir pero que tampoco podrán hacerlo los municipios. Además es posible que esta ley alimente una serie de conflictos entre los departamentos que percibirán menos ingresos (La Paz) y los que aumentarán sus ingresos; entre las capitales y el resto de las provincias por el mismo motivo; entre las OTBs y las organizaciones populares como sindicatos y comités cívicos.

	Finalmente un aspecto especialmente importante está vinculado por una parte a la heterogenidad de los niveles de fuerza y organizacion de las OTBs, principalmente entre los ámbitos rurales cuya fuerza comunitaria es secular y las juntas de vecinos cuyos niveles de organización son muy desiguales y escasamente participativos. Por otra parte las heterogeneidades internas de las propias organizaciones de base. Aquí sobresale una fuerte contradicción entre una supuesta igualdad de oportunidades de participar entre los miembros de una OTB y las propias diferencias sociales o por género realmente existentes.

	En todo caso el proceso recién se inicia y los caminos de cambios, ajustes, idas y venidas se entrecruzarán en la  incertidumbre del tiempo.

	4.6. La Ley de Reforma Educativa

	La Reforma Educativa ha sido preparada durante varios años por el Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa (ETARE), un organismo política y disciplinariamente pluralista, que contó con el apoyo financiero de la cooperación internacional a través de organismos multilaterales y convenios binacionales. Aunque los debates y estudios fueron realizados en un marco de apertura y concertación, fue desde un principio evidente que se buscaba eludir la influencia de los gremios de la educación que no solamente se auto-autribuyen toda la representatividad de la problemática educativa, sino que tenían bajo su control las mismas estructuras administrativas de la educación pública. El diagnóstico más elemental justificaba la necesidad del ETARE y anticipaba que cualquiera que fuera la propuesta de reforma iba a enfrentar la resistencia del "establishment" educativo.

	Y así ha sido, dado que un aspecto central de la reforma está orientado a romper el cerco gremial que limita el sistema educativo tanto a nivel de las escuelas y colegios como de las universidades. Las innovaciones institucionales más relevantes, en este campo, son la libre sindicalización y la regularización del derecho a la docencia para cualquier profesional capacitado para ello, por un lado, y por otro la creación de mecanismos de control social, comunitario, sobre las unidades educativas. En el caso de las Universidades la mayor innovación en este campo consiste en la creación de un sistema de acreditación académica vinculada a la asignación de recursos adicionales a los de coparticipación, mediante los cuales se busca establecer mecanismos de control que garanticen estandards de eficiencia y la posibilidad de armonizar las políticas públicas a las decisiones universitarias.

	Si se logra romper la logica corporativa, la reforma podrá avanzar en la renovación de los contenidos y métodos de la educación. Estos apuntan a reforzar la admisión de la pluralidad cultural del país en base a la educación bilingüe, con el fin de recuperar un sentido de identidad colectiva envolvente y no discriminatorio. Al mismo tiempo, la reorganización curricular y la recomposición de los ciclos educativos se propone vincular el sistema educativo a las necesidades de la producción y de la modernización tecnológica.

	Considerando las previsibles resistencias de los gremios y su poder de movilización, y los tiempos de maduración que tienen las reformas educativas, ésta ha sido diseñada para plazos de 10 a 20 años por lo que no pueden ser consideradas, en relación a las otras iniciativas, como refuerzos sistémicos. Es decir, como procesos que podrán afirmar o corregir los resultados de las otras iniciativas de una manera mucho más sólida y consistente, pero perceptible solamente en el mediano y largo plazo.
	Como quizas nunca en el mundo moderno la educación y el conocimiento constituyen los ejes fundamentales de la cosntitución de un nuevo tipo de sociedad; en este sentido es imposible imaginar un nuevo orden societal si las sociedades, mediante sus actores no logran acuerdos estrategicos respecto de estos ejes. En el caso de Bolivia la cuestion es econtrar, más alla de los tecnocratas publicos y privados a los personajes que impulsaran tales reformas y desde luego el rol que tendrian en ellas los maestros y sus organizacuiones gremiales.Por el momento parece que se vive un bloqueo paradojico pues los principales actores potenciales de las reformas son las fuerzas que más la resisten.

	4.7. La Reforma de la Constitución Política del Estado
 
	En el marco de las reformas se planteó la necesidad de modificar algunas normas inscritas en la Constitución Política del Estado. Este tema fue reiteradamente planteado desde diversas organizaciones, pero más allá de la coincidencia abstracta en "la reforma", era evidente que habían profundas discrepancias en los temas concretos de la misma. Por ejemplo, mientras los sectores más proclives a la liberalización de los mercados se proponían levantar las restricciones y regulaciones a la inversión privada, nacional y extranjera, y flexibilizar los derechos y conquistas sociales, los grupos más cercanos a los movimientos populares pensaban en cambios institucionales que reforzaran las tendencias participativas, democráticas y de regulación de mercados.

	Sometidos a presión ciudadana, los dirigentes políticos acordaron llevar a cabo la reforma aprobando, sin mayor discusión ni trámite, un conjunto de iniciativas. Se aprovechaba así el procedimiento de reforma que establece la propia Constitución, según la cual en una legislatura se debe aprobar una Ley que declare la Necesidad de la Reforma para discutir el detalle de la misma en la siguiente legislatura. Así, con el argumento de discutir los detalles después se aprobó la Ley de Necesidad.

	En ella se introdujeron propuestas tales como la de establecer la ciudadanía a partir de los 18 años, y no los 21 como lo estipulaba la Constitución vigente, y la ampliación de los mandatos electorales a cinco años, tanto para los Gobiernos Municipales (que eran de dos) como para el Presidente (que era de cuatro). También se introducían cambios profundos en el Poder Judicial al proponer la creación del Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo, y fijar nuevas normas para la elección y el funcionamiento del Ministerio Público. El Poder Legislativo debía también ser afectado por cambios en las formas de elección de los diputados y en sus atribuciones, con el fin de vincular más estrechamente a la Cámara Baja con la población y las dinámicas locales. En la misma lógica, se plantearon reformas al régimen municipal, parte de las cuales fueron incorporadas en la Ley de Participación Popular.

	La propuesta más audaz, sin embargo, consistía en modificar los artículos de la  Constitución que normaban precisamente los procedimientos de su reforma, para hacerla más expeditiva.

	Esta propuesta terminó siendo rechazada, así como la concerniente a la creación de Gobiernos Departamentales que había sido hasta entonces uno de los argumentos fundamentales del movimiento descentralista liderizado por los Comités Cívicos. Todas las demás fueron finalmente aprobadas, con modificaciones menores, y han dado lugar a un hecho histórico: la primera reforma constitucional en Bolivia que se rige por las propias normas constitucionales.

	En todo este proceso se puso de manifiesto un contrasentido  muy grande. El argumento central de toda la propuesta de reforma constitucional era que debía buscarse no solamente una adecuación de las normas a las nuevas realidades, sino sobre todo una mayor flexibilización normativa a fin de posibilitar que el cambio institucional acompale los cambios estructurales. Sin embargo, la mayor parte de las reformas tiene tal nivel y cantidad de detalles que el resultado es un sistema normativo tal vez más actualizado pero seguramente más rígido.

	Por otro lado, resultó paradójico también que en el procesamiento de estas reformas se pusiera más claramente de manifiesto la persistencia de prácticas muy poco democráticas, y de triquiñuelas y artificios propios de un sistema escasamente formalizado. Por ejemplo, se debilitó al Poder Judicial con un Juicio de Responsabilidades que terminó por defenestrar a su Presidente, y se postergó el tratamiento de la Ley hasta los últimos días de la legislatura de modo que la presión del tiempo impidió, nuevamente, un debate amplio y consistente sobre el tema. De hecho, las reformas que no alcanzaron a pasar esta segunda instancia fueron aquellas en las que se concentró la presión conflictiva de la opinión pública (procedimientos de reforma) y de algunas organizaciones sociales con fuerte capacidad movilizadora como los Comités Cívicos (los temas referidos a la descentralización departamental).

El proceso de reformas institucionales operado tiende a legitimar
la imagen deteriorada del Parlamentento y de la clase política, empero:
¿Podran estas reformas fundar un nuevo orden consistentes con los
cambios que se operan en el pais y el mundo? ¿o más bien se reiterará
el viejo divorcio entre estructuras institucionales y procesos
historicos reales?

    V. LAS SOCIEDADES POSIBLES: BALANCES DE CONSECUENCIAS

    En el marco de los procesos de cambio que está viviendo la sociedad boliviana como parte de una nueva realidad internacional, interesa en esta última sección evaluar los escenarios prospectivos bajo el supuesto de que las reformas e iniciativas impulsadas desde el Estado,podrán ejecutarse. Como lo hemos señalado antes, la realización misma de las reformas está fuertemente condicionada a su apropiación por parte de actores sociales y políticos capaces de impulsarlas, sea que se trate de actores ya existentes o que,en torno y a partir de dichas iniciativas,emerjan nuevos actores. Vale señalar lo mismo con respecto a los alcances en la realización de dichas reformas. Es decir que su profundidad, rapidez y extensión dependerán también de la consistencia y la fuerza relativa de los actores que las impulsen y resistan.

    En todo caso, es evidente que no hay nada que garantice que las reformas se realicen en el mismo sentido o con la misma orientación en que han sido pensadas o planificadas. Por eso, para un análisis prospectivo como el que nos proponemos efectuar, no solamente importa considerar si las reformas se ejecutan o no, sino también cómo se ejecutan. Los escenarios serán conformados por la combinación de resultados posibles de las reformas, lo cual nos permite realizar el análisis prospectivo construyendo un conjunto de balances de consecuencias. No está de más resaltar el hecho de que este ejercicio prospectivo no parte de utopías paradigmáticas sino de las iniciativas que los propios actores políticos se plantean, lo cual implica también que está referido a un horizonte temporal posible, a "un futuro calculable", como diría Lechner (199 ), que es inexistente si la voluntad política se dispersa en lo coyuntural e inmediato. Por lo tanto, aquí se presenta un modelo formal indicativo de situaciones posibles, que se construyen desde la combinación de las iniciativas planteadas, pero cuya realización está condicionada por una multiplicidad de factores. No solamente por las relaciones de poder y de conflicto que se tejan en torno a ellas,sino también, como lo señalamos en su momento, por los condicionantes externos cuya presencia en el país es lo suficientemente vigorosa como para modificar estas situaciones.

    Los balances de consecuencias (la noción es de Germani      1966) tendrán en este caso como espacios determinantes las tres reformas fundamentales que impulsa el Poder Ejecutivo: la Capitalización, la Reforma Educativa y la Participación Popular. La cuarta, la Modernización del Estado, será tomada en cuenta solamente a partir de los escenarios resultantes, debido fundamentalmente a que su orientación tiene que ser necesariamente consistente con esos escenarios porque, en primer lugar, el Estado no es una estructura institucional que se erige en el vacío y, segundo, porque en las circunstancias actuales el Estado no aparece solamente como objeto del cambio (la modernización), sino también como sujeto promotor e impulsor de las reformas.

    5.1. El espacio de la capitalización.

    De acuerdo con el diseño original, la capitalización buscará utilizar a las empresas públicas más importantes para aumentar sustancialmente el ritmo de las inversiones y para generar un proceso de redistribución de la riqueza al convertir el patrimonio de las empresas en fuentes posibles de pensiones individuales. Dependiendo de cómo ocurra este proceso, de la voluntad y la fuerza de los actores que lo asuman y lo conduzcan, tenemos que pensar a la capitalización como un campo de conflicto que podría tener una orientación progresiva o una orientación regresiva.

	Una capitalización progresiva sería aquella capaz de satisfacer plenamente los objetivos estratégicos de la reforma de acuerdo con las expectativas señaladas en el discurso que la presenta. En ese caso estaríamos ante la emergencia de un nuevo ethos empresarial capaz de gestionar la reconversión productiva, de asumir el reto de una competitividad auténtica basada en inversiones e innovaciones más que en la protección estatal, y con legitimidad y reconocimiento social por su fuerza para dinamizar el crecimiento de la economía y la expansión del empleo.

    Una capitalización regresiva sería, a su vez, más parecida  a aquella que anticipan los actuales críticos de la reforma. Es decir, sería una capitalización concentrada en las empresas y manejada por grandes conglomerados con poder suficiente para subordinar la gestión estatal y reproducir, en su propio beneficio, la persistente lógica prebendal del Estado. Un rasgo regresivo sería también la frustración del proceso redistributivo, ya sea por no haber sido posible ejecutarlo técnicamente, o por no haber sido capaz de motivar nuevos comportamientos en los ciudadanos.

	Puesto que ambas son posibilidades sujetas a lo que hagan los actores en este campo de conflicto, es evidente que pueden también imaginarse resultados intermedios que son, precisamente, los que nos permiten referirnos metafóricamente al "espacio de la capitalización" y representarlo por ahora como un continuo de orientaciones disímiles:

Capitalización = Inversiones + Redistribución = Ethos 									                                                          Empresarial
          
      <═════════════════════════════════════> 
                          0
     (-)							(+)
     Regresiva						Progresiva                  -Nuevo Prebendalismo				-Reconversión 	    	 										          Monopólico					 Productiva
    -Concentración Riqueza			-Competitividad
    -Exclusión Mercado				 Auténtica
								-Legitimidad 
								 Empresarial 

 5.2. El espacio de la Participación Popular

    Simplificando en extremo la propuesta de la participación popular, se diría que sus dos instrumentos fundamentales son la integración institucional a partir de la ubicación territorial de la población, y la reasignación de los recursos públicos atendiendo tanto a principios de equidad distributiva como de dinamización de los recursos locales.

    Un resultado progresivo estaría marcado por la emergencia de actores territoriales autónomos, capaces de asumir y de ejercer responsabilidades colectivas en el ámbito local, y por tanto también capaces de movilizar recursos humanos y financieros para impulsar el desarrollo local. En este escenario se produciría un proceso de socialización del poder en cuanto a expansión de la ciudadanía.

    El resultado regresivo sería aquél en el que los actores territoriales son cooptados y subordinados, reproduciendo una  conducta clientelar y dependiente que expandiría hacia las comunidades locales una definición de "ciudadanía" a partir del derecho a consumir una renta, escindido de la obligación de producirla.

    La representación de este campo de conflicto como un eje nos da la figura siguiente:

Participación = Recursos + Decisiones + Responsabilidades

        <════════════════════════════════════>
                           0
    
    	 	(-)						   (+)
        Regresiva                      Progresiva
	   -Cooptación                    -Actores Autónomos
	   -Clientelismo                  -Redistribución del
	   -"Rentismo"                     Poder
                                       -Moviliza  Recursos
                                        Locales

    5.3. El espacio de la Reforma Educativa

    De manera similar, podemos describir la Reforma Educativa como un campo de conflicto con posibles resultados progresivos o regresivos. En una apretada síntesis, podríamos decir que la reforma educativa buscará incorporar una perspectiva multicultural y una práctica vinculada a la producción en los educandos. El resultado progresivo estaría dado por una sociedad capaz de aprovechar el diálogo intercultural de manera fructífera, de manera tal que asuma su diversidad como base de potenciamiento colectivo. Una vinculación progresiva con la producción implicaría no solamente una mayor eficiencia en la asimilación de técnicas sino una noción de productividad en armonía con la sociedad y la naturaleza, es decir, atenta a las necesidades sociales y a las restricciones ambientales.

    El resultado regresivo de la reforma podría caracterizarse por una exacerbación del faccionalismo étnico y la renovación del conflicto racial, por un lado, y por la formación de tecnócratas individualistas, preocupados por la eficiencia productiva solamente en tanto generadora de lucro y sin rasgos de solidaridad social o de preocupaciones ambientales.

    Al igual que en el caso anterior, podemos representar este campo como un eje continuo:

Reforma Educativa = Multicultural + Productiva - Gremialismo

        <════════════════════════════════════════>

      	(-)						      (+)
        Regresiva                          Progresiva 
	   -Faccionalismo Etnico              -Intercultural
	   -Conflicto Social                  -Eficiencia Técnica
	   -Tecnócratas Individualistas       -Productividad     	          -Lucro Privado                      Económica
	   -Sin Responsabilidad Social        -Responsabilidad              ni Ambiental                       Ambiental
								   -Valora Equidad

   
    5.4. Balances de Consecuencias

    En la construcción de los balances de consecuencias consideramos los puntos cero en los ejes como el fracaso absoluto de las reformas, definido por su imposibilidad de ejecución. Es decir, el fracaso no se define por el tipo de resultados sino por la frustración de la iniciativa en cuestión. Los resultados no dependen del diseño de la iniciativa o de la voluntad de sus ejecutores, por lo que serán progresivos o regresivos según lo determine el juego de fuerzas sociales y políticas que se enfrenten, o por el impacto de las condiciones externas. Por lo tanto, desde el punto de vista de quien tiene la iniciativa, el fracaso es no poder impulsar la iniciativa en ningún sentido. De esta manera, el punto cero en los ejes implica que los procesos sociales y económicos siguen una orientación y un ritmo inerciales en los que las iniciativas de reforma no llegan a realizarse y,por tanto,no existe una acción política deliberada para cambiar las tendencias. Más bien el escenario sería anómico y en él se fortalecerían las tendencias facciosas del propio Estado y de la sociedad civil.

    Ahora bien, hablamos de espacios y no de ejes, porque al construir los balances de consecuencias cruzando los ejes, ya sea por pares o los tres a la vez, se forman espacios en los que se constituyen múltiples escenarios. A los fines de esta reflexión, focalizaremos el análisis en el interjuego "capitalización y participación popular",dado que ambas iniciativas podrían empezar a tener consecuencias en un plazo relativamente corto, en tanto que la reforma educativa requiere necesariamente de plazos mayores para tener efectos perceptibles.

    El balance de consecuencias que nace de la combinación capitalización -participación muestra cuatro escenarios posibles,tal como se ilustra en el gráfico siguiente.

	    Capitalización
    regresiva
        _ 
	Capitalización
    Progresiva
       +  	
Participación
Progresiva

+
	
      3         Conflicto social   Coacción

    Debilidad
empresarial	
1
Empresarialismo
participativo

 Matriz de
actores autón.
	
Participación
  Regresiva                                        _ 	2

    Estado prebendal y sociedad rentista

    Actores depend.

	4

Dualización
cooptada

   Control social

    1. El primer escenario sería aquél en el que se obtienen resultados progresivos en ambas iniciativas, de modo tal que se constituye una nueva matriz societal con actores territoriales autónomos e interactuantes y un ethos empresarial innovador que dinamiza la economía y difunde los logros del crecimiento. Este escenario requeriría y fundamentaría un sistema político institucional asentado en la legitimidad democrática y articulado por un Estado promotor del crecimiento y regulador de la distribución. Si,además,en el mediano y largo plazo la reforma educativa obtiene resultados progresivos, la eficiencia técnica estaría combinada con la solidaridad social y generacional y la boliviana sería una sociedad de productores capaz de impulsar un desarrollo sostenible fundado en el mejoramiento de la calidad de vida y en la valorización de los recursos humanos. Si, por el contrario, la reforma educativa genera resultados regresivos, la autonomía de los actores locales podría derivar en nuevas formas de faccionalismo comunitarista y el crecimiento económico, objeto de apropiación y conflicto, difícilmente sustentaría la difusión del desarrollo humano. De aquí resalta la importancia de la reforma educativa como refuerzo sistémico de las otras iniciativas.

    2. En oposición al anterior, el segundo escenario sería aquél en el que tanto la capitalización como la participación generan resultados regresivos. En ese caso, se renovaría la lógica de,por un lado,una sociedad rentista con modernización económica centrífuga, controlada por grandes empresas internacionalizadas y,por otro,un tradicionalismo societal con actores territoriales dependientes. En este escenario se renovaría también el Estado prebendal al servicio de los sectores generadores del excedente económico, cuya redistribución continuaría sosteniendo mediaciones clientelares y permitiendo el control social por la cooptación de liderazgos y de organizaciones sociales. Una reforma educativa progresiva, sin embargo, podría corregir en parte estas tendencias,aunque muy lentamente y en plazos muy largos. Por el contrario, una educación regresiva reforzaría los comportamientos facciosos y se correría el riesgo de la tribalización caótica de los conflictos o la anomia generalizada.

    3. El tercer escenario estaría determinado por una capitalización regresiva y una participación progresiva,por lo cual estaría claramente marcado por el conflicto social o la coacción estatal. Actores autónomos ejercerían un comportamiento contestatario frente al prebendalismo estatal y estarían en capacidad de exigir políticas de desarrollo humano a contrapelo de un crecimiento económico excluyente y orientado hacia afuera. Una reforma educativa progresiva reforzaría las tensiones y podría revertir la orientación regresiva de la capitalización. Por el contrario, una educación regresiva terminaría por erosionar la autonomía de la acción social, dispersando las expectativas en un individualismo articulado al crecimiento inequitativo.

    4. El cuarto escenario correspondería a una capitalización progresiva y una participación regresiva, caracterizada por un dinamismo económico que fortalecería las estructuras empresariales pero también la cooptación y manipulación de los  actores subalternos. Por ello,la sostenibilidad ambiental del desarrollo y de la equidad, en caso de lograrse, dependerían más de la existencia de presiones externas que del relacionamiento de fuerzas intra-societales. Una reforma educativa progresiva podría modificar estas tendencias en el largo plazo, acercando éste al perfil del escenario 1, pero una educación regresiva reforzaría las escisiones sociales y la dualización entre fuerzas con autonomía y capacidad de iniciativa, y grupos sociales pasivos y dependientes.

    Ahora bien, la relevancia de este ejercicio prospectivo no reside en la mera descripción de las posibilidades sino, sobre todo, en la identificación de los factores que podrían determinar uno u otro resultado.

    La capitalización progresiva, por ejemplo,  depende de una vigorosa capacidad negociadora del Estado con los inversionistas pero, al mismo tiempo, de un sostenido esfuerzo del empresariado para responder a los retos de la reconversión productiva y de la innovación tecnológica. Adicionalmente, ambos actores deberían ser capaces de concertar y de desarrollar una política industrial orientada a la formación de empresas medianas, a la creación de intercambios y eslabonamientos inter e intra sectoriales, y a la protección de los riesgos de innovación, creación y adaptación tecnológicas. En esto último podría convocarse la participación activa de las universidades y centros de investigación científica y tecnológica para que los recursos destinados a la formación de profesionales y técnicos sirvan también como amortiguadores de los riesgos que conlleva la investigación y el desarrollo de productos, materiales y procesos. En otras palabras, la capitalización no podrá tener una orientación progresiva si descansa únicamente en la iniciativa de los inversionistas externos.

    Del mismo modo, una participación popular con orientación progresiva requiere del fortalecimiento del sistema institucional y la superación de la tentación clientelar en las relaciones entre las comunidades locales y el Estado. La autonomización y el fortalecimiento de los actores territoriales no podrá darse si es que no se modifican los actuales mecanismos de intermediación política, que son excesivamente personalizados y centralistas, y que tienden a reproducir el caudillismo, una forma primitiva de la representación que es incompatible con la institucionalización  de la democracia. En consecuencia, quizás más que ninguna otra, esta iniciativa parece estar fuertemente vinculada a otras reformas en la organización y el funcionamiento del Estado, como la descentralización, la reforma de los partidos y del sistema electoral, el respeto a las autonomías municipales. Si,por el contrario,la propuesta de participación es desarrollada únicamente al impulso de la redistribución de recursos públicos, manteniéndose en los ámbitos locales la disociación entre ingresos y actividad económica, entonces tendrá una orientación regresiva en la que los actores  comunitarios tenderán a recluirse en un comportamiento de demanda beligerante entre ellos y dependiente frente al Estado.

	VI. PARADOJAS DE LA MODERNIDAD: A MANERA DE CONCLUSIONES

	La perplejidad, que marcó tan fuertemente en Bolivia la acción social y política durante la década pasada, parece estar cediendo lugar a nuevas miradas. Y no es porque el ritmo y la velocidad de los cambios globales que nos afectan hayan disminuído, sino porque estamos empezando a ubicarnos de una manera distinta frente a ellos.El problema es como y desde donde se viven los cambios.

	Es cierto que por lo general la velocidad de los cambios genera anomia, incertidumbres y desasosiego en la sociedad, pero ello ocurre principalmente si uno es objeto o víctima pasiva de esos cambios. El que sufre pasivamente los cambios se desconcierta y, obligado a pensarlos, si puede,descubre sus dudas e incertidumbres. Por el contrario, cuando se es protagonista y productor de los cambios, uno está tan ocupado con la acción que parece pleno de certezas. Es que no tiene tiempo para pensar y duda muy poco. A veces, demasiado poco y los resultados también son inciertos. Entre ambos extremos se encuentra la libertad; en un espacio cubierto por valores libertarios, solidarios y por  acciónes  racionales.En estos espacios actuan los sujetos que combinan dudas y certezas y que están, por lo tanto, abiertos a las verdades de los otros y dispuestos a la intercomunicación social.

	Desde comienzos de los años 80 estamos viviendo un proceso de ajuste. Primero el mundo nos ajustó y lo hizo a su modo, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de nuestra economía y su condición marginal. La crisis nos obligó a asumir y reconocer esa marginalidad, y la respuesta que dimos desde 1985 fue la de efectuar ajustes que adecuaran el funcionamiento del Estado y del sistema político a la nueva realidad. Pronto se descubrio que el llamado "neoliberalismo" no era suficiente, ya que al dejar la iniciativa del ajuste a los poderes del mercado, el proceso fue sesgado e incompleto, y sus costos se distribuyeron de manera inequitativa. Desde ahí empezó a percibirse la necesidad del cambio, es decir, la necesidad de actuar, de abandonar el ajuste pasivo que hasta entonces habíamos "sufrido", a fin de dejar de ser objetos del ajuste para empezar a asumir la condición de sujetos.

	Desde esta perspectiva podría decirse, entonces, que ha pasado el tiempo de la perplejidad, pero aún no hemos superado la incertidumbre. Tenemos al frente iniciativas de cambio y propuestas de reforma, pero no estamos seguros de su rumbo definitivo ni de sus probabilidades de éxito. Pero, ¿acaso podremos estarlo alguna vez? ¿Acaso es posible saber con seguridad a dónde nos llevarán nuestras decisiones? La historia nos ha enseñado, y nos lo recuerda cada día con el horror de holocaustos teletransmitidos, que la certeza histórica es felizmente imposible. Ella se encuentra solamente, pero sólo en apariencia, en la acción motivada por la fe, en los comunitarismos cerrados donde el fanatismo sustituye a la razón. 

	Bastaría, sin embargo, que admitamos lo anterior, es decir, que reconozcamos que no podemos tener seguridad de nuestros actos pero a pesar de ello actuamos, para haber dado un gran paso en la modernidad. Porque ésta es, entre otras cosas, la universalización de una cultura que respeta la diversidad y admite la complejidad y que, por lo tanto, convive con la inseguridad y la ausencia de certezas. La democracia, en tanto método para administrar la incertidumbre, es por eso mismo un signo de modernidad.

	Volvamos, sin embargo, al tema de nuestra reflexión: el sentido de las iniciativas de reforma en la sociedad boliviana. Habíamos señalado que su sola formulación implica ya comenzar a superar la perplejidad, puesto que abre la oportunidad de avanzar hacia un proceso de ajuste activo. La orientación definitiva de las reformas, como lo hemos argumentado en el texto, no depende exclusivamente de las intenciones de los actores que las diseñan e impulsan, sino de la forma en que el conjunto de los actores las vayan a procesar. De ahí que las reformas sean, sobre todo, nuevos espacios de conflicto, nuevos campos de la acción social. Su carácter, progresivo o regresivo, no está de modo alguno predeterminado; al contrario, será el resultado de la interrelación que establezcan en torno a esas iniciativas los actores sociales y políticos del país y del mundo externo.

	Y aquí se plantea una primera paradoja, visible en El Prado de La Paz abarrotado de manifestantes que gritan mueras a la participación. Y es que la sola capacidad de los actores sociales para participar del proceso no garantiza el éxito del mismo en el largo plazo, y mucho menos su carácter progresivo. Ambos dependerán de que los actores colectivos asuman los riesgos de su libertad y abandonen la seguridad imaginaria que les ofrece un pasado que, obviamente, ya no puede retornar.  

	Otra paradoja radica en el hecho de que el impulso modernizador, ahora, provenga de una élite caudillista centrada en un fuerte liderazgo personal, que tampoco vacila en emplear las instituciones, los métodos y los procedimientos que fueron desarrollados por, y sustentan a, esas formas primarias de la política. Es decir, desde un sistema político sacralizado, se pretende impulsar un proceso que necesariamente tiene que implicar la secularización de las instituciones. Una mirada optimista diría que se está empleando una estrategia de arte marcial, que aprovecha la fuerza de la tradición para destruirla. Pero una mirada pesimista, por ahora igualmente válida, diría que esta paradoja evidencia la falsedad de las intenciones y anticipa su fracaso.

	La paradoja más sorprendente se encuentra, quizás, en esa extraña combinación de comunitarismo y postmodernidad que emerge en el discurso oficial cuando se trata de justificar, simultáneamente, las propuestas de participación y capitalización. Porque mientras en torno a la primera se plantean argumentos que tienden incluso a mitificar la capacidad de la comunidad local, a la que con frecuencia se atribuye tanta más fuerza y potencialidad cuanto más "originaria" sea, en torno a la segunda se tejen razones que sobreestiman la fuerza de la tecnología pero subestiman la del capital, ambos internacionalizados. De cualquier manera, la resolución de esta paradoja dependerá de la capacidad que tenga el Estado de articular ambas dimensiones. Es precisamente por eso que, más allá del discurso liberal, hoy más que nunca se percibe la necesidad de un Estado fuerte. Un Estado cuya fuerza se base en su legitimidad política y en su representatividad social, pero que deberá ponerse de manifiesto, sobre todo, en su capacidad para dialogar con el mundo, es decir, para negociar con las fuerzas de la globalización. Los riesgos que entraña esta paradoja no son de ninguna manera despreciables, sobre todo si se toma en cuenta que el comunitarismo puede reforzar comportamientos facciosos, mientras que la capitalización podría agudizar la externalización del sistema decisional. 

	Finalmente, queremos destacar una vez más la que es probablemente una de las paradojas más profundas de nuestra sociedad contemporánea, que es la que se refiere a la relación contradictoria entre el lazo social y el proceso de modernización. El lazo social es muy fuerte en Bolivia, se sustenta en relaciones primarias, y con frecuencia se presenta como una de las principales barreras al inevitable proceso de modernización. Pero, al mismo tiempo,  se constituye en el resguardo fundamental de la sociedad boliviana frente a las amenazas de desintegración social que acompañan con frecuencia los procesos de modernización. En otras palabras, el lazo social da un sentido de orden a la dinámica del cambio y evita la aparición de sus rasgos caóticos, aunque a costa de reducir el ritmo y la amplitud del cambio social. Sólo así se explica que similares condiciones de pobreza, marginalidad y exclusión social en las periferias urbanas y rurales produzcan situaciones tan disímiles en Bolivia en comparación a otros países de América Latina e incluso del Africa.

	Definitivamente, nada está predeterminado. Tenemos frente a nosotros iniciativas que abren nuevos espacios para enfrentar los desafíos del presente. Hay en ellos nuevas oportunidades, y aunque nunca sabremos por anticipado cuál será el resultado final que alcancemos, sí podemos estar seguros de que el mismo dependerá de nuestra capacidad de asumir críticamente nuestra memoria historica y desde luego de lo que hagamos aquí y ahora.

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