Riquelme, Quintín. Los conflictos sociales en el contexto de la democracia paraguaya. En publicación: Movimientos sociales y conflictos en América Latina. José Seoane. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. Programa OSAL. 2003. 288 p. ISBN: 950-9231-92-4
Disponible en la World Wide Web: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/seoane/riquelme.rtf	

www.clacso.org	RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS SOCIALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, DE LA RED DE CENTROS MIEMBROS DE CLACSO
http://www.clacso.org.ar/biblioteca
biblioteca@clacso.edu.ar	

Los conflictos sociales en el contexto de la democracia paraguaya

Quintín Riquelme*

INTRODUCCIÓN

En el Paraguay, el gobierno de unidad nacional –Partido Colorado (PC), Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Partido Encuentro Nacional (PEN)– surgido en marzo de 1999 tras el asesinato del vicepresidente de la República, Luis María Argaña, y la renuncia del presidente, Raúl Cubas Grau, electo en mayo de 1998, rápidamente cayó en descrédito por la inoperancia en su gestión. En menos de un año el PLRA se alejó supuestamente para no avalar la incapacidad y la falta de estrategia política del gobierno, en tanto que el PEN continúa con el gobierno hasta el presente. 
Los partidos políticos han perdido su calidad de mediador entre el Estado y la sociedad civil, se han distanciado de las necesidades de la gente, se desvincularon de los liderazgos sociales y de las diversas organizaciones de la sociedad civil (Morínigo, 2002). Solamente siete de cada cien personas manifiestan una actitud de confianza hacia los partidos políticos en Paraguay, aunque un 43% admite que no puede haber democracia sin partidos políticos (Latinobarómetro, 2002). La población, sobre todo la más afectada por la pobreza, asocia corrupción, impunidad e inseguridad con democracia. De acuerdo a datos publicados por Latinobarómetro, mientras en los demás países de América Latina la satisfacción con la democracia oscila del 56 al 65%, en Paraguay sólo llega al 7%. La percepción es que la democracia es muy permisiva, todo lo permite, y el poder se esfuma: nadie lo ejerce. Esta percepción, que va cobrando fuerza en la gente, reclama la vuelta de los gobiernos fuertes. El 38% de la población apoya la vuelta de un gobierno autoritario y un 63% manifiesta que no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder (Latinobarómetro, 2002). La democracia es elección, voto y nada más. Si en lo político se logró apertura, en lo social y en lo económico las cosas han empeorado. Los gobiernos electos no demostraron capacidad y mucho menos voluntad para dar respuestas a las necesidades de los sectores más carenciados. Quedó fuera de sus agendas el mejoramiento de la calidad de vida, y la riqueza se concentra en un pequeño grupo empotrado en el poder y amparado en la impunidad, con un Poder Judicial débil y obsecuente.
Dentro de este panorama, las autoridades nacionales, así como los políticos en general, se encuentran ante una pérdida total de autoridad moral y de credibilidad. Las acusaciones de corrupción incluyen al propio presidente de la República, con el agravante de una gradual vuelta a prácticas de terrorismo de estado que recuerdan la peor época de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
En lo económico, el Paraguay viene soportando un estancamiento desde 1981, año en que culmina el flujo de capitales proveniente de la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú. Durante la década del setenta tuvo un crecimiento promedio del 9%, que bajó bruscamente en 1981 llegando a menos de 2%. Desde entonces, la economía paraguaya no se ha recuperado. En 2001 el Producto Interno Bruto (PIB) llegó a 2,7% con respecto al año 2000, pero con el crecimiento poblacional del 2,6% dicho crecimiento económico quedó congelado. A este problema se debe sumar la devaluación del guaraní frente al dólar en un porcentaje cercano al 50%, lo cual incide negativamente sobre la canasta familiar. En 2002, el crecimiento estimado es de menos de 2,2%. La deuda pública alcanzó 2.201 millones de dólares, casi cuatro veces más que la reserva monetaria internacional, que está en aproximadamente 600 millones de dólares. 
En lo social, alarma el crecimiento de la pobreza. De una población total de 5.830.583 habitantes, con una PEA de 2.612.370, la pobreza afecta a 1,9 millones de personas –33,59% de la población total– con situaciones extremas en las zonas rurales y en los cinturones de las ciudades. En las zonas rurales la pobreza afecta al 42%, en tanto que en las urbanas afecta al 26,7% (La Nación, 2002[b]: 30). El agravamiento de la crisis económica y la falta de alternativas políticas generan descontento y un crecimiento gradual de la protesta que podría radicalizarse si las autoridades no encuentran un mecanismo que permita reducir el impacto de la crisis económica y política en la población pobre.

Cuadro 1
Paraguay: evolución de la pobreza 1995-1999
(% de la población en situación de pobreza)

* “Pobres extremos” son aquellos que tienen ingresos inferiores al costo de una canasta básica de consumo de alimentos.
** “Pobres no extremos” son quienes tienen ingresos mayores al costo de una canasta básica de alimentos, pero inferiores al de una canasta básica de consumo total (de alimentos y no alimentos).
Fuente: Barrios, 2002.

El Cuadro 1 muestra el incremento de la pobreza a nivel nacional entre 1995 y 1999. En este período la población ha sufrido un deterioro de 3,4 puntos porcentuales en su condición socioeconómica. Si tres años atrás la pobreza afectaba duramente a los sectores de más bajos ingresos, una reciente publicación admite que al menos 130 mil personas pasarán en el año 2002 a engrosar las filas de la pobreza a consecuencia del pésimo resultado de la actividad económica nacional (Última Hora, 2002: 9). 
Con respecto a la distribución del ingreso, el 10% más rico de la población del país acapara el 43,8% del ingreso, lo que equivale a que cada persona de este estrato tiene un ingreso mensual de G. 1.713.000 (280 u$s), en tanto que el otro 10% más pobre de la población sólo tiene un ingreso mensual de G. 39.000 (6,19 u$s) (Barrios, 2002: 113). Actualmente Paraguay es considerado uno de los países de mayor inequidad en el mundo. El 19,5% de la población vive con menos de 1 dólar por día (1.136.963 personas) y el 49,3% con menos de 2 dólares diarios (2.874.477 personas) (La Nación, 2002[a]: 12).
En cuanto a acceso a la educación, la población que no sabe leer y escribir es casi seis veces mayor entre el 20% más pobre de la población. Por otra parte, la probabilidad de que un pobre llegue a cursar estudios universitarios es casi nula, reduciéndose a sólo el 0,3%. La educación superior es un privilegio del 20% más rico de la población (Barrios, 2002: 115). El 8,4% de la población de 15 años y más es analfabeta. Es decir, no tienen el segundo grado aprobado (Informativo Campesino, 2002[b]: 28).
El acceso de la población campesina a la tierra es otro de los problemas generadores de conflictos. La Encuesta Integrada de Hogares 1997/98 citada por Barrios señala que el 29,7% de la población rural del Paraguay no posee tierras, mientras que el 10% de la población con más tierras posee el 66,4% del total de las tierras rurales. Esta polarización en la tenencia de la tierra es una constante que se mantiene desde fines del siglo XIX. Los diversos censos agropecuarios han mostrado que en vez de existir una desconcentración en la distribución de la tierra se ha observado una mayor concentración. Si en 1956 las explotaciones agropecuarias mayores a 1.000 hectáreas totalizaban 14 millones de hectáreas, en 1991 esa cantidad trepó a más de 18 millones de hectáreas. Mientras esto ocurre con las propiedades grandes, las pequeñas se pulverizan cada vez más, acelerando el proceso migratorio de los campesinos a la ciudad o a los países vecinos, especialmente la Argentina. 

PROTESTAS SOCIALES Y DEMOCRACIA
En la década del ochenta, la lucha por la democratización del país era el tema aglutinador tanto de los movimientos sociales como de los movimientos y partidos políticos de oposición. El objetivo estratégico era conquistar la libertad y la igualdad y destruir la dictadura y la desigualdad. Ambas partes peleaban juntas y fueron reprimidas juntas. Con la transición a la democracia en 1989 se producen logros importantes, pero también problemas. Hasta 1992, año en que se completa la estructura jurídica de la República con la promulgación de la nueva Constitución Nacional, tanto los movimientos sociales como los movimientos políticos aún permanecían juntos. De la Convención Nacional Constituyente celebrada en 1992 participaron dirigentes sindicales y campesinos. El candidato que ganara la intendencia de Asunción en las primeras elecciones democráticas del país en 1991 surgió del seno del movimiento social. Sin embargo, esta alianza comenzó a sufrir fracturas cuando era necesario dar un segundo paso, la consolidación de la democracia y la calidad de la democracia. En esta fase del proceso aparecen los primeros fracasos, al producirse mutaciones al interior del movimiento social y del movimiento político. El estancamiento del proceso de consolidación democrática y también del crecimiento económico y la conquista de derechos sociales efectivos comienza a afectar al movimiento social ante la falta de propuestas, de cursos de acción en los cuales éste pueda ser útil a la democracia y viceversa, y ambos sean útiles a un movimiento más amplio, ciudadano. La falta de respuestas a las demandas del sector social por parte de la clase política fue otro de los motivos de conflictos. Esta cae en una profunda corrupción, y su interés se centra en ganar lugares dentro del aparato clientelista del Estado sin importar la representación que ejerce y a cuál de los partidos pertenezca (Rodríguez, 2000). 
Dentro de este contexto sociopolítico y económico y del encuentro-desencuentro de los actores sociales y políticos que se produce en el proceso democrático paraguayo, los conflictos sociales van en aumento. Si las movilizaciones de repudio a la política económica del gobierno fueron hasta unos años atrás patrimonio casi exclusivo de las organizaciones campesinas de pequeños productores y sin tierras, obreras y en menor medida de los llamados ‘sin techo’ o ‘sin viviendas’, a partir del año 2001 vienen sumándose otros sectores que incluso se mostraban reacios a este tipo de acciones. A las periódicas y ya tradicionales protestas campesinas y obreras se han sumado los medianos y grandes productores agropecuarios nucleados en la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), que con el denominado “tractorazo”1 presionan al gobierno a negociar sus reclamos sobre todos aquellos factores productivos que afectan sus intereses, como la suba del gasoil, la falta de créditos, el impuesto a la exportación, el IVA agropecuario, entre otros.
El proceso de deterioro en el que se ha sumido la agricultura en general en los últimos años, en contraste con la prosperidad a la que estaba acostumbrada este segmento de productores en épocas pasadas, les obliga a salir a las calles a expresar sus quejas. Este nuevo actor social que aparece en el escenario paraguayo, protagonizado por un grupo tradicionalmente soporte de los grupos de poder y reacio a las movilizaciones de protestas, habla a las claras de que la crisis de la economía comienza a impactar fuertemente a sectores medios que hasta hace pocos años gozaban de una posición económica relativamente holgada. 
La emergencia del sector juvenil en los tres últimos años fue otro hecho resaltante, especialmente el estudiantil secundario, que a través de modalidades organizativas específicas respondió a los problemas que le afectan. Las organizaciones juveniles más importantes son el Movimiento por la Obtención del Boleto Estudiantil (MOBE), actualmente Movimiento por el Bienestar Estudiantil, el Parlamento Joven, Juventud Que se Mueve (JQM), y el Movimiento por la Objeción de Conciencia y Contra el Servicio Militar Obligatorio (MOC). 
Otros sectores que se suman a estas protestas son las mujeres, los niños de la calle y los indígenas. Si tuviéramos que calificar el impacto de la crisis al interior de los sectores sociales, estos serían los más fuertemente afectados. Si bien se han observado avances en la legislación para proteger sus derechos, en la práctica dichos avances no tuvieron correspondencia con la realidad, mucho más en los casos de los menores y los indígenas. 
Lo mismo se puede afirmar de los gremios del sector industrial y comercial. Estos, que tradicionalmente se han opuesto a las marchas y a los bloqueos de carreteras, desde un tiempo atrás también recurren a la movilización como parte de su estrategia de presión, y permanentemente, con comunicados y declaraciones a la opinión pública, advierten al gobierno que, si no cambia su política en favor del sector productivo y sigue aplicando tarifazos para cargar su ineficiencia sobre los hombros de la ciudadanía, debe prepararse para una seguidilla de movilizaciones populares. 

ORGANIZACIONES CAMPESINAS: ARTICULADOR DE LAS DEMANDAS SOCIALES
Dentro de este panorama de protestas, el sector que está a la vanguardia es el campesinado. Las principales organizaciones campesinas nacionales, como la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), que aglutina a más de veinticinco organizaciones zonales, regionales y nacionales, y la Comisión Nacional de Lucha por la Reforma Agraria, cuyos referentes más importantes son la Federación Nacional Campesina (FNC) y la Organización Nacional Campesina (ONAC), desde 1994 juntos y desde 1998 por separado vienen realizando su marcha anual a la ciudad de Asunción para presentar sus reclamos al gobierno. Desde 1999 hasta septiembre de 2002 la profundización de la crisis económica ha hecho que se incrementaran notablemente las movilizaciones campesinas, llegando a un total de 210. El año 2001 fue el de mayor protesta desde la apertura política, llegando a 73 casos.
Los conflictos por la tenencia de la tierra constituyen también otro de los focos de protestas. En los cuatro últimos años, 1999-2002, se produjeron 83 casos de ocupaciones de tierra, de los cuales 70 sufrieron desalojos. Se mantuvo un promedio de 42 conflictos de tierra por año, con un total de 2 mil detenciones. Cabe señalar igualmente que desde la apertura política en febrero de 1989 80 dirigentes campesinos y campesinos sin tierra fueron asesinados, quedando la mayoría de ellos impunes. Sólo en un caso el poder judicial dictó sentencia condenatoria de 9 años de prisión al que matara al dirigente campesino Esteban Balbuena, de la Coordinación Regional de Agricultores de Itapúa (CRAI), hecho que se había producido a inicios de la década del noventa.

Cuadro 2
Conflictos de tierra y movilizaciones

Fuente: Informativo Campesino, varios números.

En lo que va de 2002, las tensiones entre el movimiento campesino y el Estado se centraron básicamente sobre el proceso de privatización iniciado en el 2000 y sobre la ley de transición económica denominada el impuestazo. De las 49 movilizaciones realizadas por organizaciones campesinas nacionales y por la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) y otras organizaciones sociales, 18 fueron contra las privatizaciones de los entes estatales y 11 contra el proyecto de ley de transición económica, denominado ‘el impuestazo’. Otros motivos de protestas fueron el terrorismo de Estado y el fin de la impunidad. 
En este orden, las dos protestas más importantes fueron las protagonizadas por el Congreso Democrático del Pueblo (CDP) contra la ley de privatización y contra otros proyectos de leyes en proceso de estudio en el Parlamento en mayo y junio de 2002, y por la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), que junto con otras 60 organizaciones sociales arremetieron contra el proyecto de ley de transición económica. En ambos casos, el Poder Ejecutivo tuvo que ceder a la presión de las organizaciones. En el primero de ellos las movilizaciones comenzaron el 21 de mayo con bloqueos de las más importantes carreteras del país en varios Departamentos: Caaguazú en tres localidades; Misiones en dos; San Pedro en tres; Cordillera en dos; Alto Paraná; Concepción; Caazapá; Itapúa y Canindeyu. Las protestas duraron 16 días, tiempo en el cual los manifestantes lograron que el gobierno cediera en cinco de los seis puntos reclamados: la derogación de la Ley 1.615 que habilita la privatización de las empresas del Estado; contra el proyecto de reforma de la banca pública; contra el proyecto de Ley Antiterrorista; contra el proyecto de Ley de Concesión de Rutas; contra el IVA agropecuario; y contra la corrupción y la impunidad. 
El único punto sobre el cual no se logró acuerdo alguno fue contra la corrupción y la impunidad. El asesinato en la ciudad de Coronel Oviedo del manifestante campesino Calixto Cabral, oriundo del distrito de Nueva Germania (San Pedro), presumiblemente por policías que bloqueaban el paso a los manifestantes, aceleró la negociación en el Senado para la suspensión de los efectos de la Ley 1.615 de privatizaciones. 
El hecho resaltante de esta larga jornada de protesta fue el reencuentro de las organizaciones campesinas, la FNC, ONAC y la MCNOC, que se habían separado en bloques diferentes en 1998. 
El logro obtenido por el Congreso Democrático del Pueblo acaparó la atención de la prensa y de la ciudadanía en general. Detener la privatización de las empresas públicas fue un acontecimiento histórico. En esta encrucijada, el campesinado fue el sector que mayor protagonismo ha tenido. Belarmino Balbuena, coordinador general de la MCNOC, uno de los dirigentes campesinos de mayor visibilidad durante la movilización, señaló que la “privatización como punto fuerte del modelo neoliberal, globalizador se está empezando a desarrollar en nuestro país, dentro de un marco de otros varios programas económicos y financieros como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la ley supra nacional que se impone a los países y que va a estar por sobre las leyes nacionales, es decir, ellos ya tienen estructurado una serie de medidas que están encaminando, de fases que están quemando dentro de las cuales está también la privatización y que sigue bajo la subordinación de los centros de poder, las órdenes vienen del norte. Entonces creemos que el tema acá no es solo la venta de una empresa como la de comunicación (ANTELCO), ese es sólo un punto de los reclamos, estamos en contra del modelo que nos quieren imponer” (Informativo Campesino, 2002[a]: 6). Esta visión clara de los dirigentes que estuvieron al frente de la movilización de lo que constituye la privatización de las empresas públicas como uno de los núcleos centrales del modelo económico neoliberal fue un factor clave de aglutinamiento de todas las organizaciones sociales. 
Otros factores que contribuyeron a acelerar el proceso de negociación fueron la debilidad del gobierno y el discurso ambiguo de los principales referentes del Partido Colorado con respecto a la privatización, teniendo en cuenta que poseen un alto porcentaje de electorado cautivo en estas empresas estatales y privatizarlas implicaría la fuga de dicho electorado. 

ORGANIZACIONES SINDICALES: UN ESPACIO EN DECLIVE
Si bien los principales dirigentes sindicales formaron parte del CDP y acompañaron las movilizaciones de las organizaciones campesinas, desde hace unos 5 años el movimiento sindical se viene caracterizando por los conflictos internos y el resquebrajamiento de las centrales obreras. Actualmente existen seis centrales con una baja cuota de sindicalización: la Central Nacional de Trabajadores (CNT), la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central Sindical de Trabajadores del Estado Paraguayo (CESITEP), la Central General de Trabajadores (CGT) y la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) (Pilz et al, 2002). 
Es importante señalar que el movimiento sindical fue el que con mayor fuerza sintió el impacto del estancamiento económico vinculado al agotamiento del modelo de desarrollo de la dictadura que no fue sustituido, lo cual generó una desigualdad creciente, acompañada por la corrupción de la clase política, que también logró corromper a parte importante de la dirigencia social (Rodríguez, 2000). La condena de los tres principales dirigentes de la CUT, la CPT y la CESITEP imputados por el vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores (BNT) fue uno de los hechos culminantes que muestra la vulnerabilidad del movimiento sindical ante los hechos de corrupción. 
Sin embargo, a pesar de la debilidad demostrada, no dejaron de generar conflictos. Las huelgas y las manifestaciones siguieron y siguen siendo las principales estrategias de presión de los obreros. Entre 2000 y 2002 realizaron 169 huelgas y 262 movilizaciones de protesta, siendo el Estado el blanco de las mismas. De las 49 huelgas y 86 manifestaciones de protesta en este año (Cuadro 3), 42 en el primer caso y la totalidad en el segundo fueron contra el Estado. Los motivos: el reajuste salarial, el atraso en el cobro de los salarios, la política privatista del Estado y los despidos. 
Cuadro 3
Huelgas y manifestaciones

Fuente: Informativo Laboral, 2000; 2001; 2002.

Los/as protagonistas principales fueron los/as funcionarios/as del Estado y los/as docentes, quienes expresaron su rechazo al bajo nivel salarial y a la política privatista del Estado y exigieron la aprobación de la Ley del Estatuto Docente, que finalmente, tras 11 años de lucha, fue sancionada por el Poder Ejecutivo en agosto de 2001 (Informativo Laboral, 2001: 49-51), “oportunidad en la que los maestros llevaron adelante una huelga que duró 10 días para presionar a los legisladores y lograr la aprobación y sanción del proyecto” (Pilz et al, 2002). 

ORGANIZACIONES DE MUJERES: AVANCES Y RETROCESOS PARA LA IGUALDAD
En el Paraguay las organizaciones de mujeres han logrado importantes avances y visibilidad en los últimos 10 años para alcanzar la igualdad y la superación de la discriminación. Pero a pesar de los logros observados, fundamentalmente en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, existe un grave deterioro en las condiciones de vida de las mujeres paraguayas. Los indicadores que muestran esta realidad son el alto índice de mortalidad materna y la feminización de la pobreza, especialmente en las áreas rurales, donde las mujeres son las responsables de administrar la pobreza. También existe un alto grado de impunidad en los casos de abuso sexual hacia ellas, y no cuentan con espacios de participación y de servicios de salud.
A pesar de esta situación existen logros importantes donde las mujeres organizadas tuvieron un gran protagonismo, así como también el Estado, a través de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República, implementando políticas públicas para alcanzar la igualdad. Otro de los logros importantes es la promulgación de la Ley 1.600 contra la violencia doméstica, cuyo anteproyecto fue propuesto por las organizaciones de mujeres en 1998, que además de elaborar la propuesta trabajaron persistentemente promoviendo su aprobación. Esto no significa que la violencia que sufren las mujeres en sus casas ha disminuido, sino que se ha logrado dar visibilidad al problema, lo que ha contribuido a que se establezcan mecanismos para enfrentarlo.
También tuvieron un papel determinante en el reconocimiento de las mujeres como sujetos de la Reforma Agraria en el Estatuto Agrario. La Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) elaboró un documento en el cual propuso la incorporación de la mujer jefa de familia como beneficiaria de la reforma agraria, y que el título de propiedad sea expedido a nombre de la mujer si es jefa de familia, o a nombre del varón y la mujer si fueran concubinos. Esta propuesta fue incluida en el Nuevo Estatuto Agrario promulgado en enero de 2002 (Pilz et al, 2002). 
El movimiento de mujeres ha usado como principales estrategias la elaboración de proyectos, el cabildeo y la negociación con los poderes públicos. Las movilizaciones y conflictos no han sido centrales es este período, con excepción de algunos casos como el de la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), que ocupó el Parlamento para presionar por la aprobación de la Ley de Reforma del Código Civil, y la CONAMURI que realizó dos movilizaciones de protestas.
En efecto, la primera marcha conjunta de mujeres campesinas e indígenas de la Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI) marchó desde la ciudad de Caacupé, capital del Departamento de la Cordillera, hasta el Palacio de Justicia, situado a 60 km, los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2001. Esta caminata por la Dignidad, el Pan, la Justicia y la Igualdad tuvo por objeto sensibilizar a la ciudadanía ante la extrema pobreza en el campo y denunciar públicamente el abandono del gobierno con respecto a la salud y la educación de miles de mujeres, niños y niñas pobres del país. La Coordinadora logró que el Ministerio de Salud Pública le reconociera como entidad colaboradora de hospitales y centros de salud del interior de la República. También el Ministerio de Agricultura se comprometió a conseguir fondos para la ejecución de programas productivos (Informativo Campesino, 2001: 12). 
Otra movilización realizada por la CONAMURI fue en repudio a la receta del FMI y contra el ALCA, por considerarlos perjudiciales para la vida económica y democrática del país. Alrededor de setecientas mujeres participaron de la manifestación (Diario Noticias, 2001: 7). La participación de las mujeres rurales en las movilizaciones de protesta y en los conflictos de tierra ha venido aumentando, aunque todavía sin mucha visibilidad. 

ORGANIZACIONES JUVENILES EN CRECIMIENTO
El protagonismo de los jóvenes no es un hecho nuevo en Paraguay. Los movimientos estudiantiles universitarios independientes en las décadas del setenta y ochenta se han constituido en los principales grupos contestatarios contra la dictadura. Sin embargo, con la apertura política en 1989 perdieron protagonismo. En contrapartida aparecieron otros grupos juveniles que comenzaron a cuestionar una serie de problemas referidos a la práctica democrática. Uno de esos grupos, quizás el de mayor visibilidad y representatividad, es el Movimiento de Objeción de Conciencia contra el Servicio Militar Obligatorio (MOC), que ha logrado el derecho a declararse objetor del Servicio Militar Obligatorio y que los jóvenes objetores cumplan actividades de servicio para la sociedad. Hasta septiembre de 2001 la cantidad de objetores sumó más de 53 mil entre soldados y evasores (Castillo y Couchonal, 2001). El otro grupo que ha logrado a través de movilizaciones y negociaciones conseguir el boleto estudiantil -medio pasaje- es el Movimiento por la Obtención del Boleto Estudiantil (MOBE). Estos jóvenes realizan dos o tres movilizaciones por año ante el incumplimiento de los derechos logrados. Han surgido otros grupos de jóvenes, como el Parlamento Joven, que ya tiene tres años de actividades capacitando a jóvenes de todo el país sobre diversos temas y generando propuestas para la reforma de la Ley Electoral, del Servicio Militar Obligatorio y de la educación. Juventud que se Mueve (JQM) es otro grupo juvenil impulsado por un grupo católico. Su objetivo es construir un Paraguay distinto a través de la acción directa (López, 2000). 
Varios otros grupos de carácter vecinal se están consolidando, entre ellos las contralorías ciudadanas y la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (ASUCOP), cuyo principal objetivo es resistir contra el incremento de los precios de los productos de la canasta familiar. Otra organización bastante activa que desarrolla diversas manifestaciones de protesta es el Grupo Estafado en Acción, integrado por personas estafadas por bancos y financieras. 

COMENTARIOS FINALES
Como se ha podido observar, los conflictos sociales vienen incrementándose en la misma medida en que la crisis económica y política también golpea con fuerza a una gran mayoría de la población. En este sentido se da una relación directamente proporcional entre deterioro de la economía y conflictos sociales. También es notorio que cada vez más sectores se suman a las protestas, y las escasas respuestas del Estado a las demandas sociales no han podido distender la enorme tensión que se va generando entre la sociedad y el Estado. Si bien el logro obtenido por el Congreso Democrático del Pueblo es inédito -nunca antes las organizaciones sociales, y principalmente las organizaciones campesinas, obtuvieron un triunfo tan resonante como el haber logrado parar el proceso de privatización- ello no garantiza que el Estado no vuelva a intentar de nuevo la privatización para resolver sus necesidades de ingreso. Este logro se suma a otros, como el del abril de 1996, cuando rechazaron el intento de golpe de estado del General Lino César Oviedo, y posteriormente en la caída del presidente Raúl Cubas en marzo de 1999 y la condonación de las deudas a los productores algodoneros. 
Una mirada retrospectiva de la historia paraguaya muestra que en casi todos los casos el campesinado ha participado de las grandes rupturas y de las grandes continuidades, en algunos casos como grupos amorfos manipulados por otros intereses y en otros como organización gremial defendiendo su interés de clase. La legitimación del gobierno del Dr. Francia, 1813-1840, fue con el apoyo de este sector. El golpe de estado que quebró la institucionalidad en 1936, posterior a la guerra contra Bolivia, tuvo amplia participación de los combatientes campesinos. El Partido Colorado que mantuvo en el poder a Stroessner durante 35 años tenía como base de sustentación mayoritaria al campesinado. La gran represión de 1975-1976 fue contra la organización campesina Ligas Agrarias junto con el movimiento estudiantil universitario. La ruptura del gobierno de Cubas Grau, en 1999, tuvo participación de los campesinos organizados, y finalmente la ruptura del proceso de privatización fue obra principalmente del sector organizado de los/as campesinos/as.
Estas grandes conquistas y también fracasos no han significado un avance hacia el logro de mejores condiciones de vida. Al contrario, otros sectores sociales han aprovechado dichas conquistas. Las organizaciones sociales en general y las campesinas en particular son conscientes y saben bien lo que no quieren, tienen capacidad para resistir a propuestas que afectan sus intereses como sector pero a la hora de proponer y buscar las alternativas que se contrapongan a las propuestas de sus enemigos no logran consensuar propuestas aplicables fuera del sistema que los oprime y contra el cual luchan.
Si bien esta debilidad no es responsabilidad sólo de las organizaciones sociales, sino del conjunto de la sociedad, los partidos políticos, los intelectuales, etc., lo concreto es que el país sigue respondiendo a recetas que son impuestas desde fuera, por los países desarrollados y por los organismos financieros internacionales como el FMI, el BM, el BID. El Paraguay, al igual que los demás países pobres, no tiene capacidad y mucho menos independencia para plantear propuestas socioeconómicas fuera de esas recetas. “La democracia vive hoy la crisis de los estados nacionales que consiste en que muchas cosas –y cada vez más cosas– se gestionan fuera de las naciones, en un espacio adonde no hay democracia” (Rodríguez, 2002: 22).
Uno de los principales problemas que se observan es que los conflictos sociales del país no son asumidos por la totalidad de los sectores afectados. Si los partidos políticos tradicionales de la oposición no son referentes ni muestran interés por acompañar estos procesos de lucha, lo mismo se puede decir de los intelectuales, cuyos aportes no han ido más allá de los análisis e interpretaciones de los hechos sociales. Si al interior del país se puede observar esta incapacidad o debilidad de articulación para enfrentar unitariamente este desafío, mucho más aisladas están estas luchas con respecto a los mismos procesos que se están dando en otros países de la región. Este es uno de los desafíos importantes que debe ser revisado. 
Otro de los problemas que se siente en el Paraguay es la poca difusión de los temas centrales que hacen a la globalización. Cuestiones como el ALCA, que tendrá consecuencias impredecibles sobre la economía del país, son desconocidos por la mayoría de la población. 
El hecho de que la crisis económica y social esté afectando no sólo a los más pobres sino también a la clase media en general abre posibilidades de generar un proceso de reflexión sobre el país que queremos.
El desafío más importante de ahora en más es pelear por la verdadera reforma del Estado. Si bien las organizaciones sociales y el Congreso Democrático del Pueblo tienen cada cual elaboradas sus propuestas alternativas, éstas no han sido aún consensuadas con los demás sectores sociales del país, con lo cual pierden fuerza. Existe sí un amplio consenso en que sin un ataque frontal a la corrupción no es posible llevar adelante ninguna reforma del Estado. 

BIBLIOGRAFÍA
Barrios, Oscar S. 2002 “Pobreza y Desigualdad del Ingreso en el Paraguay” en Población y Desarrollo (Asunción: FNUAP/FCE-UNA) Año XII, Nº 20, julio. 
Castillo, Orlando y Ana Couchonal 2001 “Derecho a la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio (SMO)”, en Derechos Humanos en Paraguay 2001 (Asunción: CODEHUPI).
Diario Noticias 2001, 18 de octubre.
Informativo Campesino 2002[a] (Asunción: CDE) N° 164, mayo.
Informativo Campesino 2002[b] (Asunción: CDE) Nº 162, marzo. 
Informativo Campesino 2001 (Asunción: CDE) Nº 158, octubre.
Informativo Laboral 2001 (Asunción: CDE) N° 176, agosto.
La Nación 2002[a], 24 de julio. 
La Nación 2002[b], 9 de julio.
Latinobarómetro 2002 
López, Oscar 2000 “Participación juvenil” en Derechos Humanos en Paraguay 2000 (Asunción: CODEHUPY), Participación ciudadana de dicho libro. 
Morínigo, José Nicolás 2002 “Crisis de la gobernabilidad”, en Última Hora, 10 de septiembre. 
Pilz, Dania et al 2002 “Los movimientos sociales en el contexto actual del Paraguay”, en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Nº 8, septiembre.
Rodríguez, José Carlos 2002 “Democracia formal ¿autodeterminación o crisis?”, en Revista Acción (Asunción: CEPAG) Nº 229, noviembre. 
Rodríguez, José Carlos 2000 “Democracia y movimiento social: La reconciliación necesaria”, en Informativo Campesino (Asunción: CDE) Nº 145, octubre: 47.
Última Hora 2002, 5 de agosto.

NOTAS
• Coordinador del Área Sociogremial y responsable de la revista Informativo Campesino del Centro de Documentación y Estudios (CDE).
1 “Tractorazo” es una denominación dada a la movilización de los medianos y grandes productores agropecuarios por utilizar sus tractores y camiones en los bloqueos de las carreteras.

FUENTES
ABC 2002, 2 de junio.
ABC 2001, 17 de septiembre.
Informativo Campesino 2002 (Asunción: CDE) N° 165, junio, “Nuestra opinión”.
La Nación 2002, 6 de junio.
Última Hora 2001, 30 de abril.