Iñigo Carrera, Nicolás; Cotarelo, María Celia. Argentina, diciembre de 2001: hito en el proceso de luchas populares. En publicación: Movimientos sociales y conflictos en América Latina. José Seoane. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. Programa OSAL. 2003. 288 p. ISBN: 950-9231-92-4
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Argentina, diciembre de 2001: hito en el proceso de luchas populares

Nicolás Iñigo Carrera* y María Celia Cotarelo**

Los hechos de diciembre constituyen un acontecimiento insoslayable en el análisis de la lucha social en la Argentina actual. En el marco de la agudización de las disputas en la cúpula de la burguesía se desarrolló la lucha de los excluidos del poder político. Durante una semana, todas las clases, fracciones de clase y capas sociales se movilizaron y participaron, en uno u otro sentido. 
La insurrección espontánea del 19 y 20 de diciembre, que se conoce como “Argentinazo”1, no sólo plantea el problema de su conceptualización (relación con un cuerpo teórico) sino también el de su localización en el proceso histórico argentino. 
En este trabajo presentamos sus rasgos principales e intentamos delimitar el hecho, el ciclo de enfrentamientos sociales del que es parte, y el período en que se inscribe, para finalmente interrogarnos por su condición de hito, analizando el momento posterior.

DESCRIPCIÓN DEL HECHO2
Las protestas de diciembre fueron en lo inmediato la respuesta a las medidas económicas anunciadas por el ministro Cavallo, que incluyeron la limitación de la cantidad de dinero que podía retirarse de los bancos. Dado que poco antes se había establecido que todas las transacciones económicas, incluido el pago de todos los salarios, debía hacerse a través de cuentas bancarias, esta medida recibió un repudio generalizado, no sólo de los “ahorristas de clase media”, como plantea una mirada autocentrada en la pequeña burguesía, sino también de organizaciones sindicales como la Confederación General del Trabajo (CGT) llamada “disidente” (secretaría general Moyano), la CGT llamada “oficialista” (secretaría general Daer), y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La organización empresaria Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME) resolvió llevar a cabo un apagón de protesta, bocinazos y cacerolazos. Ambas CGT declararon la huelga general para el 13 de diciembre reclamando la libre disponibilidad de los salarios y la restitución del sistema de asignaciones familiares. La CTA decidió sumarse a la huelga general. Moyano organizó una marcha frente al Congreso a la que no adhirió la CGT-Daer, que temía que fuera visto como un acto político destinado a derrocar al gobierno radical. Dirigentes de esa CGT, en cambio, exigieron la renuncia de Cavallo como condición para llevar adelante una “concertación económica y social” propuesta por el gobierno.
El 12 de diciembre se realizaron los cacerolazos y bocinazos convocados por la CAME, a los que se sumaron espontáneamente vecinos, principalmente de la pequeña burguesía, incluyendo sus fracciones asalariadas. Las movilizaciones organizadas por la CGT-Moyano y por la CTA, más bien reducidas en sus actos centrales pero con gran difusión en todo el territorio nacional, precedieron a la huelga general del día 13, que tuvo un acatamiento de más del 80%. En su transcurso, desocupados cortaron rutas y calles en Tucumán, Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires, y pequeños patrones agropecuarios lo hicieron en Río Negro. Asalariados estatales manifestaron por las calles y apedrearon bancos y un diario en Córdoba; manifestantes irrumpieron en el edificio de la municipalidad en Pergamino; y asalariados estatales y desocupados manifestaron, apedrearon e intentaron incendiar edificios públicos, bancos, empresas extranjeras y un diario en Neuquén, dando lugar a cinco horas de lucha callejera con la policía.
La misma noche del 13 comenzaron los saqueos en supermercados y otros comercios de Mendoza3. Al día siguiente se repitieron allí y en Rosario (Santa Fe), y los días siguientes en Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú (Entre Ríos), Avellaneda, Quilmes, San Martín, Boulogne, San Miguel, Ciudadela, Moreno, Lanús y Lomas de Zamora (Gran Buenos Aires), la Capital Federal, San Juan, Santiago del Estero, Neuquén, Mendoza, Córdoba y Cipolleti (Río Negro), hasta alcanzar, según estimaciones periodísticas, la cifra de 800 a 1.000. El 19 los saqueos se generalizaron a casi todo el país, con particular peso en el Gran Buenos Aires (GBA). En varios se produjeron choques con la policía y tiroteos. 
Aunque los discursos y análisis lo tienen cada vez menos presente, las acciones callejeras de esos días no se limitaron a saqueos: hubo ocupación pacífica de edificios públicos (el 14 en La Plata docentes tomaron el Banco de la Provincia de Buenos Aires), ataque a sedes gubernamentales con lucha callejera con la policía (el 19 en la municipalidad de Córdoba y en la legislatura en La Plata), y cortes de ruta que se extendieron durante días en todo el país (el 19 estaban cortadas todas las rutas de Jujuy, Entre Ríos y Chaco y el sur de la provincia de Tucumán).
En respuesta, el gobierno nacional decretó el estado de sitio (suspensión de garantías constitucionales), ordenó el acuartelamiento de las fuerzas armadas del estado, que obedecieron la orden pero informaron públicamente que no intervendrían, y llamó a la calma por medio de un discurso presidencial. Estas medidas desataron la movilización y manifestación (cacerolazo), principalmente de la pequeña burguesía asalariada y no asalariada, con concentraciones en muchos puntos de las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, La Plata y otras, en la noche del 19, al grito de “que se vayan” el gobierno y “los políticos”. El ministro Cavallo presentó su renuncia y pocas horas después debió abandonar furtivamente su domicilio.
El 20 de diciembre, mientras continuaban los saqueos en Rosario, Junín, Capital, GBA, Corrientes, Salta, Paraná, Comodoro Rivadavia, y las manifestaciones en Chaco, La Plata y Mar del Plata, hubo lucha callejera en Córdoba, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Mendoza, Neuquén, Tucumán, Rosario, Paraná y GBA. Pero la acción principal la constituyó el combate callejero desarrollado en el centro político de la Ciudad de Buenos Aires: la policía atacó a los pocos manifestantes que quedaban de la noche anterior, y la respuesta fue una concentración popular sobre la Plaza de Mayo. Cuando se trató de impedirla, se generalizó la lucha callejera entre las masas y la policía. A las 19 horas renunció el presidente de la Rúa, que sólo pudo abandonar la Casa de Gobierno en helicóptero, frente a la multitud embravecida.

DELIMITACIÓN TEMPORAL DEL HECHO
Para delimitar el hecho consideramos la concentración en el tiempo de las formas de la rebelión social en la Argentina actual, y encontramos que todas las formas que tomó en los doce años posteriores a la revuelta de 1989 se dieron simultáneamente en los nueve días comprendidos entre el 12 y el 20 de diciembre de 2001. El hecho investigado constituye pues un proceso que en lo inmediato debe remontarse a las movilizaciones convocadas por las centrales obreras y organizaciones de pequeños y medianos empresarios, que continúa en la huelga general, cortes de rutas, saqueos, manifestaciones y lucha callejera, ataques a edificios públicos, bancos y empresas privatizadas, cacerolazos, hasta culminar en la insurrección espontánea. Los sujetos activados fueron, al comienzo, los trabajadores, ocupados y desocupados, que protagonizan la huelga general con movilización. Después, la mayor parte de las acciones fueron llevadas a cabo por las capas más pobres del proletariado (saqueos) y fracciones de pequeña burguesía asalariada y no asalariada (cacerolazos). 
El movimiento se desarrolló desde las manifestaciones y huelgas convocadas desde el sistema institucional hasta una situación de masas descorporativizadas con disposición al enfrentamiento; desde la oposición a políticas de gobierno hasta la oposición al gobierno, al conjunto del sistema institucional político incluyendo a los beneficiarios e impulsores de las políticas aplicadas desde 1976; desde la huelga general como articuladora de las luchas, papel que cumplió en los últimos años (Iñigo Carrera, 2001), hasta su superación por otra forma que la subsume.

EL CICLO DE ENFRENTAMIENTOS SOCIALES
La delimitación temporal del hecho remite a un ciclo de enfrentamientos sociales. En él están contenidas todas las formas de la rebelión desarrolladas desde 1989: revuelta, motín, huelga general, lucha callejera, toma y defensa con barricadas de una posición. Este ciclo ¿comienza con los hechos de Corrientes en diciembre de 19994? ¿Se remonta a los hechos de Cutral-Có de 1997 y tiene continuidad en los enfrentamientos sociales en que va surgiendo y desarrollándose el llamado “movimiento piquetero”? ¿O se inicia en el motín de Santiago del Estero de diciembre de 1993? (Cotarelo, 1999).
El comienzo de la década del noventa corresponde a un momento descendente en los procesos de lucha social (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2000; Iñigo Carrera, 2001). Justamente la revuelta de 1989-1990 es conceptualizada como tal en tanto no constituye lucha (Iñigo Carrera et al., 1995), y la sigue el momento en que la política de la oligarquía financiera logra construir consenso, aislando los focos de resistencia5. Tanto la revuelta como el motín de Santiago del Estero y otros similares ocurridos desde diciembre de 1993 se presentan como formas primitivas de la rebelión social, propias de crisis sociales en las que “el comienzo de un nuevo ciclo de luchas sociales traería aparejada la reaparición de las formas más elementales y primitivas [...] en que se manifiestan los explotados” (Iñigo Carrera y Cotarelo, 1997: 121-122). El ciclo se desarrolla desde formas espontáneas a formas sistemáticas de lucha, y se va conformando una fuerza social, cualquiera sea su grado de constitución, desde las estructuras económico-sociales caracterizadas por la presencia de población agrícola, de superpoblación inserta en el empleo estatal o de capitalismo en enclaves, hacia el centro del capitalismo argentino. El proceso tiene sus hitos en el motín de Santiago del Estero (1993), la lucha callejera en varias capitales provinciales (1995), la toma y defensa de una posición con barricadas6 en CutralCó-Plaza Huincul (1996 y 1997), Jujuy y General Mosconi (1997), Corrientes (1999), Tartagal-General Mosconi (2000 y 2001), GBA (2001). En ese proceso las huelgas generales, jornadas y marchas de protesta (como la Marcha Federal en 1994), y las Jornadas Piqueteras en 2001, constituyen momentos de articulación nacional. 
Tanto el desarrollo de las formas de lucha como el proceso de formación de fuerza social indican que la insurrección de diciembre se encuentra dentro del ciclo de enfrentamientos sociales que comienza en diciembre de 1993 y que recorre desde el motín hasta la insurrección y de lo local a lo nacional, culminando cuando, con el estallido de la crisis económica, una de cuyas manifestaciones fue la desaparición del dinero, todas las fracciones y capas sociales se movilizan en forma simultánea y en todo el territorio nacional. El desarrollo de este ciclo no es lineal y contiene momentos ascendentes y descendentes (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2000)7.

PERÍODO
La delimitación del ciclo de enfrentamientos sociales nos lleva al problema de en qué medida y en qué sentido los hechos de diciembre de 2001 constituyen un hito en el proceso de la lucha social en la Argentina. 
En la década del cincuenta cambió la dirección de la expansión del capitalismo argentino, que pasó a hacerlo principalmente en profundidad. En 1969 emergió en la lucha callejera de masas una fuerza social dirigida por el proletariado. El desarrollo del proceso histórico condujo a una radicalización de los enfrentamientos sociales, y la lucha alcanzó su momento militar. Después de un fallido intento en 1975, contenido por la movilización de los obreros, la fuerza social liderada por la oligarquía financiera logró imponer su política a partir de 1976, mediante el uso de la fuerza material del estado y la toma del gobierno por el golpe militar. Ni la resistencia popular, ni la derrota en la guerra por las Malvinas en 1982, ni el reemplazo de los cuadros militares por los políticos en 1983, modificaron el dominio de la oligarquía financiera ni lo fundamental de su política, que tuvo como resultante un proceso de centralización de la riqueza mientras crecieron el pauperismo y la proletarización de grandes masas de población (Iñigo Carrera y Podestá, 1997). Por el contrario, después de las hiperinflaciones de 1989 y 1990, esa política logró volverse hegemónica, aunque no sin resistencias. La “paz” se alteró cuando la lucha al interior de la oligarquía financiera generó condiciones para la crisis de diciembre de 2001, pero resulta prematuro afirmar que la iniciativa haya cambiado de bando y se haya cerrado el período contrarrevolucionario iniciado a mediados de la década del setenta.

DESPUÉS DE LA INSURRECCIÓN ESPONTÁNEA
Se mantuvieron movilizados principalmente los trabajadores desocupados organizados y fracciones de pequeña burguesía asalariada y no asalariada, bajo las figuras del “piquetero”, el “asambleísta”, el “ahorrista”, el “obrero de fábrica recuperada”. Pero es necesario analizar quiénes fueron los sujetos sociales de la rebelión en la pasada década: ¿los “excluidos”, la clase obrera, u otras fracciones sociales no proletarias?
Si el término “excluidos”, con su fuerte carga de imprecisión teórica e indefinición empírica8, debe ser descartado porque no permite delimitar de quién estamos hablando, el concepto de clase obrera9 sólo puede ser utilizado como resultado del análisis. Durante el ciclo de enfrentamientos de 1993 a 2001 el principal protagonista de la rebelión fueron los trabajadores asalariados: la mayor parte de las acciones de protesta fueron realizadas por asalariados ocupados. Incluso los cortes de calles y rutas, atribuidos generalmente a los trabajadores desocupados, fueron utilizados principalmente por asalariados ocupados y pequeños propietarios hasta 200110. Sólo en ese año los desocupados superaron en cantidad de cortes de rutas a los asalariados ocupados, cuando la consolidación de las organizaciones de desocupados conformó el llamado movimiento piquetero. También se activó en esos años la pequeña burguesía –pequeños propietarios, vecinos, estudiantes– que ocupó el primer lugar en la cantidad de cortes realizados entre 1997 y 1999 y en el primer cuatrimestre de 2001.
Correspondiéndose con quién es el sujeto principal de la rebelión, debe señalarse que fue la organización sindical –comisiones internas, sindicatos, seccionales, sindicatos de rama, centrales sindicales– la principal convocante a las acciones, incluso si se centra la observación en los cortes de ruta11. Además, la huelga general con movilización (ocasionalmente las marchas convocadas por organizaciones sindicales) fue el instrumento que permitió articular las acciones a nivel nacional, al menos hasta 2001: la rebelión excedió sus manifestaciones locales sólo cuando se produjeron huelgas generales con movilización. En 2001 esa capacidad la tuvo también el movimiento de los desocupados y los pobres en algunas de las llamadas Jornadas Piqueteras, pero no debe olvidarse que los hechos de diciembre de 2001 comenzaron con la huelga general y movilizaciones convocadas por las centrales sindicales y organizaciones empresarias, aunque después de la huelga general la mayor parte de las acciones fueron llevadas a cabo por las capas más pobres del proletariado (saqueos) y fracciones de pequeña burguesía asalariada y no asalariada (cacerolazos). 
Si se tiene presente este atributo de la rebelión, se hace observable la tregua establecida por esa fracción de la clase obrera después de la insurrección de diciembre, en la que no participó como tal aunque muchos asalariados hayan integrado las manifestaciones de esos días y hayan intervenido en el combate callejero. En medio de “la mayor crisis de nuestra historia” las direcciones sindicales reclamaron que no hubiera inflación ni despidos, pero más o menos explícitamente promovieron la gobernabilidad, el diálogo y la búsqueda de una concertación económica y social. El gobierno prohibió los despidos, lo que no impidió que en la primera mitad del año hubiera 329.500 (Clarín, 2002[b]), y que el índice oficial de desocupación abierta alcanzara el record de 21,6% (extraoficialmente, el mismo gobierno la estimaba superior a 23%) mientras los precios subían 30,5% o más si se considera la canasta básica. Aunque con fuertes tensiones, la tregua se mantuvo incluso después de abril, cuando a pesar del cambio de ministros continuó la negociación con el FMI, que las centrales sindicales criticaban reclamando que “los costos de la crisis” los pagaran los exportadores y los bancos. Los intentos de la CGT-Moyano por mantener la confrontación con una huelga general y movilización el 22 de mayo, que produjo la fractura de esa central y su mayor aislamiento político, y de la CTA, junto con la Corriente Clasista y Combativa (CCC), con un paro el 29 de mayo que tampoco tuvo adhesión masiva, son indicadores de que la mayoría de los trabajadores no estuvo dispuesta a romper la tregua.
La CGT-Daer concentró su presión en obtener un aumento para los asalariados con convenio laboral; no lo recibieron los asalariados estatales, rurales y domésticos, ni los trabajadores “en negro” y los desocupados. 
Pero la tregua no se limitó a los trabajadores sindicalizados. Los desocupados y los pobres12, incluidos los organizados en casi todas las vertientes del movimiento piquetero, recibieron subsidios para jefes y jefas de hogar desocupados13, con lo que se expandió la base social de la tregua a buena parte de la población excedente para las necesidades del capital.
Señalar la tregua no significa desconocer que fracciones sociales expresadas en asambleas y organizaciones piqueteras se mantuvieron movilizadas, que hubo lucha económico-práctica de los asalariados y que, como en toda tregua, se produjeron choques y escaramuzas con la fuerza armada del gobierno. El pueblo mostró su mayor fuerza en las movilizaciones que siguieron a la muerte de dos militantes de organizaciones de desocupados en Avellaneda, el 26 de junio, cuando el régimen pasó abiertamente a la ofensiva contra las organizaciones populares.
La oligarquía financiera, aunque perdió consenso en la sociedad y afloraron los conflictos que venían insinuándose a su interior desde años atrás –siguiendo diversas líneas de confrontación entre capitales más ligados a la producción o a la circulación, al mercado interno o a la exportación, de capitales locales o extranjeros, más concentrados y menos concentrados–, logró defender sus posiciones y fue recuperando otras, en disputa desde diciembre. Así, por ejemplo, se mantuvo la cuestionada ley de flexibilización laboral, fracasó el enjuiciamiento a la Corte Suprema de Justicia y se licuaron deudas de las grandes empresas. Mientras tanto, intentó recomponer su unidad alrededor de la defensa de la propiedad privada como valor absoluto14 y sus cuadros ideológicos prepararon su ofensiva, anunciada de distintas maneras desde que la crisis económica y social comenzó a mostrar su magnitud a mediados de 2001. Como parte de esa ofensiva puede mencionarse la criminalización de la protesta social15, el reclamo de utilización de las fuerzas armadas del estado para recuperar el control de las calles frente a piqueteros y manifestantes, y cierta pública nostalgia por el orden instaurado en 1976 aunque, ahora sí, manteniendo las formas legales16.
La movilización popular que siguió al enfrentamiento social de junio de 2002 en Avellaneda tuvo como resultado inesperado la convocatoria adelantada de las elecciones presidenciales. Aunque la movilización de los pobres por reivindicaciones inmediatas continuó, imperceptiblemente todo fue siendo canalizado hacia la disputa electoral, y el ciclo de enfrentamientos parece recorrer nuevamente un momento descendente.
Aunque nada es igual a antes de diciembre de 2001, resulta prematuro plantear que se ha cerrado el período contrarrevolucionario iniciado a mediados de la década del setenta.

BIBLIOGRAFÍA
Clarín 2002[a] (Buenos Aires) 4 de septiembre.
Clarín 2002[b] (Buenos Aires) 2 de julio.
Cotarelo, María Celia 1999 El motín de Santiago del Estero (Buenos Aires: PIMSA).
Helbling, Carlos Conrado 2002 “A qué jugamos”, en La Nación (Buenos Aires) 9 de julio.
Iñigo Carrera, Nicolás 2001 Las huelgas generales. Argentina 1983-2001 (Buenos Aires: PIMSA).
Iñigo Carrera, Nicolás et al. 1995 La Revuelta. Argentina 1989/90 (Buenos Aires: PIMSA).
Iñigo Carrera, Nicolás y María Celia Cotarelo 2002 “19 y 20 de diciembre de 2001: análisis y conceptualización de un momento en la constitución de una relación de fuerzas política”, en De la dictadura financiera a la democracia popular Rosario. Grupo de Trabajo Hacer la Historia.
Iñigo Carrera, Nicolás y María Celia Cotarelo 2000 La protesta social en los ’90. Aproximación a una periodización (Buenos Aires: PIMSA).
Iñigo Carrera, Nicolás y María Celia Cotarelo 1997 Revuelta, motín y huelga en la Argentina actual (Buenos Aires: PIMSA).
Iñigo Carrera, Nicolás y Jorge Podestá 1997 Las nuevas condiciones en la disposición de fuerzas objetiva (Buenos Aires: PIMSA).
La Nación 2002 (Buenos Aires) 1° de junio.
La Nación 2001 (Buenos Aires) 17 de junio.
Marx, Karl 1973 (1867) El Capital (México: Fondo de Cultura Económica) Libro 1, Capítulo 23.

NOTAS
* Profesor en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Investigador del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA).
** Profesora en Historia (UBA), Directora del PIMSA.
1 El nombre de “Argentinazo” resulta una aproximación que constituye al hecho en amalgama y ariete ideológico de una fuerza popular, porque lo entronca con uno de los momentos más altos de las luchas de masas en la historia argentina al evocar los rasgos de combate callejero vinculándolo con los “azos” de 1969. Al mismo tiempo, señala acertadamente su forma “nacional”. Sin embargo, “Argentinazo” carece de universalidad, y el sufijo “azo” es utilizado sin precisión para denominar hechos que tienen el rasgo común de las acciones callejeras pero que son distintos entre sí si se atiende a los intereses y protagonistas y a los procesos históricos de los que forman parte. Por eso la conceptualización como “insurrección espontánea” (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2002). 
2 La descripción se hizo con información de los diarios Clarín, La Nación, Crónica, El Popular, Página 12, Ámbito Financiero, La Prensa, El Libertador (Corrientes), La Gaceta de Tucumán, Río Negro, El Día (La Plata), La Mañana del Sur (Neuquén), El Zonda (San Juan), La Voz del Interior (Córdoba), La Capital (Rosario), Los Andes (Mendoza), La Nueva Provincia (Bahía Blanca), El Diario (Paraná), Rosario/12, La Voz del Chaco.
3 Aunque la sospecha de que los saqueos encubrirían un complot justicialista para desplazar al gobierno dio lugar a una investigación judicial, no ocurrió lo mismo con la invitación contenida en La Nación a que amas de casa “recorran nuestras avenidas, las plazas de provincia, se encuentren en la Plaza de Mayo, armadas de cacerolas”, en defensa del orden y contra el “vacío de poder” (Helbling, 2002).
4 El 17 de diciembre de 1999 se produjo un enfrentamiento entre la fuerza armada del gobierno nacional y las masas que defendían la toma del puente General Belgrano, entre Corrientes y Chaco. En noviembre de 2000 y mayo de 2001 se produjeron enfrentamientos similares en Tartagal y General Mosconi (Salta).
5 Las huelgas y movilizaciones de obreros ferroviarios, mineros de Hipasam, siderúrgicos de Somisa, telefónicos, y la Plaza del No, convocada por organizaciones y partidos políticos en 1990.
6 Bajo la figura del corte de ruta constituyen la toma de una posición que es defendida frente a la gendarmería; son piquetes masivos, los reclamos incluyen metas generales y reclamos específicos variados, expresándose más de una fracción social; surge una organización en asamblea y formas de democracia directa, lo que conlleva la desinstitucionalización; se desarrollan en el tiempo y surgen divisiones entre quienes aceptan negociar y quienes no.
7 El desarrollo del ciclo de luchas sociales se expresó también en el terreno electoral: en el momento ascendente (1993-1997) tendieron a aumentar la abstención electoral y el voto en blanco. Ambos disminuyeron en el momento descendente (1997-1999), y en las elecciones presidenciales de 1999 aproximadamente el 90% de los votantes apoyó programas políticos que prometían mantener y profundizar la política de la oligarquía financiera. La abstención y el voto en blanco volvieron a aumentar en las siguientes elecciones legislativas (octubre de 2001) en que el llamado “voto bronca” alcanzó magnitudes inéditas. 
8 “Exclusión” remite a campos de relaciones sociales muy diversos, en “un sistema que deja afuera”. Pero el grado de desarrollo del capitalismo argentino imposibilita la existencia de excluidos del conjunto de las determinaciones de la actividad económica.
9 Utilizamos el concepto clase obrera en su clásica acepción de expropiados de condiciones materiales de existencia que sólo pueden reproducir su vida mediante el salario, lo obtengan o no (Marx, 1973).
10 La siguiente distribución muestra los resultados de cuatro mediciones que hemos realizado en nuestra investigación. 

Cuadro 1
Cortes de ruta o calle distribuidos según quién los realiza (%)

I: diciembre 1993 a agosto 1997 (momento ascendente iniciado con el motín de Santiago del Estero; II: septiembre 1997 a octubre 1999 (momento descendente que siguió a la huelga general de septiembre de 1996 y los “cortes” de 1997); III: enero a abril 2001. IV: julio 2001 (corresponden al momento ascendente iniciado en diciembre de 1999). Tanto en la medición I como en la II los asalariados ocupados lo son, en primer término, los de empresas privadas.
Fuente: elaboración propia.

11 Hasta 1999 las organizaciones empresarias (31,7%) y las sindicales (24,8%) fueron dominantes en la convocatoria de los cortes de ruta y calle; entre enero y abril de 2001 el primer lugar correspondió a “espontáneos” (23,6%), seguido por las corrientes político-sindicales (21,6%) y las organizaciones sindicales (21,1%); en julio de 2001 el primer lugar correspondió a organizaciones sindicales (34,8%) seguidas por las corrientes político sindicales y organizaciones de desocupados (26,1).
12 El concepto de pobres refiere a aquellos que, expropiados de sus condiciones materiales de existencia, no logran reproducir su vida en las condiciones sociales normales, mediante el salario.
13 Administrados, en parte (128.000 planes sobre un total de 1.977.999), por las mismas organizaciones “piqueteras” (Clarín, 2002[a]: 19).
14 El 28 de mayo de 2002 la cúpula del capitalismo argentino se unificó en la Asociación Empresaria Argentina. Su objetivo explícito es la defensa del principio de la propiedad privada porque percibe un estado de ánimo desfavorable al empresariado, el rechazo a las empresas privatizadas y una revaloración de su estatización. “[...] no se dedicarán a defender intereses sectoriales, sino las bases mismas del sistema capitalista” (La Nación, 2002: 8).
15 Más de 2.500 participantes en protestas están procesados y pueden ser condenados. Entre ellos fueron apresados y enjuiciados el dirigente Raúl Castells, más de cien manifestantes en San Salvador de Jujuy (septiembre de 2002), sentenciada en Bariloche en agosto de 2002 Marina Schiffrin (docente condenada por participar de un corte de ruta); muertos por la policía Kosteki y Santillán en Avellaneda (26 de junio de 2002).
16 Ver por ejemplo los discursos del presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (junio 2001), del presidente de la Sociedad Rural Argentina en la inauguración de la Exposición Rural (2001 y 2002), de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) el 19 de junio de 2002, y los múltiples editoriales y notas publicadas por el diario La Nación desde 2001 (por ejemplo el de Mariano Grondona el 17 de junio de 2001) clamando por el “orden” (y la propiedad privada) como valores absolutos.