Toussaint, Eric. Estudios de casos: Argentina, Ruanda, México, Irak y Brasil. En libro: La bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos. Eric Toussaint. 2ª.ed..CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. 2004. p. 448. ISBN: 987-1183-04-6
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Capítulo 15
Estudios de casos: Argentina, Ruanda, México, Irak y Brasil
Eric Toussaint

Argentina ¿El eslabón más débil de la cadena mundial de la deuda?
La situación argentina en el año 2003 es catastrófica: cuatro años de recesión debido a la aplicación de una política neoliberal particularmente agresiva. En realidad, la decadencia de la Argentina que comenzó bajo la dictadura (1976/1983) continuó durante casi veinte años en manos de los diferentes gobiernos que la sucedieron. Contrariamente a una idea proclamada por algunos sectores, no ha habido una verdadera ruptura en la política económica después de la dictadura. Visto en perspectiva, en los últimos decenios, los avatares de los cambios de gobierno no modificaron de manera significativa el camino regresivo al que había sido dirigida por su clase dominante. 
La Argentina de hoy, comparada a la de los años 1940/1950/1960, ha cambiado fundamentalmente. Ha sufrido una regresión como potencia industrial periférica, y hoy la mayoría de la población argentina vive peor que hace treinta años. Entre el comienzo de la dictadura (marzo de 1976) y el año 2001, la deuda se multiplicó casi por 20, pasando de menos de 8.000 millones de dólares a cerca de 160.000 millones. Durante ese mismo período, Argentina reembolsó alrededor de 200.000 millones de dólares, o sea, cerca de 25 veces lo que debía en marzo de 1976.

Cuadro 15.1
Deuda externa argentina 1975-2000 (en millones de dólares)
(*) Según la OCDE, a fines de 1999, la deuda externa total de Argentina alcanzaba 169.066 millones de dólares (OCDE, Statistiques de la dette exérieure, OCDE 2001: 20).

Fuente: World Bank, GDF, 2000 y 2001; BCRA y cálculos del autor.

Entre el inicio de la dictadura y final del 2000, la deuda ha sido multiplicada por 19 mientras el país reembolsó 25 veces lo que debía en 1976.
Argentina demuestra hasta el extremo el carácter vicioso e infernal del endeudamiento del Tercer Mundo y de la Periferia en general. A causa del pago, y no a pesar de él, el país debe en el 2001 cerca de 20 veces lo que debía a principios de la dictadura (gran parte de los préstamos han servido para refinanciar deudas anteriores que vencían o para asegurar el pago de los próximos vencimientos). Los pagos de la deuda argentina han sido y son todavía un formidable mecanismo de transferencia de riqueza producida por los asalariados hacia los dueños del capital (sean argentinos o residentes de los países más industrializados, comenzando por EE.UU. y Europa occidental). El mecanismo es simple: el Estado argentino consagra una partida cada vez más importante de los ingresos fiscales, cuya mayor parte proviene de los impuestos pagados por el pueblo, al reembolso de la deuda externa y a las múltiples ventajas que otorga al sector capitalista. ¿Quién recibe los pagos efectuados por el estado argentino?: las grandes instituciones financieras internacionales que poseen más del 80% de la deuda externa argentina. El colmo es que, vía los mercados financieros norteamericanos y europeos en los que se emiten los préstamos, los capitalistas argentinos compran los títulos de la deuda de su propio país con el dinero que han sacado del mismo y reciben por tanto una parte de los reembolsos.
Más adelante en este texto veremos que los capitalistas argentinos se endeudaron alegremente durante la dictadura y colocaron una buena parte de ese dinero en el extranjero vía fuga de capitales. La suma de los capitales colocados por los capitalistas argentinos en los países más industrializados y en los paraísos fiscales durante la dictadura es superior a los montos de las deudas contraídas (se puede encontrar la explicación técnica de ese fenómeno en varias obras de los autores A. y E. Calcagno; Aldo Ferrer; M. Rappoport, 2001: 813-814, y en el fallo Ballestero, Poder Judicial de la Nación, 2000). Sólo en el período 1980/1982 las fugas de capital llegaron, según el Banco Mundial, a más de 21.000 millones de dólares (Rappoport: 825). Y un enorme regalo a los capitalistas argentinos (y extranjeros): sus deudas fueron asumidas por el Estado al final de la dictadura.
Desde entonces, la deuda del Estado se ha agrandado con el peso de la deuda de las empresas privadas, ya que el mismo Estado asumió el compromiso frente a los acreedores.
A partir de esa época, los capitalistas argentinos han mantenido esa política de evasión de capitales como si se tratara de un deporte nacional. A tal punto, que si se pudiera organizar un campeonato latinoamericano de evasión de capitales el equipo argentino podría intentar ganar el campeonato, pese a que se encontraría con rivales importantes (los capitalistas brasileros, mexicanos y venezolanos son peligrosos en la materia).
Por otro lado, las deudas de las empresas públicas, que también habían aumentado significativamente por decisión de la dictadura, no fueron canceladas salvo cuando se emprendió su privatización. Los gobiernos posteriores a la dictadura usaron el pretexto del endeudamiento de las empresas públicas para privatizarlas, tomando la "precaución" de que el Estado asumiera sus deudas antes de privatizarlas (ver más adelante el caso de Aerolíneas Argentinas, la empresa aérea argentina). Se trata entonces de otro regalo al capital argentino o extranjero. Es diabólico. 
Después de un cuarto de siglo en ese escenario, el país está desangrado. Los salarios y los beneficios sociales han caído terriblemente, el desempleo es altísimo, los servicios públicos están en un estado lamentable, la pobreza se extiende a sectores cada vez mayores de la población (incluyendo a sectores que en el pasado vivían con un cierto confort), las cajas del Estado están vacías, una gran parte del aparato productivo está abandonada, y el resto en manos extranjeras. Ya no queda gran cosa que privatizar. La protesta social ya se manifiesta (varias huelgas generales ya desde el 2000, corte de carreteras por los "piqueteros", revueltas en ciudades pauperizadas y de barrios enteros).
Claramente, Argentina es uno de los eslabones débiles de la cadena del endeudamiento internacional. Posiblemente la cadena se romperá gracias a este país. Pero no hay nada ineluctable. La crisis puede prolongarse durante años. Los golpes que recibieron durante la dictadura entre 1973 y 1983 las organizaciones de trabajadores y los movimientos sociales en general todavía marcan sus efectos, y si bien el pueblo argentino tiene cien razones para decir "¡ya basta!", parece dudar ante un resultado imprevisible. La dirigencia sindical no se juega a fondo en esta batalla fundamental. Sin embargo, visto desde una perspectiva internacional, un cambio de actitud de Argentina respecto de la deuda tendría repercusiones enormes. El monto que debe reembolsar a los mercados financieros de los países más industrializados es tal que un default (falta, suspensión) en el pago podría amedrentarlos y obligarles a abrir el diálogo. Para que ello sea favorable a los argentinos y a los países endeudados, haría falta que la presión ciudadana lleve a las autoridades a adoptar una posición firme de manera prolongada (a diferencia de lo ocurrido con Alan García en Perú en 1985 o con el régimen brasilero en 1987) combinada con reformas económicas que favorezcan una repartición progresista del ingreso nacional con una política fiscal redistributiva, organizando la vuelta al dominio público de las empresas privatizadas y dando primacía a los acuerdos regionales Sur-Sur por delante de la relación comercial con EE.UU. vía el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Suspender el pago de la deuda externa y adoptar otra política económica implica la ruptura de los acuerdos entre el gobierno argentino y el FMI. Esta ruptura no entrañaría ningún daño; al contrario, podría ser beneficiosa para la Argentina. Para la población local y para los movimientos en los que se organiza, se trataría en todo caso de una oportunidad. ¿La aprovecharán?
Con el fin de facilitar la comprensión de cómo se llegó a la situación actual en lo que concierne al endeudamiento, a continuación se presenta una vista en perspectiva histórica, que comienza con la dictadura.

Argentina: endeudamiento y dictadura militar
El período durante el cual la deuda argentina literalmente explotó corresponde al de la dictadura militar del general Videla (1976/1981). La política económica promovida por Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura, a partir del 2 de abril de 1976, marca el inicio de un proceso de destrucción del aparato productivo del país, creando las condiciones para una economía especulativa que lo arrasó. La mayor parte de los préstamos otorgados a la dictadura argentina provenían de bancos privados del Norte y contaban con el total acuerdo de las autoridades de EE.UU. (tanto de la Reserva Federal como de la administración norteamericana). Los "maestros" argentinos de la política de endeudamiento eran el ministro de Economía, Martínez de Hoz, y el secretario de Estado para la Coordinación y la Programación Económica, Guillermo Walter Klein. 
Para obtener préstamos de los bancos privados, el gobierno exigía de las empresas públicas argentinas que se endeudaran con los banqueros privados internacionales. Las empresas públicas se convirtieron entonces en una palanca fundamental para la desnacionalización del Estado, a través de un endeudamiento que entrañó el abandono de una gran parte de la soberanía nacional.

Cuadro 15.2
Evolución de la deuda externa 1975/1985 (en millones de dólares) 
Fuente: Banco Central de la República argentina (BCRA) citado en el fallo Ballestero: 172.

Endeudamiento forzado de las empresas públicas
La principal empresa pública argentina, la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), fue forzada a endeudarse en el exterior aunque disponía de recursos suficientes para sostener su propio desarrollo. En el momento del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la deuda externa de YPF se elevaba a 372 millones de dólares. Siete años más tarde, al terminar la dictadura, esta deuda se elevaba a 6.000 millones de dólares. Su deuda se multiplicó por 16 en siete años. Casi ningún monto de esa deuda en divisas extranjeras fue a parar a la caja de la empresa; quedó en manos de la dictadura. Bajo la dictadura, la productividad del trabajador de YPF aumentó un 80%. El personal se redujo de 47.000 a 34.000 trabajadores. La dictadura, para aumentar las entradas a su caja, bajó a la mitad el dinero por comisiones que iba a YPF por la venta de combustibles. Es más, YPF fue obligada a refinar el petróleo que extraía en las multinacionales privadas Shell y Esso, aunque podía, dada su buena situación financiera al comienzo de la dictadura, dotarse de una capacidad de refinación acorde a sus necesidades (complementando la de sus refinerías de La Plata, Luján de Cuyo y Plaza Huincul). En junio de 1982, todo el activo de la sociedad estaba representado por el endeudamiento. 

El endeudamiento del Estado
El endeudamiento masivo del Estado argentino fue justificado por los responsables económicos de la dictadura y por el FMI como la forma de aumentar sus reservas en divisas extranjeras para sostener una política de apertura económica. Con una buena gestión económica, el aumento de las reservas internacionales del Estado argentino habría debido ser el producto de las actividades de intercambio en el mercado mundial. Sin embargo, las reservas internacionales anunciadas por la dictadura argentina provenían del endeudamiento.
Las reservas no eran ni administradas ni controladas por el Banco Central. De manera general, los empréstitos por sumas fabulosas contratados con los banqueros del Norte eran inmediatamente recolocados como depósitos en estos mismos bancos o en otros bancos competidores: 83% de estas reservas fueron colocadas en 1979 en instituciones bancarias fuera del país. Las reservas se elevaron a 10.138 millones de dólares, y los depósitos en los bancos exteriores a 8.410 millones de dólares. El mismo año la deuda externa pasaba de 12.496 millones de dólares a 19.034 millones de dólares (Olmos, 1990: 171 y 172). En todos los casos, el interés recibido por las sumas depositadas era inferior al interés pagado por la deuda. La lógica de esta política para las autoridades que la organizaron estaba signada por el enriquecimiento personal gracias a las comisiones pagadas por los banqueros del Norte; se trataba de aumentar las reservas internacionales para sostener el importante aumento de las importaciones, sobre todo la compra de armas; la política de apertura económica y endeudamiento recomendada por el FMI permitía a la dictadura argentina mejorar su credibilidad internacional ante los principales países industrializados, comenzando por EE.UU. La dictadura argentina no habría podido mantener el régimen de terror interno en los primeros años (1976/1980) sin la bendición de la administración norteamericana.
Por su lado, la Reserva Federal de los EE.UU. estaba más que inclinada a apoyar la política económica de la dictadura argentina cuando una gran parte del dinero de la deuda estaba depositada en los cofres de los bancos norteamericanos. Desde el punto de vista de la administración estadounidense y del FMI, el endeudamiento argentino hacía volver al regazo norteamericano a un país que durante décadas había afirmado un nacionalismo crítico y había conquistado un cierto despegue económico durante el régimen peronista.

Confusión de roles
El secretario de Estado para la Coordinación y la Programación Económica Guillermo Klein ocupó esta función de 1976 a marzo de 1981. En el mismo período, dirigió una oficina de estudio privada, representando en Buenos Aires los intereses de los acreedores extranjeros. Aunque al entrar en funciones su oficina no representaba más que a un banco, el Scandinavian Enskilda Bank, algunos años más tarde representaba los intereses de 22 bancos extranjeros. En marzo de 1981 sale de su puesto de secretario de Estado al mismo tiempo en que Viola remplaza a Videla a la cabeza de la dictadura. Pocas semanas más tarde, el 7 de abril de 1982, cinco días después de la ocupación de las Malvinas por el ejército argentino y de declarada la guerra contra Gran Bretaña, fue designado como apoderado en Buenos Aires de la sociedad anónima británica Barclays Bank Limited, que era además uno de los principales acreedores privados de la deuda pública y privada argentina. Al momento de la caída de la dictadura y el acceso al poder de Alfonsín en 1984, su estudio quedó como defensor de los intereses de los acreedores extranjeros.

La post-dictadura militar: el gobierno Alfonsín y la impunidad
El Banco Central argentino declaró que no tenía registro de la deuda externa pública, lo que hizo que las autoridades argentinas que sucedieron a la dictadura tuvieran que basarse en las declaraciones de los acreedores extranjeros y en los contratos firmados por los miembros de la dictadura sin pasar por el control del Banco Central.
A pesar de todo, después de la caída de la dictadura, el nuevo régimen presidencial de Alfonsín decidió asumir el conjunto de la deuda, tanto privada como pública, contraída durante la dictadura. Cuando los militares torturadores obtuvieron la impunidad, los responsables económicos de la dictadura se beneficiaron de la misma clemencia. Más grave aún, la mayoría de los altos funcionarios de la economía y de las finanzas quedaron en el aparato del Estado, y algunos incluso fueron promocionados.

El Estado asume la deuda de las empresas privadas
Las empresas privadas argentinas y las filiales argentinas de las multinacionales extranjeras fueron incentivadas también a endeudarse. La deuda privada total se elevó a más de 14.000 millones de dólares. Figuran entre las empresas privadas endeudadas las filiales argentinas de sociedades multinacionales: Renault Argentina, Mercedez-Benz Argentina, Ford Motor Argentina, IBM Argentina, City Bank, First National Bank of Boston, Chase Manhattan Bank, Bank of America, Deustsche Bank. El Estado argentino paga a los acreedores privados de estas empresas: Renault France, Mercedez Benz, City Bank, Chase Manhattan Bank, Bank of America, First National Bank of Boston, Crédit Lyonnais, Deustsche Bank, Société Générale.
Sintéticamente, el contribuyente argentino paga la deuda contraída por las filiales de las multinacionales con sus casas matrices o con los banqueros internacionales. Se puede sospechar que las multinacionales en cuestión hayan creado una deuda de sus filiales argentinas por un simple juego de contratos. Los poderes públicos argentinos no tienen ningún medio de control.

La ola de privatizaciones
El régimen de Menem, que sucedió al de Alfonsín, se lanzó a una política generalizada de privatizaciones en 1990/1992, liquidando literalmente una gran parte de su patrimonio nacional. Se estima que ello representó una pérdida de 60.000 millones de dólares. Menem pretextó el endeudamiento formidable de las empresas públicas argentinas para justificar a los ojos de la opinión pública nacional sus ventas. La mala situación financiera fue debida a la política de endeudamiento forzado que había sido impuesto por las autoridades económicas de la dictadura, y como mencioné mas arriba, lo principal de las sumas de la deuda jamás llegó a las cajas de las empresas. Menem confió al banco norteamericano Merrill Lynch la evaluación del valor de YPF. Merrill Lynch deliberadamente redujo en 30% las reservas petroleras disponibles tratando de subestimar el valor de YPF antes de su puesta a la venta. Una vez que la privatización fue realizada, la parte de las reservas ocultada reapareció en las cuentas. Los operadores financieros que habían comprado a bajo precio las acciones de la empresa pudieron obtener fabulosas ganancias gracias al aumento de la cotización en la bolsa de las acciones de YPF. Esta operación permite alabar ideológicamente la superioridad de lo privado sobre lo público.
El mismo banco norteamericano Merrill Lynch fue el encargado por solicitud del presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso de evaluar en 1997 a la principal sociedad pública brasileña, la empresa minera Vale do Río Doce. Merrill Lynch fue acusado por numerosos parlamentarios brasileños de haber devaluado en un 75% las reservas de minerales de la empresa (O Globo, 8/4/97, Brasil).
Además de YPF, vendida a la multinacional petrolera española Repsol en 1999, otra flor argentina fue liquidada: la empresa Aerolíneas Argentinas, vendida a la compañía aérea española Iberia. Los Boeing 707 que eran parte de su flota fueron vendidos simbólicamente por un dólar: 1,54 dólares exactamente. Algunos años después, siguen sirviendo en las líneas de la compañía privatizada, pero Aerolíneas debe pagar un leasing para utilizarlos. Los derechos de uso de las rutas aéreas de la compañía, de un valor de 800 millones de dólares, han sido estimados en 60 millones de dólares solamente. 
La empresa fue cedida a Iberia por un monto líquido de 130 millones de dólares, y el resto lo constituyó anulaciones de créditos de la deuda. Iberia tomó créditos para comprar la empresa, y transformó la totalidad de deuda contraída en deuda de la nueva entidad, Aerolíneas Argentinas, que de golpe se encontró endeudada desde el origen de su operación. En el año 2001, Aerolíneas Argentinas, propiedad de Iberia, estaba al borde de la quiebra por culpa de sus nuevos propietarios.
La privatización de Aerolíneas es un caso paradigmático. Todas las empresas privatizadas fueron liberadas del paquete de sus deudas, que fueron asumidas por el Estado.

Proceso contra la dictadura
El escándalo de la deuda argentina suscitó, en los años siguientes a la dictadura, el interés de los ciudadanos. El gobierno civil que le sucedió constituyó una comisión parlamentaria que luego de un año y medio de trabajo fue disuelta, ya que sus resultados amenazaban con golpear la política económica de Alfonsín, que había decidido entretanto la estatización de la deuda. El presidente Menem, también, a su tiempo, había despotricado contra los responsables del endeudamiento, pero una vez en el poder abandonó toda veleidad de revolver un tema que de ahí en adelante fue tabú.
A pesar de estos compromisos y evasivas, se inició un proceso judicial como resultado de una denuncia hecha en octubre de 1982 por un ciudadano argentino, Alejandro Olmos, cuando Argentina vivía todavía bajo la dictadura. Pese a todas las dificultades, el proceso acabó por definirse en julio de 2000. Este valiente e infatigable periodista consiguió que el tema de las responsabilidades del endeudamiento del país fuese objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales. Múltiples audiencias a los responsables económicos de la dictadura y a los responsables de las empresas públicas han tenido lugar. El estudio de Guillermo Klein fue objeto de investigaciones, y gran cantidad de documentación relativa al período de la dictadura fue embargada y colocada en las cajas fuertes del Banco Central. 
El fallo del 13 de julio de 2000 no produjo ninguna condena a personas (fundamentalmente en razón de la prescripción), pero reveló la magnitud del escándalo que constituye la deuda argentina. De 195 páginas, el fallo emitido por el juez Ballestero confirma una serie de acusaciones extremadamente importantes. El FMI apoyó activamente a la dictadura argentina, especialmente proporcionándole a uno de sus altos funcionarios, de nombre Dante Simone (Poder Judicial de la Nación, 13/07/2000: 31; 32; 106; 109; 127). La Reserva Federal sirvió de aval ante los bancos privados de su país a fin de que esos bancos prestasen dinero a la dictadura, y ha sido además la intermediaria en una serie de operaciones del Banco Central Argentino (ibídem: 127). 
Mientras la dictadura endeudaba al Tesoro Público y a las empresas públicas, permitía a los capitalistas argentinos colocar en el extranjero cantidades bien considerables de capital. Entre 1978 y 1981, más de 38.000 millones de dólares habrían salido de Argentina de manera "excesiva o injustificada". Ello estaba permitido fundamentalmente por el hecho de que cada residente argentino podía comprar 20.000 dólares por día, que podían a continuación ser colocados en el extranjero (ibídem: 56-58).
En pocas palabras, el Estado se endeudaba mientras que los capitalistas descapitalizaban alegremente al país. "Aproximadamente el 90% de los recursos provenientes del exterior vía endeudamiento de empresas (privadas y públicas) y del gobierno fueron transferidos al exterior en operaciones financieras especulativas" (ibídem: 102). Importantes sumas tomadas prestadas de bancos privados de EE.UU. y Europa occidental fueron a continuación depositadas en esos mismos bancos.
De forma sistemática se puso todo tipo de dificultades a las empresas públicas como YPF (ibídem: 130). El régimen de transición "democrática" que sucedió a la dictadura transformó la deuda de empresas privadas en deuda pública de manera totalmente ilegal (ibídem: 152), lo que significa que debería ser posible revisar esta decisión. Entre las empresas privadas cuyas deudas fueron asumidas por el Estado, 26 eran empresas financieras. Entre ellas figuraban numerosos bancos extranjeros instalados en Argentina: Citi Bank, First National Bank of Boston, Deutsche Bank, Chase Manhattan Bank, Bank of America (ibídem: 155-157).
Lo que significa que el Estado argentino endeudado con esos bancos decidió asumir las deudas de ellos. Sin comentarios.
Un ejemplo preciso de convivencia entre un banco privado del Norte y la dictadura argentina: entre julio y noviembre de 1976, el Chase Manhattan Bank recibió mensualmente depósitos de 22 millones de dólares (esos montos aumentaron posteriormente), remunerándoles con un interés de alrededor del 5,5%. Durante ese período, y al mismo ritmo, el Banco Central argentino tomó préstamos del mismo banco de EE.UU., el Chase Manhattan Bank, a un interés del 8,75% (ibídem: 165).
Las conclusiones del fallo son demoledoras para la dictadura, para los regímenes que la han sucedido, para el FMI, para los acreedores privados. La sentencia emitida por el tribunal enuncia claramente que "la deuda externa de la nación (...) ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política-económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados –nacionales y extranjeros– en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas" (ibídem: 195).
El fallo debería servir de base para una acción decidida para el no pago de la deuda exterior pública argentina y para su anulación. Esa deuda es odiosa e ilegítima. Los acreedores no tienen derecho a continuar recibiendo el servicio de ese tramo de la deuda. Sus créditos son nulos. Como las nuevas deudas contraídas desde 1982/1983 sirvieron esencialmente para reembolsar las anteriores, ellas mismas están teñidas de ilegitimidad. Argentina puede apoyarse perfectamente en el derecho internacional para justificar la decisión de no pagar su deuda externa. Varios argumentos jurídicos pueden ser invocados, entre los cuales cabe citar la noción de deuda odiosa (la deuda argentina fue contraída por una dictadura culpable de crímenes contra la humanidad y los acreedores no pueden alegar desconocimiento de ello), la fuerza mayor (al igual que los otros países endeudados, Argentina se confrontó a un cambio brutal de situación a causa de la decisión de aumentar las tasas de interés en forma unilateral por parte de EE.UU. a partir de 1979), y el estado de necesidad (las finanzas argentinas impiden la prosecución del pago, ya que éste imposibilita el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la firma de pactos internacionales en lo que respecta a los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos). 
La suspensión de los pagos de la deuda debe ser completada por otras medidas esenciales. He aquí algunas propuestas para el requerido debate. Primero, la exigencia de una investigación internacional sobre los activos acumulados ilegítimamente por residentes argentinos y colocados en el extranjero (según el BIS, los depósitos de capitalistas argentinos en bancos de los países más industrializados alcanzaban grosso modo a 40.000 millones de dólares. BIS, "Quarterly Review: International Banking and Financial Market Developments", june 2001, www.bis.org). El objetivo es recuperar la máxima cantidad posible de fondos sustraídos a la nación. Segundo, la implantación de medidas de control sobre los movimientos de capitales y operaciones de cambio, a fin de impedir que continúe la fuga de capitales y para protegerse de ataques especulativos. Tercero, la puesta en marcha de una política fiscal redistributiva: impuesto excepcional sobre el patrimonio del decil más rico de la población, impuestos sobre las ganancias del capital, disminución del IVA sobre los productos y servicios de base. Cuarto, derogación de los decretos y leyes que impongan una reducción de los salarios y jubilaciones y de otras prestaciones sociales. Defensa y refuerzo del sistema de seguridad social. Asegurar un ingreso mínimo y garantizado para todos los desocupados y aumentar los salarios y las jubilaciones para recrear el poder adquisitivo es la condición básica de cualquier alternativa progresista al curso actual. La "confianza de los consumidores" se recupera derogando la reforma laboral y asegurando la estabilidad del empleo y no esperando el "derrame" de los beneficios que obtengan los empresarios. Quinto, estatización de las empresas privatizadas indebidamente comenzando por las correspondientes a los sectores estratégicos (energía, petróleo, comunicaciones). En el plano internacional, favorecer la constitución de un frente de los países endeudados, desarrollar las complementariedades y los intercambios Sur-Sur; oponerse de manera enérgica al ALCA, oponerse a la ofensiva militar de EE.UU. (bases militares, pantalla anti-misiles de Bush que intentará crear una base estratégica en el cono Sur, Plan Colombia), apoyar las iniciativas a favor de la imposición de una tasa tipo TOBIN sobre las transacciones financieras internacionales. Las distintas propuestas que anteceden constituyen pistas sobre una alternativa al modelo neoliberal. 
Durante el 2002 se publicó en Argentina una propuesta muy interesante por parte de un grupo de economistas de izquierda ("Propuestas socialistas para superar la crisis nacional", Economistas de Izquierda, EDI, Buenos Aires, 2002). Sólo falta ponerla en práctica. 

Ruanda: los acreedores del genocidio
Retorno sobre el genocidio de 1994
Desde el 7 de abril de 1994, en el espacio de menos de tres meses, cerca de un millón de ruandeses –la cifra exacta debe aún determinarse– fueron exterminados porque eran tutsis o se suponía que lo eran. Hay que agregar varias decenas de miles de hutus. Eran opositores políticos al régimen, o se negaban o podrían haberse negado a prestar su concurso al genocidio. Antes de estos sucesos, la población estimada era de 7,5 millones. La comparación con el genocidio de judíos y gitanos por el régimen nazi está plenamente justificada. Aunque hay claras diferencias: el número absoluto de víctimas (6 millones de judíos fueron exterminados por los nazis) y los medios usados (los nazis concibieron y utilizaron medios industriales para aplicar la solución final). Pero fue un genocidio, es decir, la destrucción planificada de una colectividad entera mediante asesinatos en masa que tenían por blanco impedir la reproducción biológica y social.

Las políticas puestas en práctica por las instituciones financieras multilaterales
Es fundamental preguntarse sobre el papel de los proveedores de fondos internacionales. Mi tesis es que las políticas impuestas por las instituciones financieras internacionales, principales proveedores de fondos del régimen dictatorial del general Juvénal Habyarimana, aceleraron el proceso que condujo al genocidio. En general, la incidencia negativa de estas políticas no es tomada en consideración para explicar el desenlace dramático de la crisis ruandesa. Sólo algunos autores ponen en evidencia la responsabilidad de las instituciones de Bretton Woods (Chossudovsky, 1994). Estas instituciones rechazan toda crítica al respecto. Más asombroso es constatar que algunos autores ligados a organizaciones no gubernamentales publican estudios para intentar neutralizar la crítica hacia el papel del Banco Mundial y del FMI (Woodward, 1996).
A comienzos de los años ochenta, cuando estalló la crisis de la deuda del Tercer Mundo, Ruanda (como su vecino Burundi) estaba muy poco endeudada. Aunque en otros lugares del mundo el Banco Mundial y el FMI abandonaban su política activa de préstamos y predicaban la abstinencia, adoptaron una actitud diferente con Ruanda: se encargaron de prestarle, y mucho. La deuda externa de Ruanda se multiplicó por veinte entre 1976 y 1994. En 1976 se elevaba a 49 millones de dólares; en 1994 representaba cerca de mil millones de dólares. La deuda aumentó sobre todo a partir de 1982. Los principales acreedores son el Banco Mundial, el FMI, y las instituciones a las que están ligados. El Banco Mundial y el FMI han jugado un papel muy activo en el endeudamiento. En 1999, esas instituciones poseían el 87% de la deuda externa ruandesa. En dicho año, la deuda externa ruandesa se repartía de la siguiente manera: el 87% se debía a las instituciones multilaterales, el 13% era bilateral, y el 0% correspondía a los acreedores privados (World Bank, GDF, 2001).
El régimen dictatorial existente desde 1973 garantizaba el bloqueo a toda política de cambios estructurales progresistas. Por eso fue sostenido activamente por las potencias occidentales: Bélgica, Francia y Suiza. Por otra parte, podría constituir una muralla para los estados de la región que todavía tenían veleidades de independencia y de cambios progresistas (la Tanzania del presidente progresista Julius Nyerere, uno de los dirigentes africanos del movimiento de los no alineados, por ejemplo). 
Desde la década de los ochenta hasta 1994 Ruanda recibió numerosos préstamos, y la dictadura de Habyarimana se apropió de una parte considerable de estos. Los préstamos acordados debían servir para insertar más decididamente la economía ruandesa en la economía mundial, desarrollando sus capacidades de exportación de café, té y estaño (sus tres principales productos exportables) en detrimento de los cultivos destinados a satisfacer las necesidades locales. El modelo funcionó hasta mediados de la década de los ochenta, cuando se produjo la caída del precio del estaño primero, del café enseguida, y finalmente del té. Ruanda, para la que el café constituía la principal fuente de divisas, recibió de lleno el latigazo por la ruptura del cartel del café provocada por EE.UU. a comienzos de los noventa.

Utilización de los préstamos internacionales para preparar el genocidio
Algunas semanas antes de que se desencadenara la ofensiva del Frente Patriótico Ruandés (FPR) en octubre de 1990, las autoridades ruandesas firmaron con el FMI y el Banco Mundial en Washington un acuerdo para aplicar un programa de ajuste estructural (PAE).
Cuando este programa comenzó a aplicarse en noviembre de 1990, el franco ruandés fue devaluado un 67%. En contrapartida, el FMI otorgó créditos en divisas inmediatas para permitir al país mantener el flujo de importaciones. Las sumas prestadas permitieron equilibrar la balanza de pagos. Los precios de bienes importados aumentaron de forma vertiginosa: el precio de la gasolina subió un 79%. El producto de la venta en el mercado nacional de los bienes importados permitió al Estado pagar los sueldos de los militares, cuyos efectivos aumentaron drásticamente. El programa de ajuste preveía una disminución de los gastos públicos: por supuesto hubo congelación de salarios y despidos en la función pública, pero se transfirió una parte de los gastos en provecho del ejército.
Aunque los precios de los bienes importados saltaron, los precios de compra del café a los productores se congelaron tal como lo exigió el FMI. La consecuencia de esto fue la ruina de centenares de miles de pequeños productores de café (Maton, 1994). Ellos, junto a las capas más empobrecidas de los pueblos, constituyeron desde entonces una reserva permanente de reclutamiento para las milicias Interahamwe y para el ejército.
Entre las medidas que formaban parte del programa de ajuste estructural impuesto por el Banco Mundial y el FMI se encontraban el aumento de impuestos al consumo y la baja de impuestos a las empresas, el aumento de impuestos directos sobre las familias populares vía la reducción de las ayudas fiscales a las familias numerosas, y la reducción de las facilidades de crédito a los campesinos.
Para justificar el uso de los préstamos de la dupla Banco Mundial/FMI, Ruanda fue autorizada por el Banco Mundial a presentar viejas facturas que cubrían la compra de bienes importados. Este sistema permitió a las autoridades ruandesas financiar la compra masiva de armas que fueron utilizadas en el genocidio. Los gastos militares se triplicaron entre 1990 y 1992 (Nouhungirehe, 1995). El Banco Mundial y el FMI enviaron varias misiones de expertos durante este período que subrayaron algunos aspectos positivos de la política de austeridad aplicada por Habyarimana, pero no obstante amenazaron con suspender los pagos si los gastos militares continuaban creciendo. Las autoridades ruandesas usaron varios artificios para disimular los gastos militares: los camiones comprados para el ejército fueron imputados al presupuesto del Ministerio de Transportes, una parte importante de la gasolina usada por los vehículos de las milicias y del ejército fue imputada al Ministerio de Salud... Finalmente, el Banco Mundial y el FMI cerraron el grifo de la ayuda financiera a principios de 1993, pero no denunciaron la existencia de cuentas bancarias que las autoridades ruandesas poseían en el extranjero en los grandes bancos y de las que importantes sumas quedaban disponibles para la compra de armas. Se puede considerar que dichas instituciones fallaron en su deber de controlar el uso de las sumas prestadas: deberían haber cesado sus préstamos desde principios de 1992, cuando se dieron cuenta de que el dinero era utilizado para la compra de armas, y deberían haber alertado a la ONU desde ese mismo momento. Pero continuaron realizando préstamos hasta principios de 1993 y ayudaron de hecho a un régimen que preparaba un genocidio. Las organizaciones de defensa de derechos humanos habían denunciado desde 1991 las masacres preparatorias del genocidio. El Banco Mundial y el FMI ayudaron sistemáticamente al régimen dictatorial pues éste era un aliado de EE.UU., Francia y Bélgica. 

El aumento de las contradicciones sociales
Para que el proyecto genocida fuera puesto en marcha se precisaba no solamente un régimen dispuesto a concebirlo y a dotarse de los instrumentos para su realización. Se precisaba una masa empobrecida, lumpenizada, preparada y lista para realizar lo irreparable. En este país el 90% de la población vive en el campo, y el 20% de la población campesina dispone de menos de media hectárea por familia. Entre 1982 y 1994 se asistió por un lado a un proceso masivo de empobrecimiento de la mayoría de la población rural y por el otro a un enriquecimiento impresionante. Según el profesor Jef Maton, en 1982 el 10% de los más ricos de la población se llevaba el 20% del ingreso rural; en 1992, acaparaba el 41%; en 1993 el 45%, y a comienzos de 1994 el 51% (Maton, 1994). El impacto social catastrófico de las políticas dictadas por la dupla Banco Mundial/FMI y de la caída del precio del café en el mercado mundial (que tiene relación con las políticas de las instituciones de Bretton Woods y de EE.UU. que consiguieron hacer estallar el cartel de los productores de café en aquella época) jugó un rol clave en la crisis ruandesa. El enorme descontento social fue canalizado por el régimen de Habyarimana para la realización del genocidio.

Los acreedores del genocidio
Los principales proveedores de armas de Ruanda entre 1990 y 1994 fueron Francia, Bélgica, Sudáfrica, Egipto y la República Popular China. Esta última proveyó 500.000 machetes. Egipto, cuyo viceministro de Asuntos Extranjeros, encargado de las relaciones con África, no era otro que Boutros Gali, ofreció a Ruanda un crédito sin interés para permitirle comprar armas de infantería por un monto total de 6 millones de dólares en 1991. 
Una vez desatado el genocidio, aunque la ONU había decretado el 11 de mayo de 1994 un embargo de armas, Francia y la firma británica Mil-Tec enviaron armas al ejército criminal vía el aeropuerto de Goma en Zaire (Toussaint, 1996b). Una vez que Kigali, capital de Ruanda, fue tomada por el FPR, varios altos responsables del genocidio fueron recibidos en el Elysée, residencia presidencial de Francia. Las autoridades ruandesas en el exilio instalaron en Goma, con la ayuda del ejército francés, una sede del Banco Nacional de Ruanda. Éste efectuó los pagos por las compras de armas y las nuevas compras hasta agosto de 1994. Los bancos privados Belgolaise, Générale de Banque, BNP y Dresdner Bank aceptaron las órdenes de pago de los genocidas y reembolsaron a los acreedores del genocidio.

La situación después del genocidio
Después de la caída de la dictadura en julio de 1994, el Banco Mundial y el FMI exigieron a las nuevas autoridades ruandesas la limitación del número de funcionarios al 50% de los efectivos previstos en el marco que precedió al genocidio. Las nuevas autoridades aceptaron.
Las primeras ayudas otorgadas por EE.UU. y Bélgica a fines de 1994 sirvieron para pagar los atrasos de la deuda que tenía el régimen de Habyarimana con el Banco Mundial. Las ayudas otorgadas por los países del Norte llegan al país en cuenta gotas cuando éste precisa reconstruirse. Desde noviembre de 1986, las autoridades recibieron a más de 800.000 refugiados. Las necesidades eran y son enormes.
De acuerdo al documento de David Woordward realizado por Oxfam, en 1996, si bien la producción agrícola se recompuso un poco, siguió siendo en un 38% inferior a la cifra habitual de las primeras cosechas, y en un 28% inferior a las segundas. El sector industrial se mostró aún más lento en su recuperación: sólo 54 de las 88 empresas de producción existentes antes de abril de 1994 habían reanudado su actividad, y la mayoría producía mucho menos que su nivel anterior: el valor agregado del conjunto del sector industrial no llegaba en 1995 más que al 47% de 1990.
El aumento del 20% de los salarios del sector público en enero de 1996 fue el primero desde 1981, pero se estima oficialmente que el 80% de los trabajadores de dicho sector están por debajo del nivel de pobreza. No sorprende entonces que los ruandeses prefieran trabajar en una ONG como chofer o cocinero más que en la función pública. Esta situación no refiere sólo a la función pública, ya que el Banco Mundial estimaba que en 1996 entre el 85% y el 95% de los ruandeses vivía por debajo del nivel de pobreza absoluta.
Es preciso hacer notar el crecimiento considerable del número de mujeres que se encuentran a cargo de la familia: antes del genocidio éstas representaban el 21,7% y luego el 29,3%, aunque en algunas jurisdicciones la cifra alcanzaba el 40%. Su situación es particularmente dramática puesto que las mujeres son discriminadas también en las leyes de herencia, en el acceso al crédito y a la propiedad de la tierra. Ya antes del genocidio, el 35% de las mujeres que estaban a cargo de su familia tenían un ingreso inferior a los 5.000 francos ruandeses (aproximadamente unos 15 dólares) por persona, mientras esta tasa en el caso de los hombres era del 22%.
A pesar de la elevada tasa de adopción de huérfanos producto del genocidio y el SIDA, el número de niños sin familia oscilaba entre 95.000 y 150.000. A nivel de la enseñanza, las inscripciones en primaria no llegan al 65%, en tanto que la asistencia a la secundaria no llega al 8% (Woodward, 1996).
En 1994, la deuda externa total de Ruanda se elevaba a cerca de mil millones de dólares (ver cuadro más adelante). Esta deuda había sido contratada enteramente por el régimen de Habyarimana. Cinco años más tarde, esta deuda había aumentado en alrededor de un 30% y Ruanda reembolsaba 31 millones de dólares (cifra del año 1999).
La deuda contraída antes de 1994 entra plenamente en la definición de "deuda odiosa" (ver página 309 y Capítulo 17 en el que se explica esta doctrina, ver también Sack, 1927). En consecuencia, el nuevo régimen debería haber sido completamente exonerado de ella. Los acreedores multilaterales y bilaterales sabían perfectamente con quién trataban cuando prestaban dinero al régimen de Habyarimana. Tras el cambio de régimen, no tenían ya derecho a trasladar sus exigencias a la nueva Ruanda. Y sin embargo, lo hicieron sin vergüenza de ningún tipo. Esto es absolutamente escandaloso.
Las autoridades ruandesas que tomaron el poder en 1994 intentaron convencer al Banco Mundial y al FMI para que renunciaran a sus créditos. Estas dos instituciones rechazaron y amenazaron con cerrar el grifo del crédito si Kigali se mantenía terca en sus posturas. El FMI y el Banco Mundial pidieron a Kigali silenciar la ayuda concedida al régimen de Habyarimana a cambio de nuevos préstamos y de una promesa de anulación futura de deuda en el marco de la iniciativa a favor de los países pobres altamente endeudados (lanzada en 1996 y conocida por su sigla en inglés HIPIC, PPTE en francés, PPAE en español). Es deplorable que el gobierno haya aceptado este mercadeo. Las consecuencias son nefastas: prosecución del ajuste estructural, cuyas consecuencias económicas y sociales son desastrosas, y aumento de la deuda externa. Al hacer esto, las autoridades de Kigali obtuvieron el estatuto de buen alumno del FMI, del Banco Mundial y del Club de París. 
Peor aún, el régimen ruandés se hizo cómplice de EE.UU. y Gran Bretaña en la región (dos países que intentan activamente un debilitamiento de la RDC), participando tanto en la ocupación militar de una parte del territorio de su vecino, la República Democrática del Congo, así como, a partir de agosto de 1998, en el saqueo de sus recursos naturales.

México: el escándalo silencioso de la deuda externa y del modelo neoliberal
En 1914, en plena revolución, cuando Emiliano Zapata y Pancho Villa estaban a la ofensiva, México suspendió por completo el pago de su deuda externa. El país por entonces más endeudado del continente sólo devolvió, entre 1914 y 1942, sumas puramente simbólicas con el único fin de calmar la situación. Entre 1922 y 1942 (¡veinte años!) hubo largas negociaciones con un consorcio de acreedores dirigido por uno de los directores de la Banca J.P. Morgan de EE.UU. Entre 1934 y 1940, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó sin indemnización la industria petrolera y los ferrocarriles que estaban en manos de empresas estadounidenses y británicas, expropió y repartió en forma de ejidos mas de dieciocho millones de hectáreas de grandes latifundios de propiedad nacional y extranjera, y reformó profundamente la educación pública1. Esta política radical antiimperialista y popular provocó naturalmente la protesta de los acreedores. Pero la tenacidad de México dio resultado: en 1942, los acreedores renunciaron aproximadamente al 80% del valor de sus créditos (tal como estaban en 1914, es decir, sin tomar en cuenta multas por los atrasos) y aceptaron unas leves indemnizaciones por las empresas que les habían sido expropiadas2. Otros países, como Brasil, Bolivia y Ecuador, también suspendieron total o parcialmente los pagos a partir de 1931. En el caso de Brasil, la pausa selectiva en los reembolsos duró hasta 1943, año en el que un acuerdo permitió reducir la deuda en un 30%. Ecuador, por su parte, interrumpió los pagos desde 1931 hasta los años cincuenta. 
En los años treinta, un total de 14 países suspendieron los pagos en forma prolongada. Entre los grandes deudores, sólo Argentina reembolsó sin interrupción, después de haber hecho lo mismo durante la crisis precedente, a finales del siglo XIX. Si se comparan los resultados económicos de Argentina en el decenio de 1930 con los de los otros grandes deudores (México y Brasil), estos fueron por supuesto mucho peores. 
Con la crisis de la deuda iniciada en 1982 y todavía en curso veinte años más tarde, la situación cambió profundamente. Los gobiernos latinoamericanos, con la excepción de Cuba, adoptaron en general una actitud de capitulación ante los acreedores. Desde agosto de 1982, y ante la suspensión provisional del reembolso de la deuda mexicana, los acreedores, con la complicidad o la cobardía de los gobiernos latinoamericanos, en general supieron sacar provecho de la situación. 
Todas las interrupciones en los pagos duraron menos de un año y nunca fueron decididas de manera concertada por varios países. En consecuencia, los acreedores privados pudieron realizar jugosos negocios y el FMI logró recuperar con intereses las sumas puestas en cada caso a disposición de los deudores para que pudieran honrar los compromisos internacionales y continuaran o retomaran los reembolsos.
Más importante aún fue el hecho de que los gobernantes y las clases dominantes de América Latina aceptaron las exigencias de los gobiernos imperialistas acreedores, en primera instancia de la administración estadounidense, y aplicaron medidas económicas neoliberales, que desembocaron en una recolonización de sus países. Las políticas llevadas a cabo en México, en Argentina o en Brasil están determinadas hasta en los más mínimos detalles en Washington, sede del Banco Mundial, del FMI y de la administración estadounidense. Lo declara claramente Joseph Stiglitz, el ex-primer vicepresidente y economista en jefe del Banco Mundial, premio Nobel de economía 2001: "Hoy, el país se enfrenta a una crisis y el FMI le dice que, si quiere más dinero, tiene que hacer tal cosa (…) Hay incluso una farsa permanente, que consiste en que el país redacta una carta de intención, en la que detalla lo que piensa hacer, y la envía al FMI; pero es el FMI el que le ha dicho previamente lo que tiene que escribir. Se lo han dictado (…) En el FMI no hay más que un país que tenga el derecho de veto: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos" (El País Semanal, 23 de junio de 2002).
Entre 1982 y 2000, la deuda externa de México casi se triplicó (pasando de 57 mil millones de dólares a 157 mil millones) mientras el país pagó a sus acreedores 8 veces lo que debía (según el Banco Mundial, México reembolsó 478 mil millones de dólares). El país reembolsa endeudándose. La deuda externa se vuelve eterna. El pago de la deuda externa mexicana representa, como para los otros países del Tercer Mundo, una enorme transferencia de ingresos de los trabajadores y de los pequeños y medianos productores hacia los capitalistas poseedores de títulos de la deuda externa. Entre los acreedores se encuentran capitalistas mexicanos que poseen una parte de los créditos gracias a los capitales que han colocado en los mercados financieros extranjeros. Mientras el pueblo se empobrece, obligado a sacrificarse para pagar la deuda externa, los capitalistas mexicanos se enriquecen de manera inédita. 
Después de la crisis de 1994/1995, a pesar de discursos propagandísticos de los presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox, las transferencias de México hacia el exterior han sido enormes, peores que en 1982/1986. Según los datos comunicados por el Banco Mundial, entre 1986 y 2000 México recibió 140 mil millones de dólares en préstamos y reembolsó 210 mil millones. Significa que México transfirió hacia sus acreedores 70 mil millones de dólares más de lo que recibió. 
El reembolso de la deuda pública externa se hace en detrimento de los gastos sociales (educación, salud, vivienda) y de la inversión pública: el gobierno dedica el 30% del presupuesto público al pago de la deuda externa. En el 2001 el gobierno pagó 29 mil millones de dólares a los acreedores de la deuda pública externa (Gobierno, Primer Informe de Ejecución 2001: 208 ).
Si añadimos el costo de la deuda pública interna, llegamos a sumas astronómicas. En el 2001, el costo financiero de la deuda pública interna y del Fobaproa-Ipab representó 131 mil millones de pesos mexicanos (unos 14 mil millones de dólares). El total de la deuda pública interna y externa alcanza alrededor de 150 mil millones de dólares (mitad interna, mitad externa). En dólares, el costo de esa deuda representó en el 2001 alrededor de 43 mil millones de dólares: una hemorragia tremenda de recursos hacia los capitalistas nacionales y extranjeros acreedores. El tesoro público dedica 2,5 más dinero al pago de la deuda que a la educación pública en un país en el que, según el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Espina, hay "32,5 millones de mexicanos analfabetos" (El País, 23 de junio de 2002). Un país en el cual, según el mismo Jorge Espina, más de la mitad de la población vive bajo la línea de pobreza. 
El modelo entreguista aplicado después de 1982 desde Miguel De La Madrid hasta Vicente Fox implica entregar progresivamente los ejes fundamentales del desarrollo económico, social y cultural de la nación al gran capital extranjero (sea norteamericano u europeo) en complicidad con los capitalistas mexicanos, manteniendo ellos un cierto control sobre una parte del aparato productivo. Este modelo implica también una degradación profunda de las condiciones de vida de los asalariados, campesinos y demás pequeños productores, del pueblo en general. La venta de empresas públicas implica una pérdida de soberanía nacional, y el dinero de las privatizaciones sirve para asegurar el pago de la deuda pública interna y externa. En el 2001 el banco estadounidense Citigroup se apodero de Banamex, y en el 2002 Banco Bilbao Vizcaya ganó el control completo sobre Bancomer. 
La situación económica en México se vuelve nuevamente muy tensa: entre otras cosas, así lo expresa la pérdida de 500.000 empleos desde que empezó la nueva crisis económica en el vecino del Norte a inicios del 2001 (90% de las exportaciones mexicanas salen para EE.UU.). El Producto Interno Bruto bajó en 2001. El precio del petróleo, como el de otras materias primas, está deprimido, lo que reduce los ingresos fiscales del gobierno con los que se paga la deuda externa. Las presiones contra el peso aumentaron nuevamente a mediados de 2002; las salidas de capitales se aceleraron. Un aumento de la tasa de interés (premio de riesgo país) que paga México sobre su deuda no se puede descartar. En breve, no es improbable una nueva crisis económica y financiera con problemas de pago de la deuda. Sin embargo, la presidencia de Vicente Fox profundiza la política neoliberal de sus predecesores. Con la política de apertura económica total que favorece a las empresas transnacionales, los obreros y obreras, los campesinos y campesinas de México, están obligados a competir con los trabajadores de los demás países, cercanos y lejanos. El diario español El País lo expresa de manera cruda: "las maquilas, las cadenas de montaje de capital extranjero, que crearon más de un millón de empleos, y constituyen el segundo generador de divisas después del petróleo, pierden competitividad. La razón es simple: los obreros mexicanos ganan tres dólares y medio a la hora, y los chinos o indios, cuarenta centavos" (El País, 23 de junio de 2002). 
Hace falta romper totalmente con el modelo neoliberal y quebrar el círculo infernal de la deuda. No hay nada ineluctable. Finalmente, en el interior de la Periferia, las autoridades que aceptan la vía neoliberal pierden progresivamente elementos de legitimidad (v.g. Fernando de la Rúa en Argentina derrocado por el pueblo en diciembre de 2001, Alejandro Toledo obligado en Perú a renunciar a ciertas privatizaciones en junio de 2002). 
En general, las clases dominantes de estos países no tienen muchas perspectivas de progreso para ofrecer a la gran masa de la población. Vicente Fox, quien en julio de 2002 cumplió dos años de su mandato presidencial, vio deteriorada su popularidad de manera considerable, a tal punto que según los sondeos de opinión la mayoría de los mexicanos lo desaprueban. Si bien durante el curso de la primera mitad del siglo XX México progresó de manera importante, los últimos veinte años fueron marcados por una profunda regresión en varios dominios. 
El zapatismo se vio fortalecido de manera fulgurante cuando el 1º de enero de 1994 irrumpió en la escena mexicana nacional e internacional poniendo en cuestión la sumisión de México hacia EE.UU. vía el Tratado de Libre Comercio. Dicha fuerza representó no sólo una enorme esperanza para los pueblos indígenas de América Latina, sino que además fue una referencia para toda una generación de jóvenes en medio de los noventa. El zapatismo, lejos de pertenecer al pasado, puede constituir una fuente de inspiración para emprender los cambios profundos que requiere México. 

La deuda odiosa de Irak
En veinte años en los que los gobiernos de los países deudores no han librado batalla sobre la cuestión de la deuda odiosa, las grandes potencias (que al mismo tiempo son los acreedores) han evitado cuidadosamente sacarla a relucir.
Súbitamente, el 10 y el 11 de abril de 2003 la deuda odiosa aparece en el discurso de la administración Bush. Esta última solicita a Francia, Alemania y Rusia, que se habían opuesto a la guerra contra Irak, que renuncien al reintegro de la deuda que Irak tiene con ellos. Toda la prensa internacional se hace eco de la noticia. La deuda odiosa es explícita y correctamente mencionada. Después de algunos días ya no se habla más de ello excepto en el Financial Times, el diario financiero inglés, y en otros pocos órganos de la prensa internacional (International Herald Tribune, Wall Street Journal). Los editorialistas del Financial Times reclaman firmemente la retirada de esta propuesta. Para el Financial Times, si se rescata esta proposición, ésta es válida para muchos países del Tercer Mundo y del antiguo bloque soviético. Ello puede dar ideas a los gobiernos de los países endeudados, que terminarán exigiendo la aplicación de esta doctrina; y si no son los gobiernos, serán los movimientos sociales de estos países quienes lo harán (en Brasil o en Sudáfrica, por ejemplo, donde la deuda del Apartheid alcanzó los 24 mil millones de dólares). El Financial Times explica que la administración Bush juega con fuego y que pone en peligro a los acreedores3.

¿Qué es una deuda odiosa?
"Si un poder despótico (régimen de Saddam Hussein, N. del R.) contrae una deuda, no para sus necesidades o las necesidades del Estado, sino para fortalecer su régimen despótico, para reprimir a la población que le combate, esta deuda es odiosa para la población del Estado entero. Esta deuda no es obligatoria para la nación: es una deuda de régimen, deuda personal del poder que la contrajo; en consecuencia, desaparece con la caída de ese poder" (Alexander Sack, Les effets des transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières, Recueil Sirey, 1927). La doctrina de la deuda "odiosa" se aplica perfectamente al caso de Irak.
Esta doctrina data del siglo XIX. Fue utilizada durante el conflicto entre España y EE.UU., en 1898. Cuando Cuba, colonia española, pasa a estar bajo el control (protectorado) de EE.UU., España le exige a este último el pago de la deuda de Cuba. EE.UU. se niega declarando que es una deuda odiosa, es decir, contraída por un régimen despótico para llevar a cabo políticas contrarias a los intereses de los ciudadanos. Lo importante es que esta declaración, finalmente reconocida por España, desembocó en un tratado internacional, el Tratado de París, el 10 de diciembre de 1898. Este último sienta, en consecuencia, jurisprudencia. 
Otros casos: las deudas de Bonaparte se rechazan bajo la Restauración en calidad de deudas odiosas, contrarias a los intereses de los franceses. Tras la guerra de secesión, los nordistas, vencedores, se niegan a asumir la deuda sudista contraída para defender un sistema basado en la esclavitud. Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles declara que las deudas contraídas por el régimen del Káiser para colonizar Polonia son nulas, y que no pueden correr a cargo de la nueva Polonia reconstituida. El régimen dictatorial de Tinoco4 en Costa Rica se endeudó con la corona británica. El juez Taft, presidente de la Corte Suprema de EE.UU., designado como árbitro por los dos países en litigio (Gran Bretaña contra Costa Rica, 1923), declara que la deuda es una deuda personal del déspota. Los banqueros acreedores son los primeros responsables, ya que conocían la naturaleza despótica del régimen anterior, y por ello no deben acometer contra el régimen democrático que sucede a Tinoco. El juez Taft añade que los acreedores no han sido capaces de demostrar su buena fe. 
La doctrina de la deuda odiosa fue formulada por Alexander Sack (antiguo ministro del Zar, emigrado en Francia después de la revolución de 1917, profesor de Derecho en París) en 1927 en su libro sobre el traspaso de deuda en caso de cambio de régimen5.
Que sepamos, en los últimos treinta años ninguno de los deudores ha invocado esta doctrina, ya sea con la intención de repudiar de forma unilateral las deudas o para recurrir a un arbitraje. El CADTM y diferentes autores (principalmente Willame, 1986 y Adams, 1991) y movimientos (Jubilé Afrique du Sud, Jubileo Sur) han analizado desde hace tiempo las deudas del Tercer Mundo bajo este punto de vista jurídico: las deudas de Mobutu (Zaire-República Democrática del Congo), de Habyarimana (Ruanda), de Marcos (Filipinas), de Suharto (Indonesia), de los generales de la dictadura argentina, de Pinochet en Chile, de la dictadura uruguaya, de la dictadura brasileña (entre 1964 y 1985, período correspondiente al régimen militar, la deuda brasileña pasó de 2,5 a 100 mil millones de dólares; es decir, se multiplicó por 40), de Nigeria, de Togo, de la República de Sudáfrica… Fenómeno cuya trascendencia llega hasta nuestros días, puesto que los pueblos de estos países reembolsan las deudas odiosas con nuevos préstamos.
El caso de la República Democrática del Congo es muy claro: en el 2003, la deuda de cerca de 13 mil millones de dólares que se le reclama corresponde grosso modo a la totalidad de la deuda contraída por Mobutu, ya que después de la caída del régimen en 1997 apenas ha habido nuevos préstamos, lo que supone que la totalidad de la deuda de la RDC debería ser anulada. 

¿Por qué la administración Bush ha sacado a relucir la deuda odiosa?
El 10 y el 11 de abril de 2003 los ministros de Finanzas del G8 se reúnen en Washington. John Snow, secretario de Estado del Tesoro de EE.UU., solicita especialmente a Rusia, Francia y Alemania la anulación de la deuda odiosa de Irak. EE.UU. lanza esta exigencia no con la intención de que se satisfaga íntegramente, sino a modo de regateo. Una forma de chantaje que persigue aumentar la puja con los países que se habían opuesto a la guerra. Se trata de convencer a Francia, Alemania y Rusia de cambiar su posición y de legitimar la guerra. Se trata además de que los países que asumieron los gastos de las operaciones militares puedan comenzar la reconstrucción utilizando lo antes posible los recursos petrolíferos iraquíes. Cuanto mayor sea la deuda anterior a la guerra del 2003, mayor será el tiempo que EE.UU. y sus aliados deberán esperar para cobrar los gastos que la reconstrucción les ha acarreado. Alemania reacciona enseguida durante la reunión del 10 y el 11 de abril: en lo que le atañe, no discutirá acerca de la anulación, aunque la deuda iraquí será reprogramada. EE.UU. continúa la negociación buscando convencer a Francia, Rusia y Alemania de realizar un serio esfuerzo en lo que a la anulación se refiere. A cambio de su buena voluntad, las empresas de estos países podrán beneficiarse de contratos ligados a la reconstrucción. 
Al parecer, EE.UU. obtuvo más tarde concesiones por parte de Francia y Rusia. De hecho, el 22 de mayo de 2003 el Consejo de Seguridad de la ONU levanta las sanciones contra Irak y confía la gestión del petróleo (hasta ese momento bajo su control6) a Paul Bremer, el administrador civil de Irak nombrado por EE.UU.
El Consejo de Seguridad de la ONU (comprendidos pues países como Francia, Rusia y China, que se habían opuesto a la guerra) legitima la ocupación y concede la gestión del petróleo a EE.UU. por catorce votos a favor y cero en contra (Siria sale en el momento de la votación para no tener que tomar una posición).
La ONU nombra a Sergio Vieira de Mello como representante in situ (morirá en agosto de 2003 en un atentado contra la sede de la ONU en Bagdad que causará 24 muertos) con un status completamente inferior al de Paul Bremer. 
Levantar las sanciones contra Irak significa que en lo sucesivo las empresas, empezando por las estadounidenses, pueden recomenzar a hacer business en Irak (el Financial Times titula el 23 de mayo de 2003: "UN removal of sanctions clears way for business"). También significa que todos los activos de Saddam Hussein y de Irak, que durante más de doce años habían sido congelados en el extranjero (entre otros lugares, en EE.UU.) son "descongelados". Lo que permite que EE.UU. los emplee como reembolso de los gastos de la guerra y de la reconstrucción: luego estos activos no volverán a manos del pueblo iraquí. Según el Financial Times, "La suspensión de la sanción contra Irak por el Consejo de Seguridad liberará billones de dólares en activos congelados y futuras ganancias derivadas del petróleo del control de las Naciones Unidas y los pondrá a disposición de las fuerzas de la coalición y los líderes iraquíes interinos para pagar la reconstrucción." (Financial Times, 23 de mayo de 2003).

Algunos puntos de referencia históricos de la Guerra contra Irak

En los años ochenta, EE.UU. y sus aliados apoyaron a Saddam Hussein en la guerra contra Irán, que provocó un millón de muertos. Irak se endeuda con EE.UU. y sus países aliados.
En 1990, Irak invade Kuwait. Circulan varias tesis referentes a este suceso, y no es imposible que la administración de Bush padre diese a entender a Saddam Hussein que esta agresión no conllevaría reacciones, atrayéndolo de alguna manera a una trampa. Cuando termina la Guerra del Golfo, llamada Tormenta del Desierto por los vencedores, EE.UU. deja a Saddam Hussein en el poder deliberadamente ya que teme que el país y sus reservas petrolíferas caigan en manos de una rebelión incontrolable en la proximidad de Irán, éste mismo también imposible de controlar. Las tropas aliadas dejan a Saddam Hussein reprimir la ciudad de Basora, que se había sublevado. Esta guerra se llevó a cabo con un mandato de la ONU que decretaba la congelación de los activos iraquíes en el exterior y que proclamaba el embargo. Más tarde se lanzará el programa "Petróleo contra comida": 50% de las ganancias del petróleo iraquí se utilizan para la compra de alimentos y de medicamentos, lo que era completamente insuficiente para las necesidades de la población iraquí, ya que se estima que al menos 500.000 niños murieron a consecuencia del embargo. La existencia de este programa era ampliamente conocida por la opinión pública internacional, incluso fue objeto de una importante propaganda. En cambio, casi no se habló de que el 25% de los ingresos petrolíferos fuesen a parar a los países vecinos en concepto de reparaciones. La Comisión de las Naciones Unidas para las Compensaciones (CNUC, en inglés United Nations Compensation Commissión, UNCC, página web ) reconoció a partir de 1991 la validez de las solicitudes de reparación estimando el importe total en 44 mil millones de dólares, lo que solamente cubría de forma parcial las solicitudes. Estas últimas introducidas por particulares, empresas y gobiernos. Hasta el comienzo de la guerra en marzo de 2003, y con un cuarto de las ganancias procedentes del petróleo a su disposición, la CNUC había pagado a los solicitantes –a los particulares y a las familias prioritariamente– 17,6 mil millones de dólares en concepto de reparaciones. De las solicitudes de reparación en espera faltaban pues 26 mil millones de dólares por pagar y por determinar (Financial Times, 24 de junio de 2003). A pesar de ello, no se daba prioridad absoluta a las necesidades de alimentos y de medicinas de la población iraquí en el empleo de las ganancias petrolíferas. 
En el 2003 la guerra fue llevada a cabo por una coalición dirigida por EE.UU. compuesta por Gran Bretaña, Australia, Países Bajos y Dinamarca (cuyas tropas participaron directamente en las operaciones militares) y otros países que prestaron su apoyo bajo otras formas. Esta coalición actúa violando la Carta de las Naciones Unidas. Según esta última, la coalición ha cometido un crimen de agresión.

La deuda impagable de Irak
¿A cuánto asciende la deuda iraquí? Según un estudio realizado en el 2002 por el departamento de energía de la administración Bush, ésta alcanzaría los 62 mil millones de dólares7. Según un estudio conjunto del Banco Mundial y del Banco de Pagos Internacionales, ascendería a 127 mil millones de dólares, de los cuales 47 corresponden a intereses por retraso8. Según un despacho privado basado en Washington, el conjunto de obligaciones financieras iraquíes (deudas, reparaciones y contratos en curso) ascendía a comienzos de 2003 a 383 mil millones de dólares, de los cuales 127 mil millones en deudas. 
Los estados acreedores se reparten en dos grandes categorías en función de su pertenencia al Club de París. Este último reagrupa a 19 de los estados acreedores a los que, si se les antoja, se suman algunos invitados (Brasil, Corea). Declaran poder reclamar a Irak 21 mil millones en concepto de deudas, a los que añaden la misma cantidad en calidad de intereses de retraso, es decir 42 mil millones (Financial Times, 12 y 13 de julio de 2003). 
La segunda categoría comprende los países árabes (Emiratos Árabes Unidos, en inglés Gulf States, Kuwait, Egipto, Jordania, Marruecos, Arabia Saudita), Turquía y algunos países del antiguo bloque soviético (Polonia, Bulgaria, Hungría) convertidos hoy en fieles aliados de EE.UU. Reclaman a Irak cerca de 55 mil millones en concepto de deudas. Los Emiratos del Golfo (sin incluir a Kuwait) reclaman más de la mitad de esta cantidad (30 mil millones) en virtud de un antiguo litigio entre Irak y los acreedores en cuestión. Por su parte, Irak pretende que esos 30 mil millones eran una donación para llevar adelante la guerra contra Irán, mientras que los estados afectados afirman que se trataba de préstamos. Las dos categorías de deudas citadas previamente (97 mil millones de dólares) son deudas bilaterales.
En lo que se refiere a los bancos privados se impone la discreción. Reclaman cerca de 2 mil millones de dólares (Bank of New York y J.P. Morgan figuran entre los principales acreedores).
Respecto al Banco Mundial y al FMI, las deudas que Irak tiene con ellos no sobrepasan los doscientos millones de dólares.
En resumen, en concepto de deudas propiamente dichas se puede considerar que la negociación entre Irak y los acreedores se refiere a una cantidad inicial de aproximadamente 100 mil millones de dólares: 42 (Club de París) + 55 (otros acreedores bilaterales) + (bancos) + (BM y FMI) = cerca de 100. Esta cantidad no incluye ni las solicitudes de reparación no satisfechas (en torno a los 160 mil millones de dólares que se remontan a 1990/1991), ni los contratos que estaban en curso justo antes del desencadenamiento de la guerra, ni las recientes deudas contraídas entre marzo y abril de 2003. 
En realidad, la principal negociación tendrá lugar entre los acreedores, y no entre estos y las supuestas autoridades iraquíes que EE.UU. ha colocado en el poder. La cuestión en torno a la que girará el debate es quién hará el esfuerzo de renunciar a una parte de sus pretensiones con el objeto de hacer sostenible el pago de la deuda a Irak. Sostenible quiere decir, para los acreedores, que la deuda sea pagada en los plazos previstos. Sin importarles que el sostenimiento del pago de la deuda se haga sin tener en cuenta las necesidades de la población iraquí. EE.UU. solicitará a sus colegas en el Club de París, así como a los países árabes, a Turquía, a Polonia, a Bulgaria y a Hungría, que realicen un esfuerzo conjunto para reducir en un tercio o dos tercios sus pretensiones. En ese caso, en lugar de cerca de 97 mil millones (véase más arriba), las deudas bilaterales quedarían en 65 mil millones (1/3 de reducción) o en 32 mil millones (2/3 de reducción). EE.UU. desearía obtener tal reducción, ya que podría añadir las deudas resultantes de la reconstrucción a las ya existentes. Debemos esperar pues largos meses de regateo.
A este respecto conviene analizar las cantidades reclamadas por los integrantes del Club de París, en el seno del cual se encuentran los principales protagonistas de los dos bandos que se formaron en los meses anteriores a la guerra. Es apropiado tener presente que en el momento en que tiene lugar la famosa reunión entre los ministros de Finanzas del G7, el 10 y el 11 de abril de 2003 en Washington9, los medios de comunicación afirmaron que Rusia, Francia y Alemania eran los principales acreedores de la deuda odiosa de Irak. La realidad, como lo muestra la siguiente tabla, está más matizada. Veamos el reparto de la deuda entre los países belicistas y los países del "bando de la paz".

Cuadro 15.3
Deuda de Irak con respecto al Club de París (en millones de dólares)

Esta tabla permite observar que Irak posee una deuda odiosa más importante con los países belicistas, algo que no dio a entender el discurso de la administración de George W. Bush al lanzar su chantaje en abril de 2003.
Recordemos que previo inicio de la negociación los importes de la deuda fueron exagerados y falseados deliberadamente.
De esta manera, el Club de París reivindica el doble de la deuda que se le debe: reclama 42 mil millones de dólares y no 21 mil. ¿Por qué? Porque suma los intereses de retraso desde 1991. Es absurdo, ya que como consecuencia de las sanciones Irak no disponía de su petróleo: era la ONU quien administraba las ganancias que procedían de éste. Por otro lado, los activos de Irak en el exterior estaban bloqueados. Por lo tanto a Irak le era imposible reembolsar su deuda. A pesar de ello, el Club de París ha contabilizado los intereses (de la misma forma que la mayoría de los demás países acreedores bilaterales), y la deuda se encuentra duplicada. Si en el curso de la negociación el Club de París renunciara al reembolso de los 21 mil millones de intereses de retraso, podría presentarlo a la opinión pública internacional y a los iraquíes como una prueba de generosidad.

Irak y la amenaza del círculo vicioso de la deuda
Ya se trate de 50, de 100 o de 200 mil millones, las cargas financieras iraquíes arrastrarán al país a un círculo vicioso de endeudamiento y, en consecuencia, a una relación de subordinación con los acreedores, quienes le despojarán de sus reservas petrolíferas. EE.UU. será el primero en aprovecharse.
Para verificar el valor de esta afirmación, intentemos calcular lo que implicaría el reembolso de la deuda en el futuro. Imaginemos el ejemplo siguiente: los acreedores se ponen de acuerdo para reducir sus exigencias y estiman en 62 mil millones (un tercio de reducción, ver más arriba10) el total de las antiguas deudas heredadas del período previo a la guerra de marzo/abril de 2003, a lo que se suman 50 mil millones de reparaciones. Habría además que añadir sin ninguna duda varias decenas de miles de millones de nuevas deudas ligadas a la reconstrucción (digamos 38 mil millones para el período 2003/2005). Admitamos que los acreedores aplazan hasta el 2005 el inicio de los reembolsos. La suma total de deudas y reparaciones a cargo de Irak ascendería, en este caso, a 150 mil millones de dólares. 
¿Cómo definirían los acreedores el plan de reembolso? Una hipótesis admisible es la siguiente: solicitarían a las autoridades iraquíes, que no tienen ni un peso, la utilización de las ganancias petrolíferas para el pago. Aquí se plantean varios problemas. 
Primera incógnita: ¿habrá en Bagdad, en el 2005, autoridades iraquíes con legitimidad para actuar en nombre del Estado iraquí (pueblo iraquí)? No está del todo garantizado. Segunda incógnita: ¿estará restablecida plenamente la capacidad de producción del petróleo?
En agosto de 2003 la producción de petróleo apenas llegaba a 300.000 barriles al día, frente a 1.700.000 antes de la guerra de 2003 y a 2.700.000 antes de la guerra de 1991. El gasto de la puesta a punto del aparato productivo petrolífero se estima entre 30 y 40 mil millones de dólares. ¿Quién lo va a pagar? ¿Cómo garantizar la seguridad de las empresas que se encargan en un primer momento de la puesta a punto y, posteriormente, de la explotación?
Según el Financial Times (25 de julio de 2003), las grandes empresas petrolíferas se han entrevistado en varias ocasiones con los representantes de la administración Bush. Les han informado que hasta que la seguridad no esté garantizada no piensan discutir sobre ningún gasto de reconstrucción del aparato productivo ni de la producción en sí. Las firmas petrolíferas multinacionales han añadido, a través de Sir Philip Watts, presidente de Royal Dutch/Shell, que ellas mismas determinarán el momento en que el futuro régimen iraquí cumpla las condiciones de legitimidad: "Cuando estén presentes las autoridades consideradas como legítimas por los iraquíes, las conoceremos y las reconoceremos" (Financial Times, 25 de julio de 2003). Una forma de decir a la administración Bush que las autoridades iraquíes que las tropas de ocupación han colocado en el poder no cumplen los requisitos. La otra parte del mensaje: consideran que el coste de la puesta a punto del aparato productivo destruido por la coalición debe correr a cargo de los poderes públicos, lo que fue como una bofetada para G. W. Bush. 
Tercera incógnita: ¿cuál será en el 2005 el precio del barril de petróleo?
Cuarta incógnita: ¿la industria petrolífera será pública? Si es así, gran parte de las ganancias ingresarán en las arcas del Estado, y podrán utilizarse (para satisfacción de los acreedores) para el reembolso de la deuda. Ello plantea un problema con respecto a la voluntad de la administración Bush de privatizar el máximo de empresas. Si se privatiza la industria petrolífera, el Estado solamente recaudará tasas e impuestos. Ahora bien, es el Estado el que deberá reembolsar los 150.000.000.000 de dólares de deudas. 
Según diferentes fuentes, en el mejor de los casos (muy poco probable), los ingresos petrolíferos podrían oscilar entre 10 y 20 mil millones en el 2005.
Veamos cuánto costaría al año el reembolso de 150.000.000.000 de dólares. Estimemos que los acreedores "conceden" un plan de reembolso a interés fijo preferente (concesivo) –digamos un 7%11 de tipo de interés– durante un período de veinte años. 150.000.000.000 de dólares a devolver en veinte años a un 7% de interés representa una carga anual de en torno a 18 mil millones de dólares (reembolso del interés y amortización del capital).Total, es la cuadratura del círculo. A partir de unos ingresos procedentes de la exportación que oscilan entre los 10 y 20 mil millones, es estrictamente imposible.

¿Dónde estaba EE.UU. al respecto a mediados de 2003?
Algunos días después de que EE.UU., Gran Bretaña y Australia iniciaran la invasión de Irak, el 20 de marzo de 2003, George W. Bush estimó, ante el Congreso, en 80 mil millones de dólares el coste de la guerra para el Tesoro estadounidense. El 7 de septiembre de 2003 Bush anunciaba al Congreso la solicitud de 87 mil millones suplementarios. Según el PNUD y UNICEF, 80 mil millones de dólares es precisamente la suma suplementaria necesaria cada año durante una década a escala del planeta para garantizar el acceso universal al agua potable, a la educación básica, a la asistencia sanitaria primaria (incluyendo la nutrición) y a los cuidados ginecológicos y obstétricos (para todas las mujeres). Esta suma, que ninguna cumbre mundial de los últimos años ha conseguido reunir (en Génova, en el 2001, el G7 solamente logró reunir algo menos de mil millones de dólares para los fondos de la lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis), el gobierno de EE.UU. realizó la hazaña de reunirla y de gastarla en unos cuantos meses. Los 80 mil millones de dólares obtenidos por G. W. Bush en el Congreso (a los que en adelante se añaden 87 mil millones suplementarios) constituyen los fondos necesarios para destruir un cierto número de infraestructuras y de vidas humanas en Irak, y asegurar la ocupación del territorio hasta el 31 de diciembre de 2003. 
Al enfrentarse a una resistencia que no había previsto, el gobierno estadounidense pasa grandes dificultades. Por supuesto, domina ampliamente la escena internacional. Sin dudarlo ocupa el país. Pero una gran parte de la población los aborrece. Sus tropas son objeto de un hostigamiento permanente. El coste de la ocupación es mucho más elevado de lo previsto: asciende a cerca de 4 mil millones de dólares al mes (48 mil millones al año) para más de 130.000 soldados presentes. En efecto, los británicos están allí con 11.000 hombres, pero los 30.000 soldados que debían ser procurados por los otros miembros de la alianza tardan en llegar12.
Ello no les impide a algunas firmas estadounidenses y de otros lugares hacer negocios. La firma Halliburton (Texas) estaba en el lugar desde el segundo trimestre de 2003 para las reparaciones de urgencia del aparato productivo petrolífero con un contrato de 7 mil millones de dólares. Richard Cheney, vicepresidente estadounidense, era hasta agosto de 2002 el director general de esta empresa. La firma rival, Bechtel, responsable de los conflictos de agua en Cochabamba, Bolivia, que obtuvo un contrato de 680 millones de dólares para reparar la distribución del agua y de la electricidad así como de ciertas vías de comunicación, convocó una reunión en Washington en mayo de 2003 con el tema "Cómo puede una empresa participar en la reconstrucción". Las 1.800 PYMES que estaban presentes se enfriaron cuando se les precisó que eran ellas mismas las que debían garantizar la seguridad de sus bienes y de sus hombres. Bechtel llevó a cabo el mismo tipo de reuniones en Londres y en Kuwait capital. Las grandes firmas agroquímicas, en particular la multinacional anglo-suiza Syngenta, también están interesadas en un porvenir en Irak, ya que tradicionalmente es un gran exportador de cereales. No obstante, Monsanto dio a conocer que no estaba interesada (sin duda, otros problemas que resolver en otra parte…).
El administrador, Paul Bremer, propaga desde el lugar todas las señales neoliberales para atraer las inversiones: declaró que todo debía ser privatizado y que había que suprimir las subvenciones y reforzar los derechos de la propiedad privada. En contrapartida, concede redes de seguridad social. Podemos hacernos una idea de lo que éstas representan sabiendo que en mayo de 2003 EE.UU. pagó un sueldo de 20 dólares mensuales a 400.000 obreros y funcionarios iraquíes, lo que supone 8 millones de dólares, es decir, 500 veces menos de lo que se gasta al mes para mantener a las tropas de ocupación en Irak. 

Para la anulación de la deuda odiosa de Irak, para el pago de las reparaciones
No porque EE.UU. haya utilizado de manera oportunista la noción de "deuda odiosa" debemos rehusar la exigencia de su aplicación y garantizar la justicia y los derechos fundamentales del pueblo iraquí. En consecuencia, se debe apoyar la perspectiva de un poder legítimo en Irak que repudie la deuda. De la misma forma, se debe ampliar el derecho a reparación: se mencionaron cantidades económicas por el coste de la agresión pero no por el de las reparaciones. Este coste deberá tener en cuenta los daños que EE.UU. y otros agresores tendrán que asumir: daños individuales, saqueos culturales, etc., de los que son responsables, ya que deben garantizar la seguridad de bienes y personas en tanto que fuerzas de ocupación. La aplicación de la doctrina de la deuda odiosa a Irak sería de máxima importancia para el futuro de la población iraquí y más allá, para la mayor parte de las poblaciones de los países endeudados denominados "en vías de desarrollo". Los ciudadanos de estos países están en su perfecto derecho de exigir que una parte importante de la deuda de su país sea declarada nula en aplicación de la doctrina de la deuda odiosa. 
Le toca al movimiento para otra globalización reivindicar la anulación de la deuda pública exterior iraquí combinada con otras reivindicaciones tales como la retirada de las tropas de ocupación, el pleno y completo ejercicio de la soberanía para los iraquíes (lo que incluye el goce de sus recursos naturales), o el pago a los iraquíes de reparaciones por destrucciones y saqueos cometidos en el transcurso de la guerra desencadenada por la coalición EE.UU./Gran Bretaña/Australia violando la Carta de la ONU.
Del mismo modo es necesario perseguir ante la justicia y condenar a G. W. Bush, a T. Blair, a J. Howard (primer ministro de Australia), a los jefes del gobierno danés y holandés (dos países que participaron directamente en la invasión) en calidad de responsables directos de crímenes de agresión según la definición dada por la Carta de la ONU, y de crimen de guerra. 
En lo que respecta a la deuda iraquí, las propuestas deberían orientarse hacia los puntos siguientes: la deuda contraída bajo el régimen de Saddam Hussein es una deuda odiosa, luego es nula; un régimen democrático que suceda a este régimen debe negarse a asumirla, estará en su derecho de rehusar estas deudas; las nuevas deudas procedentes de la agresión y del coste de reconstrucción son igualmente odiosas, luego son nulas; las víctimas de Saddam Hussein, las de la agresión estadounidense, las de los saqueos y de la actual ocupación (individuos y grupos), tienen derecho a reparaciones.
En lo que respecta a la acción ciudadana y a la acción de los poderes públicos, se necesitaría participar en las movilizaciones conjuntas, en las peticiones como la del CADTM (véase el texto de la petición al final del artículo), pero además hay que exigir que los poderes públicos (los ciudadanos deberían organizarse sin esperarlos) lleven a cabo auditorías de las deudas que los acreedores reclaman a Irak. ¿De qué se trata? Cada acreedor que reclama a Irak el pago de deudas debe responder a las preguntas de los ciudadanos acerca de la naturaleza de las deudas: ¿en qué contrato están definidas? ¿Quiénes fueron las partes contratantes? ¿De qué se trataba? ¿De armamento? ¿De equipamiento civil? ¿Cuáles fueron los términos del contrato? ¿Qué cantidades han sido ya reembolsadas? Realizar el trabajo de investigación puede contribuir a demostrar el carácter odioso de las deudas a las que nos referimos. 

Petición para la anulación de la deuda en Irak y para la exigencia del pago de reparaciones

Nosotros, ciudadanos de numerosos países, nos unimos para declarar que el pueblo iraquí no puede ser considerado responsable de las deudas contraídas y de los gastos realizados por Saddam Hussein y su régimen despótico. Según la doctrina de la deuda odiosa, estas deudas desaparecen junto con el régimen que las contrajo. Lo que también es válido para los gastos de la ocupación de Irak por las tropas de la coalición de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia.
Pedimos a todos los acreedores la anulación de la deuda odiosa contraída por Saddam Hussein. Declaramos que los costos ocasionados por la guerra y la ocupación actual no pueden convertirse en una nueva deuda. Consideramos que las destrucciones y saqueos provocados por la guerra otorgan al pueblo iraquí el derecho a las reparaciones. 
Llamamos a la Asamblea General de la ONU a que apoye al pueblo iraquí para conseguir la anulación de la deuda y la concesión de reparaciones por los daños provocados por la guerra dirigida por la coalición violando la Carta de las Naciones Unidas. Se debe permitir al pueblo iraquí y a sus representantes libremente elegidos iniciar una nueva etapa de su historia en plena independencia. En el futuro, los recursos de Irak deben poder ser utilizados íntegramente por y para el pueblo, a fin de que pueda reconstruir su país. 
Llamamos a todos los países, a todas las organizaciones y a todos los ciudadanos a respaldar esta declaración. 
Primeros firmantes: Acosta Alberto (profesor en la Univ. De Cuenca, Ecuador), Albala Nuri (abogado, París), Badrul Alam (secretario general Bangladesh Krishok Federation, Bangladesh), Boudjenah Yasmine (diputada europea GUE/NGL, Francia), Burra Ayse (profesor en la Univ. Bebek de Estambul, Turquía), Chomsky Noam (Estados Unidos), Cirera Daniel (relaciones internacionales del Partido Comunista Francés), Cockroft James (autor, Estados Unidos), Comanne Denise (CADTM, Bélgica), Eliecer Mejía Diaz Jorge (abogado, especialista en derecho penal, Francia), Gazi Carmen (arquitecta, presidente CADTM Suiza), Gillardi Paolo (Coalition anti-guerre, Mouvement pour le Socialisme, Suiza), Gottschalk Janet (Medical Mission Sister’s Alliance for Justice), Hediger André (alcalde de Ginebra, Suiza), Hussen Michel (economista, Francia), Khiari Sadri (artista-pintor, CNLT, Raid ATTAC, Túnez), Kitazawa Yoko (Japan Network on Debt and Poverty, Peace Studies Association of Japan), Krivine Alain (diputado europeo GUE/NGL, Francia), Künzi Daniel (cineasta, consejero municipal de la Ciudad de Ginebra, Suiza), Lambert Jean-Marie (profesor de derecho internacional en la Univ. Católica de Goiäs, Brasil), Magniadas Jean (Doctor en Ciencias Económicas, miembro honorario del Consejo Económico y Social, Francia), Martinez Cruz José (comis. indep. de Derechos Humanos, Morelos, Méjico), Maystre Nicolas (estudiante, secretario del CADTM, Suiza), Mendés France Mireille (jurista, París), Millet Damián (secretario general del CADTM, Francia), Nieto Pereira Luis (Asociación Paz con Dignidad, España), Nzuzi Mbembe Víctor (campesino, GRAPR, República democrática del Congo), Pazmiño Freire Patricio (abogado, coordinador general CDES, Ecuador), Pérez Casas Luis Guillermo (Colegio de abogados José Alvear Restrepo ante la UE y las Naciones Unidas, Colombia), Pérez Vega Ana (profesora en la Univ. de Sevilla, España), Piningre Denis (cineasta), Ptefferkorn Roland (sociólogo, Francia), Said Alli Abd Rahman (Perak Consumer’s Association, Malasia), Saumon Alain (presidente del CADTM, Francia), Soueissi Ahmad (Nord-Sud XXI), Theodoris Nassos (jurista, Grecia), Toussaint Eric (CADTM, Bélgica), Verschave François-Xavier (autor, Francia), Yacouba Ibrahim (Réseau nacional Dette et Développement, Nigeria), Ziegler Jean (escritor, Fondation Nord-Sud pour le dialogue, Suiza). (*) Para mayor información: 

Brasil: la actualidad de la auditoría de la deuda y la responsabilidad del gobierno de Lula
Durante la precedente crisis de la deuda de los años treinta, Brasil, conjuntamente con otros trece países latinoamericanos, suspendió durante varios años lo esencial de los pagos (la suspensión fue total en 1931, parcial entre 1932 y 1936, y de nuevo total entre 1937 y 1940). Esto le fue muy beneficioso, porque cuando negoció el arreglo del litigio con el cartel de los acreedores extranjeros obtuvo una reducción de alrededor de la mitad del monto de la deuda (el acuerdo fue concretado en 1943). La deuda, cuyo monto alcanzó 1.294 mil millones de dólares en 1930, fue reducida a 698 millones en 1945 y a 597 millones en 1948. En 1930, el servicio de la deuda representaba el 30% de las exportaciones. En 1945 dicho servicio representaba no "más que" el 7%. Las autoridades brasileñas de la época hicieron uso de la auditoría para fundamentar la decisión unilateral de la suspensión de pago. En 1931 el gobierno decidió por medio de un decreto pasar a revisión todos los contratos referentes a todos los empréstitos públicos externos, imponiendo por otro decreto, en 1932, el análisis detallado de todos esos contratos. La auditoría permitió detectar numerosas irregularidades en la conclusión de dichos contratos. 
En la síntesis de la auditoría, Arthur de Souza Costa, ministro de Finanzas de la época, afirmaba en 1935: "La historia de nuestros empréstitos muestra que hubo un número exagerado de operaciones onerosas y hasta ruinosas, realizadas sin haber tenido como objetivo favorecer el desarrollo de nuestro país" (citado por Reinaldo Gonçalves, en Fattorelli, 2003: 115).
Los fundamentos de la crisis de la deuda que iba a estallar al igual que en los otros países del tercer mundo en 1982 encuentran su origen en los años sesenta y setenta, durante el largo período de la dictadura militar que comenzó en 1964.
En el momento del golpe de estado, en 1964, la deuda externa era de 2,5 mil millones de dólares. Cuando en 1985 el último general deja el poder, la deuda sobrepasó los 100 mil millones de dólares. Así, en poco más de veinte años de dictadura, la deuda fue multiplicada por cuarenta. La dictadura brasileña gozó del apoyo sin fallas del gobierno norteamericano y del Banco Mundial, los que veían en ella un aliado estratégico en el continente en el contexto de la propagación de la revolución cubana y de las grandes luchas populares anticapitalistas y antiimperialistas. Antes del golpe de estado de 1964 el Banco Mundial se negó a prestar dinero al Brasil del presidente progresista Joao Goulart, quien había puesto en marcha la reforma agraria. 
A partir de 1964, el gobierno de EE.UU., por una parte a través de su agencia de créditos a la exportación, Eximbank, y por otra a través del Banco Mundial, otorgó numerosos préstamos a sus aliados en el poder en Brasilia: los generales. Es de esta época que vienen los megaproyectos energéticos: represas hidroeléctricas, centrales térmicas y la realización de grandes trabajos de infraestructura de carreteras para la incursión de la inmensa región amazónica en el cuadro del Polonoreste. Son estos proyectos los causantes de enormes destrucciones medioambientales, de la extinción de ciertos grupos de indígenas de Amazonia y de importantes desplazamientos de poblaciones (por ejemplo, la colonización de zonas forestales destruidas para desarrollar la ganadería). 
No olvidemos que el fervor de EE.UU. hacia los regímenes dictatoriales provocó que estos se generalizaran en el Cono Sur (Chile y Uruguay desde 1973 y Argentina desde 1976), estando el gobierno de Washington directamente implicado en la instalación de las dictaduras en el poder y en la planificación del exterminio físico a escala continental de una parte importante de la izquierda (el siniestro plan Cóndor). 
Cuando a fines de 1979 EE.UU. decidió aumentar en forma radical las tasas de interés, la dictadura brasileña, aunque amiga, fue afectada directamente por la medida, que la desestabilizó frente al ascenso de las luchas populares de inicios de los ochenta.
Entre 1979 y 1985, cuando Brasil estuvo confrontado a la crisis de la deuda, transfirió a sus acreedores, principalmente a los bancos norteamericanos, 21 mil millones de dólares más de lo que recibió como nuevos préstamos durante el mismo período. 
Es necesario precisar que el cartel de los bancos acreedores de Brasil estuvo encabezado por Citibank, que, subrayémoslo, estuvo implicado en todas las jugadas sucias de los golpes de estado que tuvieron lugar en América Latina en los sesenta y setenta. Durante este período, el Citibank se mostró muy activo en la ingeniería financiera para transformar fondos públicos de los países del Sur en acumulación privada de los gobiernos, preferentemente militares. El Citibank fue también una formidable máquina de blanqueo de dinero. Sus nefastas actividades delictivas no estuvieron limitadas a América Latina: en la década de los noventa prestó su ayuda activa al dictador Sani Abacha en Nigeria, organizando para él el resguardo de sumas colosales (varios miles de millones de dólares) que robó al erario público de su país. El Citibank (miembro del Citigroup) fue acusado en diferentes escándalos a partir del asunto Enron. Esta acusación le costó en el 2003 una multa elevada de algunos centenares de millones de dólares fijada por el Juez Spitzer de Nueva York. A comienzos del 2000, el Citigroup acogió en el seno de sus órganos de dirección al secretario de Estado del Tesoro de EE.UU., Robert Rubin, y al número dos del FMI, Stanley Fischer13.
En lo que respecta al FMI, esta institución entró en la macabra danza de la deuda odiosa brasileña en enero de 1983, cuando dictó a la dictadura militar una carta de intención, no sin antes criticar los fuertes aumentos salariales otorgados a los obreros. 
El fuerte aumento de las tasas de interés decretado por el gobierno estadounidense a partir de 1979 provocó en Brasil, así como en toda América Latina, la asfixia financiera de los poderes públicos. En 1987, José Sarney, primer presidente post-dictadura (1985/1989), tuvo que decretar una suspensión de pago. De esta época, marcada también por el nacimiento del Partido de los Trabajadores, de la Central Unitaria de los Trabajadores y del Movimiento de los Sin Tierra, data la gran sensibilidad de los sectores progresistas sobre la cuestión de la deuda. Mas aún cuando a partir de 1985 la campaña lanzada por Fidel Castro sobre el tema "La Deuda es impagable" tuvo un eco considerable en Brasil y a escala continental. Asimismo, la auditoría gozaba de un cierto grado de credibilidad como uno de los instrumentos que los poderes públicos tenían en sus manos para obtener una renegociación total de la deuda (el hecho de que la auditoría de la deuda realizada en los años treinta se haya revelado beneficiosa seguramente tuvo un rol en la memoria colectiva). La auditoría apareció ante los ojos de una gran parte de los movimientos reivindicativos como un medio para cuestionar la aplastante carga de las deudas legadas por la dictadura. En la época, el pedido de auditoría llegó a ser un tema tan sensible que los legisladores la incluyeron en la Constitución post-dictadura de 1988. El Art. 26 de las disposiciones transitorias otorgó al Congreso nacional la responsabilidad de realizar una auditoría de la deuda en el plazo de un año. 
Luego, cuando a comienzos de los noventa, después de la década perdida, la situación financiera del país tuvo una relativa mejoría, los capitales volvieron a afluir del exterior bajo la forma de préstamos bancarios, de inversiones de portfolio y de inversiones directas. 
En cierta forma, el Plan Brady aplicado a Brasil a partir de 1994 bajo la gestión de Fernando Henrique Cardoso como ministro de Finanzas devolvería un manto de virginidad y de legitimidad a las deudas contraídas durante la larga noche de la dictadura. 
Una parte significativa (49 mil millones de dólares sobre un total de 145) fue transformada en nuevas deudas bajo la forma de Bonos Brady. Durante todo este período la deuda continuó aumentando: se hacían nuevos empréstitos para reembolsarla. La operación Brady aplicada a Brasil gracias a la cooperación de F. H. Cardoso produjo un sensible incremento del servicio de la deuda (ver el análisis del economista Paulo Nogueira Batista Jr. citado por José Dirceu, Proyecto de Decreto Legislativo N° 645-A del 13 de septiembre de 2000). 
La situación se degradó de nuevo fuertemente después del desencadenamiento de la crisis mexicana en diciembre de 1994. El presidente Cardoso puso en marcha un plan de salvamento de los bancos privados brasileños (PROER) que costó a los poderes públicos la suma de 20 millones de dólares. 
En el marco de los acuerdos con el FMI, Cardoso mantuvo una política de altas tasas de interés (de hecho, los intereses más altos a escala planetaria) que fue muy perjudicial para la economía, particularmente para el sector productivo, pero que favoreció al capital rentista.
Se presenta a continuación un cuadro de la evolución de las tasas de interés en Brasil entre septiembre de 1997 (crisis asiática) y marzo de 1999 (nuevo acuerdo con el FMI).

Cuadro 15.4
Evolución de las tasas de interés en Brasil

Fuente: Banco Central del Brasil, en M. Arruda, 1999: 34.

La prueba de que esta política favoreció al capital rentista: a comienzos de 1999 las ganancias netas declaradas por los grandes bancos brasileños fueron de 5 a 8 veces superiores a las de 1998. 
Por otro lado, entre 1997 y fines de 2001 Brasil fue víctima de una transferencia neta negativa sobre la deuda (ver Léxico) por un monto de 78,9 mil millones de dólares. Si sólo se tomara en cuenta a los poderes públicos, ello representa 27,3 mil millones de dólares de transferencia neta negativa sobre la deuda pública entre 1996 y fines de 2001 (Banco Mundial, GDF, 2003). 
Dicho de otra manera, si los poderes públicos brasileños hubieran decidido a partir de 1997 no pagar la deuda, y como consecuencia de esto los diferentes acreedores hubieran decidido bloquear los canales de crédito, el Tesoro Público hubiese ahorrado un poco más de 27 mil millones de dólares, suma considerable. Esto quiere decir que en el caso brasileño no es veraz afirmar que más vale continuar pagando la deuda externa con el pretexto de que el flujo de nuevos préstamos entrantes en el país es superior a los flujos de los reembolsos. 
Para tener una idea de la amplitud de los montos reembolsados, en 1999, en el presupuesto del Estado, el servicio de la deuda fue cinco veces más abultado que el de la salud, nueve veces más que el de la educación, 69 veces más abultado que el presupuesto del Ministerio de la Reforma Agraria (cálculo del autor sobre la base de Gonçalves y Pomar, 2000: 35).
El deterioro de esta situación produjo la renovación de la sensibilidad con respecto a la deuda. Por el lado de los movimientos sociales, un tribunal de la deuda fue organizado en abril de 1998 en Río, seguido en septiembre de 2000 de un referéndum en el que participaron más de seis millones de brasileños. Este referéndum estuvo organizado por la Campaña Jubileo para un Milenio sin Deuda, la Conferencia Nacional de los Obispos, el MST, la CUT y varios sindicatos, con el apoyo de varios partidos de izquierda, entre ellos el PT.
En el momento de la realización del referéndum, José Dirceu (por entonces diputado y presidente del PT), quien llegó a ser a partir de enero de 2003 ministro de la Presidencia, había presentado, en su calidad de parlamentario durante la legislatura de Cardoso, un proyecto de Decreto Legislativo14 que apuntaba a la realización de "un referéndum para que la población tome una decisión con respecto a la deuda externa y al mantenimiento de los acuerdos internacionales entre el gobierno brasileño y el FMI". El Art. 1 preveía "El Congreso nacional decide (…) la realización de auditorías sobre la deuda externa y de un referéndum conteniendo las siguientes preguntas: 1) el gobierno brasileño, ¿debe romper los acuerdos con el FMI? 2) ¿debe realizar una auditoría sobre la deuda externa? 3) ¿debe mantener la actual política de pago de la deuda?". El proyecto de decreto preveía igualmente que "En caso de que la voluntad popular determine la ruptura de los acuerdos con el FMI, la decisión producirá efecto en el plazo de 90 días; en caso de que la voluntad popular decida la realización de la auditoría, ella deberá ser realizada en un plazo de 90 días; en caso de que la voluntad popular decida la revisión de las condiciones de pago de la deuda, corresponde al Congreso nacional deliberar sobre las nuevas condiciones en un plazo de 90 días".
Esta propuesta fue presentada el 13 de septiembre de 2000, firmada por 191 parlamentarios, entre los cuales estaba Antonio Palocci, quien llegó a ser ministro de Finanzas en enero de 2003. Esta proposición fue rechazada por la mayoría parlamentaria del presidente Cardoso (no obstante, ciertos diputados miembros de la mayoría dieron su apoyo a la proposición de decreto). 
La posibilidad de desembarazarse del presidente neoliberal Cardoso en ocasión de las elecciones del 2002, para remplazarlo por Lula, quien simbolizaba más de veinte años de luchas populares contra la dictadura y contra el neoliberalismo, produjo un enorme entusiasmo y comprensibles esperanzas para al fin encontrar una solución a los grandes problemas sociales, así como al problema de la deuda. 
Pero en el 2003 dichas esperanzas fueron defraudadas profundamente. Veamos el por qué. Pero antes de eso, esperemos que la creatividad, la inteligencia, la fidelidad en el combate y la pugnacidad sirvan de aliciente a los movimientos ciudadanos y sociales brasileños. Esperemos que puedan rescatar del olvido los compromisos de antaño…y que logren que se los ponga en práctica. Durante años, ¿acaso Lula y el PT no hicieron de la deuda un importante tema de su campaña? A fin de refrescar la memoria, se puede leer a continuación una entrevista con Lula realizada por el autor en Managua, Nicaragua, en julio de 1991. A continuación se podrán ver los primeros pasos del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, quien entró en funciones en enero de 2003. "Todo gobierno del Sur que decida continuar pagando la deuda hace la opción de guiar el pueblo al abismo",
declaraba en 1991 el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, entonces presidente del PT brasileño, nuevo presidente de Brasil desde enero del 2003(*).

Propósitos recogidos por Eric Toussaint en julio de 1991 en Managua, Nicaragua

Eric Toussaint: Después de un año y medio de la presidencia de Collor, ¿cuál es la situación en Brasil?
Lula: La sociedad brasilera se dio cuenta de que la política neoliberal del presidente Collor es un fracaso. Aun cuando hubo muchas promesas, nada fue resuelto. Si la inflación bajó, el precio social pagado por ello fue muy alto en términos de desempleo, de la política agraria, de salarios, de salud y de la educación. Ante esta situación, una proposición alternativa que contemple el crecimiento de Brasil, la redistribución de las riquezas y la indemnización de los trabajadores, los grandes perjudicados por el plan gubernamental, es una tarea urgente. Todo esto tiene que ir acompañado de un trabajo serio en el campo de la organización del movimiento popular, porque si la lucha se limita al campo meramente institucional, el PT va a encontrarse en una situación vulnerable. En este sentido, es crucial la alianza con las fuerzas progresistas porque es esta alianza la que nos va a permitir salir victoriosos del enfrentamiento con el gobierno. 
E.T.: Hace poco el semanario The Economist puso un título que decía "América Latina está en venta". ¿Dónde se está en la venta de las empresas nacionales? ¿Cuál es la posición del PT?
Lula: El FMI quiere que los países endeudados vendan sus empresas estatales con el objetivo de facilitar el pago de la deuda externa. Nosotros somos defensores del control estatal sobre todas las empresas relacionadas con el sector estratégico. Así, no existen mayores problemas en relación a las empresas que fueron estatizadas por el régimen militar, empresas secundarias tales como las del sector textil. Estas empresas pueden ser privatizadas sin mayores obstáculos. Sin embargo, las empresas que se ocupan de sectores estratégicos como las de petróleo, las siderúrgicas, las de agua, puertos, energía eléctrica… tienen que quedar en manos del Estado. Nuestra lucha en contra de su privatización es equivalente a nuestra lucha por su democratización, porque es necesario que esas empresas se abran a la sociedad civil para que ésta pueda administrarlas. De ahí la necesidad de que dichas empresas cuenten en su dirección con dirigentes sindicales y que grupos de la sociedad civil hagan parte de su administración para que ellas sean transformadas en bienes de toda la comunidad, entendida en su totalidad. No estamos de acuerdo con la política de privatizar el patrimonio público para pagar la deuda externa. Señalemos que el gobierno no obtuvo gran cosa de su política de privatización puesto que ningún comprador se ha presentado. Si la privatización dependiera exclusivamente de la voluntad del gobierno, a esta hora, todo hubiera sido ya privatizado. Por otro lado, hay que señalar que esta política de privatizaciones no cuenta con ningún apoyo popular en la medida en que el ejemplo de Argentina muestra que las privatizaciones no produjeron efectos benéficos sino más bien la miseria. 
E.T.: ¿Cuál es la posición del PT con respecto a la deuda externa?
Lula: Nosotros pensamos que ningún país del Tercer Mundo está en condiciones de pagar la deuda. Nosotros pensamos que todo gobierno del Sur que decida continuar pagando la deuda hace la opción de guiar el pueblo al abismo, porque existe una incompatibilidad total entre la política de desarrollo de los países del Tercer Mundo y el reembolso de la deuda. Nosotros sostenemos que hay que suspender inmediatamente su pago. Nosotros pedimos una auditoría sobre la historia de la deuda para determinar dónde fue a parar el dinero prestado, para saber si fue un préstamo del Estado o de una administración pública o si se trató de una iniciativa privada, para saber cómo fue gastado el dinero, etcétera. Esto nos permitirá tener una radiografía fiable de esta deuda. Con el dinero resultante del no pago de la deuda, nosotros podemos constituir un fondo para el desarrollo, el cual servirá para financiar la investigación y el progreso de tecnologías, la educación, la salud, la reforma agraria y una política de desarrollo para el Tercer Mundo. El control de este fondo quedará en manos del país, más específicamente, bajo el control de una instancia especialmente creada para el efecto. Dicha instancia incluye al Congreso Nacional, a los movimientos sindicales, y a los partidos políticos, los que lo administrarán a través de una Comisión encargada para ello. Pero para dejar de pagar la deuda, la iniciativa tiene que ser tomada en el plano internacional de tal forma de crear un frente unido de los países deudores para oponerse a las pretensiones de los acreedores. De ahí también la necesidad de unir a todos los países del Tercer Mundo con el objetivo de que cada gobierno tenga conciencia de que sus problemas son iguales a los de los otros gobiernos del Tercer Mundo. Ningún país podrá encontrar una solución al problema de la deuda en forma aislada. Es importante también que la discusión sobre la deuda externa no se limite a una discusión entre gobierno y banqueros, sino que sea una de gobierno a gobierno. El problema de la deuda debe ser encarado como un problema político. El debate no tiene que limitarse únicamente al problema de la deuda, sino estar centrado sobre la necesidad de un nuevo orden económico internacional. Es insostenible que sigamos vendiendo materias primas por casi nada y que sigamos comprando productos manufacturados a un precio de oro. Sólo una acción política permitirá que este conjunto de medidas se lleve a cabo. La acción política consiste en la presión de los movimientos sociales. Para esto, el problema de la deuda debe ser transformado en un asunto del que todo el pueblo se apropie. 
E.T.: Hace seis años, Fidel Castro lanzó una campaña internacional bajo el lema de "La deuda es impagable". Después de un buen comienzo, parece que esta campaña perdió fuerza como consecuencia de una falta de respuesta. Por el momento, parecería que Bush (1) tiene viento en popa con su Iniciativa para las Américas (2). ¿Cuál es su explicación?
Lula: Es un hecho que fue el gobierno cubano quien puso sobre el tapete el debate sobre la deuda, lo que posibilitó que se tuvieran varios encuentros internacionales muy positivos a este respecto. Pero el problema en América Latina es que la situación económica es tan mala que la mayoría de los trabajadores no dispone del tiempo para plantearse objetivos a mediano plazo, reduciéndose las luchas a menudo al planteamiento de objetivos inmediatos. Es una lucha por la sobrevivencia. Bajo esta presión, las organizaciones de izquierda se ven impedidas de consagrar la energía suficiente para los objetivos de mediano y largo plazo. Y nosotros queremos resolver el problema del desempleo y del hambre sin establecer el nexo adecuado con la deuda externa. Nuestro partido piensa que la deuda externa debe ocupar un lugar importante en su orden del día, lo mismo que en el del movimiento sindical, porque si no logramos resolver el problema de la deuda no vamos a poder resolver ni el problema de la distribución de los ingresos, ni el de la inflación, menos aún el del desarrollo. Retomando el problema de las causas de la debilidad de la lucha sobre el tema de la deuda, hay que agregar las insuficiencias que muestra la coordinación internacional de las organizaciones sindicales latinoamericanas. Esto es así porque el movimiento sindical no está suficientemente desarrollado en el interior de cada país. 
E.T.: ¿Qué decir entonces de la organización a escala continental?
Lula: Durante el encuentro de la izquierda latinoamericana en San Pablo en junio de 1991, nosotros hemos puesto como tema resaltante la problemática de la deuda externa. Pensamos que éste es un tema-fuerza de unidad de la izquierda. Nosotros vamos a incluir de nuevo este tema en el orden del día del segundo encuentro que se realizará en México en junio de 1992.
E.T.: La perspectiva de la lucha socialista, ¿es todavía de actualidad?
Lula: Yo sigo creyendo en una propuesta socialista. Yo sigo creyendo que la redención de la humanidad pasa por un mundo más igualitario donde la riqueza sea distribuida de manera más justa. Nosotros tenemos para aportar una gran contribución. Somos millones los que en el planeta queremos construir el socialismo. Pero este socialismo no debe ser el espejo de lo que pasó en el Este. Nosotros, en tanto que Partido de los Trabajadores, siempre hemos condenado el régimen de Partido único, la falta de libertad para el movimiento sindical o la ausencia del derecho a la huelga. Pensamos que el socialismo presupone la democracia, el multipartidismo, la libertad y autonomía sindicales, el derecho a la huelga, el derecho de todas las personas de tomar la palabra en la plaza pública y de hablar contra el gobierno. Si éste no es el caso, no se trata de socialismo. El fracaso del socialismo no puede ser imputado a los socialistas sino a las burocracias. Hay que agregar igualmente que todo el mundo hoy quiere hablar del fracaso del "socialismo" del Este europeo, pero muy pocos son los que están dispuestos a debatir sobre la necesidad de la solidaridad con Cuba, con el pueblo panameño o con los pueblos africanos. Hay que poner en primera línea nuestra tarea de solidaridad: la defensa de Cuba.

(*) Entrevista publicada en la revista del CADTM, N° 4 y 5, octubre-noviembre de 1991.
(1) George Bush, padre del actual presidente George Bush hijo, presidió EE.UU. de 1988 a 1992.
(2) La Iniciativa para las Américas apoyada por Bush fue retomada posteriormente por Bill Clinton y luego por George Bush hijo, y se concretó en el Acuerdo de Libre Cambio de las Américas, ALCA.

Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente: ¿cambio o continuidad neoliberal?
La aplastante victoria de Lula en las elecciones (más del 60% en la segunda vuelta, con cerca de 20 millones de votos de diferencia sobre su rival) fue el resultado de una política de alianzas y de un programa altamente contradictorio. En efecto, el candidato del Partido de los Trabajadores logró que su partido aprobara la alianza con un partido de derecha: el Partido Liberal, el cual en caso de victoria recibiría a cambio nada más y nada menos que la vicepresidencia de la República. 
Los compromisos asumidos por el candidato durante la campaña fueron también muy problemáticos porque preconizaban la continuación de la política económica aplicada por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, política largamente dictada por el FMI, que aseguraba el reembolso de la deuda externa y la prosecución del ajuste estructural. 
Evidentemente, esta política reduce de manera considerable las fuentes para obtener los ingresos públicos necesarios a fin de concretar la parte progresista del programa. Nos referimos aquí a la parte que previó un importante aumento de los ingresos más bajos (el salario mínimo es de aproximadamente 70 euros, debiendo ser el objeto de un aumento del 20%), la erradicación del hambre (40 millones de brasileros están en situación de hambre crónica o permanente), la reforma agraria y la ampliación de la capa de la población a ser cubierta por la seguridad social. 
En el transcurso de los cuatro primeros meses del mandato presidencial, Lula y Palocci, ministro de Economía y de Finanzas, pusieron en marcha una política económica y social de corte neoliberal, en contradicción tanto con un proyecto de transformación estructural como con la realización de un mejoramiento substancial de las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos brasileros. ¿En qué consiste esta política?
A Henrique de Campos Meireilles, representante del gran capital financiero, le fue confiada la presidencia del Banco Central. Meirelles fue presidente del banco Fleet Boston: séptimo en importancia en EE.UU. y segundo en cuanto a la jerarquía de acreedores brasileños (después del Citibank, ya mencionado). Fleet Boston tuvo un rol particularmente nefasto en la crisis argentina, no dudando jamás en especular contra la moneda brasileña para aumentar sus beneficios. El nombramiento de Meirelles a la cabeza del Banco Central constituyó de parte del nuevo presidente un signo de sumisión a los acreedores internacionales, y en general al gran capital. Para la anécdota: Mereilles hizo campaña en favor de José Serra, candidato de Henrique Cardoso, durante el primer y el segundo turno de las elecciones. El día de su designación en el puesto de presidente se podía leer todavía en su sitio en Internet su llamado a votar por José Serra.
Lula y su ministro de Finanzas, acorde a la desiderata del FMI y de los mercados financieros, anunciaron medidas legales para conceder al Banco Central la autonomía frente al gobierno. Esta decisión fue objeto de acerbas críticas por parte de diferentes componentes del ala izquierda en el seno de la mayoría presidencial. Al dar la autonomía al Banco Central, y para colmo nombrando a la cabeza a un representante del gran capital, el gobierno, en tanto que Poder Ejecutivo, renunció a ejercer un control directo sobre la política monetaria (tasas de cambio y emisión de la moneda) y sobre las tasas de interés (tradicionalmente fijadas por el Banco Central). Eso es ponerse el puñal en el pecho.
Durante su campaña electoral Lula declaró, al igual que los otros candidatos presidenciales, a excepción del candidato del PSTU, que iba a respetar los acuerdos firmados por su antecesor con el FMI en agosto de 2002. Según los términos del acuerdo, Brasil estaba obligado a alcanzar un superávit presupuestario primario de 3,75% (excedente antes del pago de la deuda). En agosto de 2002, aun un especulador financiero como Georges Soros criticó dicho acuerdo, diciendo que el mismo encorsetaría la política gubernamental. Realizar un superávit de 3,75% implica una fuerte limitación de los gastos sociales. Palocci decidió, en el transcurso de los primeros meses de la presidencia, ir más lejos todavía en la ortodoxia preconizada por el FMI y por los mercados, comprometiéndose a alcanzar un superávit de 4,25%. 
En la misma lógica, Palocci aumentó la tasa de interés director del Banco Central del Brasil, elevándola a 26% para traerla de nuevo a 25,5% (agosto de 2003). Esta medida produce efectos totalmente contrarios a la parte progresista del programa: aumenta los ingresos del gran capital bajo la forma de renta. Para prueba: los bancos brasileños invirtieron 67% de sus activos en títulos de la deuda pública (muy remuneradores) (Financial Times, 18 de julio de 2003). Un cronista financiero de la Gazeta Mercantil, principal periódico financiero brasileño, se refirió a esta política de altas tasas de interés interna con mucho humor: "Con la tasa de interés de base de 25%, es una delicia realizar beneficios con préstamos hechos en el extranjero (con alrededor de 13,25%) y comprar con el dinero prestado títulos de la deuda pública. Es una delicia. Es una delicia… para los bancos" (Gazeta Mercantil, 20 de enero de 2003). 
Esta política refuerza igualmente la desigualdad social en la distribución de los ingresos. Brasil es el país donde la brecha entre ricos y pobres es la más elevada del mundo. Según el Informe 1999 del PNUD, el 20% de brasileños afortunados acaparan el 63,4% de los ingresos, no dejando más que 2,5% al 20% más pobre (citado por John Saxe Fernandez, 2001: 106). Una política de alta tasa de interés premia a todos los que viven en forma parasitaria de sus rentas. Esto no es más que la continuación de la política del doble rasero: ajustar los cinturones de los que tienen bajo ingreso mientras se aumenta la opulencia de los ricos.
Por otro lado, el aumento de la tasa de interés produce al mismo tiempo otros dos efectos negativos. En primer lugar, aumenta en forma mecánica las sumas destinadas al reembolso de la ya colosal deuda interna. En segundo lugar, aumenta las dificultades para que los pequeños y medianos productores accedan a los créditos (campesinos, artesanos y pequeños empresarios), y en general para el conjunto del sector productivo, lo cual reduce la inversión llevando la economía brasileña al estancamiento o a la recesión. 
Desde 1995 las tasas de interés reales brasileñas fueron permanentemente las más altas del planeta, siendo justificadas por los partidarios de la política del FMI por la necesidad de atraer a los capitales extranjeros y fijarlos en el país. Esto no impidió que seis crisis monetarias hayan explotado. Desde este punto de vista, Brasil batió todos los récords. El "Plan de Ayuda" decidido en agosto de 2002 por el FMI fue presentado como un apoyo a Brasil, mientras que en realidad se trataba de apoyar a los dos grandes bancos norteamericanos (Fleet Boston y CitiCorp), concurrentes hasta dos tercios de la suma prestada. No es una mera casualidad que el actual presidente del Banco Central, Meireilles, antes de ser nombrado en el cargo, fuera el representante del Banco de Boston.
Igualmente son preocupantes otros proyectos gubernamentales, tales la reforma de la seguridad social y la reforma del Código del Trabajo (reforma trabalhista). En lo que respecta a la primera, en Brasil se lanzó una campaña ya muy conocida en todas partes, por la que se justifica la generalización de los fondos privados de pensión así como la arremetida contra las conquistas de los asalariados en el campo de las pensiones. Con el pretexto de terminar con los privilegios de los que gozan categorías marginales de funcionarios públicos (personal dirigente de los ministerios), se procederá a reducir fuertemente el plafón de las pensiones de todos los funcionarios públicos, aumentar fuertemente la cantidad de años necesarios para alcanzar la edad de jubilación y, en fin, favorecer el desarrollo del ahorro privado de pensión vía fondos privados de pensiones. Esta contrarreforma coincide en todos los detalles con la orientación defendida por el Banco Mundial.
Manifestaciones y huelgas de funcionarios públicos se repitieron en junio/julio de 2003 oponiéndose a la contrarreforma deseada por el presidente Lula. En la misma época, los asalariados de Francia y Austria lucharon masivamente contra el mismo tipo de proyecto anhelado por los gobiernos de derecha. Finalmente, esta reforma fue adoptada por el Congreso brasileño en agosto de 2003 con algunas enmiendas como concesiones hechas al movimiento de lucha de los funcionarios públicos. 

¿Por qué hay antagonismo entre el mantenimiento de los acuerdos con el FMI y la parte progresista del programa en base al cual Lula fue elegido? 
Porque los acuerdos con el FMI implican un aumento de la deuda pública externa e interna. Aumento de la deuda externa porque los 30 mil millones de dólares prometidos por el FMI se suman al stock de la deuda, elevando así el monto del reembolso. Así, el monto del reembolso de la deuda interna aumenta proporcionalmente al de la tasa de interés. Todo este monto debe ser substraído al Tesoro Público.
Dicho de otra manera: aun cuando una reforma impositiva permitiera hacer pagar a los ricos y aumentar con ello los ingresos públicos, las sumas aportadas por dicha reforma volverían a salir inmediatamente como reembolso de la deuda, lo que impide automáticamente todo aumento en los gastos públicos. 
De todas formas, el FMI nunca aceptó una reforma impositiva que permita un aumento significativo de deducción sobre los ingresos y el patrimonio de los ricos. Pues bien, aquí también existe una contradicción entre la voluntad eventual de llevar a cabo una reforma impositiva progresista y los acuerdos firmados con el FMI. 
Sumido a la presión de los movimientos sociales, del ala izquierda del PT y otros sectores de la sociedad civil como la progresista Conferencia Nacional de Obispos, Lula, confrontado a los efectos perversos de su compromiso de respetar los acuerdos de sus predecesores, podría anunciar en los meses venideros, con motivo de las próximas negociaciones con el FMI, que bajo riesgo de no poder llevar a cabo el objetivo de erradicar el hambre y tomar otras medidas prioritarias (extensión de la reforma agraria, aumento del salario mínimo), él no podrá satisfacer las condiciones que le son impuestas. 
Tendría todo el derecho a hacerlo. Si no asume tal orientación, corre el riesgo de ver su credibilidad derrumbarse ante los sectores populares. El desencanto de la mayoría de la base social de Lula se realizará más lentamente que el de los sectores directamente afectados en forma negativa por las medidas concernientes a la contrarreforma de las jubilaciones. Sin embargo, si Lula no cambia de orientación, la erosión del apoyo popular inevitablemente llegará. Recuperar la confianza de esa mayoría decepcionada y desencantada se volverá entonces una tarea muy difícil. Y para peor, las concesiones hechas al gran capital no protegerán al Brasil ni de un aumento de la fuga de capitales ni de los ataques especulativos contra el real, y no contribuirán en nada a arreglar la situación. Por otro lado, la recesión como consecuencia de una política macroeconómica neoliberal se instaló en Brasil en el 2003. Si no se produce un giro en el transcurso del 2003, el reembolso de la deuda pública externa y de la deuda interna pública costará todavía más al presupuesto público que en el 2002 bajo Cardoso. 

A fines del 2002, la deuda pública interna de Brasil se elevaba a alrededor de 850 mil millones de reales, de entre los cuales 40% estaban dolarizados.
A fines del 2002, la deuda pública externa se elevaba a alrededor de 120 mil millones de dólares.
En Brasil la deuda externa de las empresas privadas alcanza aproximadamente 110 mil millones de dólares.
El total de la deuda pública y privada externa representa 4 años de exportaciones.
Entre 1992 y 2002, la parte de salarios en la renta nacional pasó de 45% a 27%.
Mientras que los salarios no pesan más que el equivalente al 27% de la renta nacional, contribuyen sin embargo al 55% de los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta.

¿Por qué los escépticos de Wall Street se volvieron abiertamente optimistas?

Es el título de un largo comentario de Financial Times del 8 de abril de 2003. "Hace solamente seis meses se temía que Brasil, la más importante economía sudamericana, se encuentre inexorablemente a la deriva hacia los recifes de la incapacidad de pago de la deuda y de la bancarrota financiera. Es todo lo contrario lo que se produjo: Brasil es altamente apreciado en Wall Street. Los traders y los inversionistas que el año pasado guardaban sus distancias, se lanzan hoy a la compra de acciones y de títulos de la deuda brasileña. (…) ‘Tuvieron un arranque impresionante y ganaron la primera batalla de la confianza’ concede Maurice Goldstein, economista en el Institute for International Economics en Washington, ‘probaron que los pesimistas y los escépticos como yo estábamos equivocados’. 
¿Por qué eso se produjo? Un rápido cambio en la política del Partido de los Trabajadores (PT) en el poder constituye una de las principales razones. Después de haber votado en diciembre de 2001 por una ‘ruptura’ con el modelo económico neoliberal introducido por el ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, el partido se desplazó hacia el centro del campo político con una velocidad sorprendente. Ya antes de la campaña electoral de octubre de 2002, la dirección del PT se comprometió a reembolsar la deuda y a mantener las medidas favorables a una inflación débil. A fines del año pasado, Luiz Inácio Lula Da Silva electo presidente declaró que se ajustaba a los objetivos presupuestarios fijados con el FMI en agosto de 2002. Mantuvo su palabra. En ciertos campos el gobierno se mostró aún más austero que su predecesor, aumentando el objetivo del superávit presupuestario primario llevándolo de 3,75% a 4,25% del PIB. Henrique Meirelles, presidente del Banco Central nombrado por Lula Da Silva, cuando había sido precedentemente dirigente del Banco Boston, aumentó la tasa de interés de manera de combatir las presiones inflacionistas provocadas por la devaluación del año pasado. Lula Da Silva adoptó lo esencial de la agenda reformadora de su predecesor, Cardoso, y está acelerando la reforma de impuestos y del sistema de pensiones. ‘El aprendizaje fue rápido’, declaró Octavio de Barros, economista en jefe del Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA, banco español)".

Extractos de la página entera consagrada por el Financial Times a los cien primeros días de la presidencia de Lula.

Realizar la auditoría de la deuda prevista por la Constitución
La realización de la auditoría de la deuda externa es una vía esencial en un dispositivo general de políticas alternativas. 
Recordemos el proyecto de decreto legislativo (645-A de 2000) presentado por José Dirceu en el 2000 y mencionado en la primera parte del presente texto. La justificación del debate del proyecto de decreto presentado por Dirceu es todavía de actualidad: "las diferentes deudas, externa, interna, pública y privada, aun cuando son diferentes en su aplicación y en su significación, juntas constituyen una sobrecarga de obligaciones para la sociedad cuyas consecuencias son de naturaleza variada: 1) aumento de la vulnerabilidad externa y de la dependencia económica del país; 2) elevación de las sumas a reembolsar en monedas extranjeras (tanto en el presente como en el futuro) que compromete el desarrollo de la joven generación; (…) 4) la pérdida de soberanía y la sumisión a las estrategias internacionales del capital financiero y de la superpotencia hegemónica; 5) el sacrificio del humilde y desprotegido pueblo que no pudo gozar de los beneficios de los períodos en los que esta deudas fueron contraídas y sobre quien pesa la pesada carga de su reembolso (…) El actual proyecto de decreto legislativo tiene por objetivo establecer un mecanismo democrático de consulta popular sobre lo que hay que hacer en relación a cuestiones, que sin ninguna duda, están relacionadas directa e indirectamente con la vida de nuestro pueblo".
Según Marcus de Freitas Gouvêa, fiscal en el Ministerio de Finanzas y director administrativo del Sindicato Nacional de Fiscales del Ministerio de Finanzas, es posible exigir por la vía judicial que el Congreso Nacional ejecute el Artículo 26 (Fattorelli, Auditoria da dívida externa: questão de soberania, 2003: 184). 

Instrumentos legales al alcance de los ciudadanos 

La Constitución y el derecho nacional brasileños ofrecen garantías para obtener informaciones ante los órganos públicos como el Tribunal de Cuentas, el Banco Central y el Ministerio de Finanzas. Las informaciones, datos y documentos relativos a la deuda de una nación son de naturaleza pública y en consecuencia los ciudadanos y las instituciones tienen el derecho de acceder a ellos. 
En Brasil varios métodos y procedimientos pueden ser utilizados: 
- La acción popular (Constitución Federal, Art. 5, inciso LXXIII): "Todo ciudadano es parte legítima para proponer una acción ciudadana que tenga por objetivo anular todo daño ocasionado al patrimonio público o a una entidad en la cual el Estado participa, todo perjuicio ocasionado a la moralidad administrativa, al medio ambiente y al patrimonio histórico y cultural". La Ley 4.717 del 29 de junio de 1965 que regula la acción popular dispone que "Todo ciudadano es parte legítima para abogar en favor de la nulidad o la declaración de nulidad de los actos que lesionan el patrimonio de la Unión, del Distrito Federal, de los Estados, de las ciudades, etc.". La información no puede ser negada salvo en la medida en que el interés general sea puesto en peligro. En este caso, la negativa debe estar claramente fundamentada.
- La acción civil pública (Ley 7.347 del 24 de julio de 1985): la ley estipula las responsabilidades por los daños provocados al medio ambiente, al consumidor, a los bienes y derechos de valor artístico, estético, histórico, etcétera. La acción civil puede ser presentada por una asociación. 
- El Ministerio Público es la persona privilegiada para presentar una acción civil pública. Entre sus funciones está la de "promover la investigación civil y la acción civil pública para la protección del patrimonio público y social, del medio ambiente…". El poder de investigación del Ministerio Público es tal que la Corte Federal estatuyó el 5 de octubre de 1995 que el Banco do Brasil no puede en ningún caso oponer el argumento del secreto bancario al Ministerio Público.
En el caso en que la información sea denegada, existen otros medios jurídicos para exigirla (particularmente el habeas data).

Siguiendo el ejemplo de la Campaña por la Auditoría en Brasil, los movimientos ciudadanos de cada país deberían buscar en la constitución y en el derecho nacional disposiciones legales que muy a menudo les otorgan el derecho a la información y a la acción de nulidad. Esto sería posible en las más jóvenes constituciones sancionadas después de la caída de un régimen despótico que codifican los derechos democráticos. En este momento en que la OMC y las prescripciones de sus diferentes acuerdos (por ejemplo el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, AGCS) se aprestan a substituir a los derechos nacionales para consagrar el reino del lucro, esta búsqueda es una tarea muy importante. 

Cambiar de rumbo: algunas proposiciones para una alternativa 
- Como argumenté más arriba, hay que realizar la auditoría de la deuda. Entre los criterios que deberían ser adoptados para concretarla propongo: considerar como nula (porque es odiosa) la deuda contraída por la dictadura (1964/1985) y las nuevamente contraídas para refinanciarla; las otras deudas deben ser analizadas a fondo (meticulosamente escaneadas) a fin de determinar las que merecen una negociación con los acreedores.
- Recordemos con Marcos Arruda (M. Arruda, 1999: 130) que Brasil, como otros países endeudados, estuvo confrontado a la actitud abusiva y prepotente de EE.UU. cuando en 1979 éste decidió dramática y unilateralmente el aumento de las tasas de interés.
- Romper los acuerdos con el FMI a fin de que en Brasil los poderes públicos recuperen su libertad asumiendo plenamente la responsabilidad de sus actos.
- Creación de un fondo nacional de solidaridad para erradicar el hambre, para satisfacer los derechos humanos y proteger el medio ambiente. Este fondo deberá ser financiado por un impuesto excepcional sobre el patrimonio del décimo más afortunado de la población (por ejemplo un impuesto del orden del 10 al 20%). Deberá ser igualmente alimentado por las sumas recuperadas sobre los bienes mal habidos depositados en el extranjero.
- Prioridades del fondo: financiar la creación de empleos, reforma agraria, reforma urbana.
- Re-nacionalización de las empresas estratégicas privatizadas.
- Reforma fiscal redistributiva.
- Control de los movimientos de capitales y control de cambios.
- Rechazo del ALCA. Reforzar y extender el MERCOSUR.
- Lanzar un frente de países latinoamericanos y del Caribe para el no pago de la deuda.
-Proponer un debate a la Asamblea General de la ONU sobre la problemática de la deuda.

Anexo

La "realpolitik" del presidente Lula y los altermundialistas
Entrevista a Eric Toussaint del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) realizada por Frédéric Lévêque, en Ginebra, en el marco de la contra-cumbre "G8 ilegal", con motivo de su encuentro del 2 de junio con Lula, presidente de Brasil.
Con motivo de la cumbre anual realizada en Evian por el G8 (EE.UU., Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Canadá, Rusia) del 1 al 2 de junio de 2003, varios jefes de Estado no miembros del G8 participaron como invitados del presidente francés Jacques Chirac. Ante la opinión pública internacional, éste pretendió hacer pasar el mensaje siguiente: el G8 y, en particular, Francia desean el diálogo con el resto del mundo. Para este efecto, habían sido invitados jefes de Estado y de gobierno no miembros del G8, entre quienes se encontró el presidente Lula, junto con los de China, India, Nigeria, Senegal, África del Sur, Egipto, México… Se trataba principalmente de contribuir a la legitimación del G8, club informal de las principales potencias del mundo, en un momento en que su credibilidad se encuentra en su más bajo nivel. Previa a la verdadera reunión del G8, los anfitriones del presidente Chirac se encontraron en Evian en el momento mismo en el que más de 100.000 manifestantes desfilaban por las calles de Ginebra, Suiza, y de Annemasse, Francia, bajo el lema de "G8 ilegal". Entre los temas principales se pueden citar: la anulación de la deuda del Tercer Mundo, la oposición al militarismo, la lucha contra la OMC, la solidaridad con el pueblo palestino, acceso irrestricto a los medicamentos genéricos… y la oposición a la reforma neoliberal del sistema de pensiones y de la educación en Francia que moviliza a millones de trabajadores.
Fred Lévêque: Ayer tuviste la oportunidad de encontrar junto con otros, a uno de los jefes de Estado, invitado especial del G8: Lula, presidente del Brasil. ¿Podrías explicar el sentido de ese encuentro así como la política que está siendo aplicada por el presidente Lula? 
Eric Toussaint: Luiz Inácio Lula Da Silva, elegido presidente por una mayoría aplastante de votos en octubre de 2002, más del 65%, manifestó su deseo de encontrarse con los altermundialistas de Europa. Y para dicho encuentro estuvimos presentes cuatro delegados del movimiento altermundialista: Jacques Nikonoff, presidente de ATTAC Francia, Rafaella Bolini, representando al Forum Social Italiano, Helena Tagesson, de Suecia, de la campaña contra la OMC, y yo, representando al CADTM. El encuentro se realizó en la residencia del embajador del Brasil en Ginebra. Antes de ir al encuentro habíamos decidido dejar claro que no éramos interlocutores ni representantes que hablaban en nombre del movimiento, puesto que no teníamos ningún mandato en ese sentido. Nosotros nos representábamos a nosotros mismos, esto a fin de evitar prestarnos por ejemplo a la farsa de una conferencia de prensa que podría ser aprovechada por el presidente para utilizarnos y así avalar la política que está aplicando actualmente. Esta misma posición la hubiéramos asumido ante cualquier otro presidente. Pero además en este caso nos encontrábamos en una situación en la que el presidente Lula, quien asumió el cargo hace unos pocos meses atrás, aplica una política que aparece de manera evidente como en contradicción con las expectativas de una serie de movimientos sociales con los que nosotros estamos trabajando directamente. Y bien, ¿cuáles son las medidas cuestionadas? En primer lugar, el presidente Lula designó como presidente del Banco Central a uno de los más grandes patrones, Henrique Meirelles, quien fue antiguo presidente de uno de los grandes bancos norteamericanos presentes en el Brasil, el Fleet Boston. De esta forma, es un representante de la clase capitalista quien es designado a la cabeza del Banco Central con un mensaje claro: hay que ganar la confianza de los mercados financieros. Éste es el primer problema.
El segundo es el siguiente: el Presidente Lula está a favor de conceder la autonomía al Banco Central. Esto quiere decir que él está tomando las medidas anheladas por los neoliberales: esto mismo hicieron con el Banco Central Europeo con respecto a la Comisión Europea. Esto significa que el poder político renuncia cada vez más a un instrumento central de la orientación de la economía de un país, porque cuando no se controla directamente el Banco Central no se controla la moneda nacional, las tasas de cambio. Y esto es algo de una importancia particular. El tercer punto que cuestiona la política de Lula es el siguiente: la reforma del sistema de pensión, en curso, la cual hace pensar fuertemente en la reforma de Raffarin, la que es combatida por un amplio movimiento con las consecuentes huelgas y paros que hoy conoce Francia. De hecho, Lula arremete contra el sistema de pensión de los trabajadores para favorecer a los fondos privados de pensión. Además, hay otros elementos de su política que son cuestionables: las altas tasas de interés, el mantenimiento de los acuerdos con el FMI, el reembolso de la deuda externa, etcétera. 
Fred Lévêque: ¿Cómo se desarrolló la entrevista?
Eric Toussaint: Teniendo en cuenta la política que acabo de describir, nosotros fuimos a la entrevista con pie de plomo porque no queríamos ser utilizados o caer en una trampa cualquiera. Entonces, en el marco de un acuerdo sobre el procedimiento a adoptar en el curso de la audiencia, decidimos que cada uno de nosotros dispondría de cinco minutos para presentar las principales reivindicaciones que nuestros movimientos sustentan como alternativas al actual proceso de mundialización y que atañen directamente al Brasil. Fuimos recibidos por el presidente Lula, quien estuvo acompañado por el ministro de Trabajo y por el de Relaciones Exteriores, por varios diputados y dos consejeros próximos a él. El presidente Lula nos presentó la política de su gobierno durante media hora, asumiendo la defensa de las medidas de austeridad decididas (aumento de las tasas de interés, recortes claros en el presupuesto con un monto de más de tres mil millones de dólares, o 14 mil millones de reales). Dijo que esas medidas eran necesarias en vista a estabilizar una muy difícil situación económica. Anunció que desde ahora en adelante iba a comenzar a cumplir los compromisos asumidos ante el pueblo durante la campaña electoral, pero que eso llevará algunos años. Nosotros hicimos los siguientes planteamientos. Jacques Nikonoff, presidente de ATTAC Francia, dijo que su movimiento estaba totalmente en desacuerdo con los fondos privados de pensión, manifestando su inquietud por el hecho de que actualmente en Brasil era el mismo gobierno el que promocionaba dichos fondos. Igualmente hizo hincapié sobre el interés que tiene su movimiento en que Brasil se pronuncie claramente en favor de la Tasa TOBIN. Sobre esto, Lula llegó al G8 con una proposición, a saber, la de imponer una tasa sobre la venta de armas para financiar un proyecto mundial de lucha contra el hambre. A este respecto, Chirac en una conferencia de prensa aprovechó la ocasión para arremeter contra la Tasa TOBIN diciendo que la proposición de Lula le parecía más oportuna que aquélla. Y precisamente estos fueron los dos elementos que se encontraban en el planteamiento de Jacques Nikonoff. De mi parte, hablando por el CADTM, sostuve que América Latina se encontraba confrontada, casi al igual que en los años ochenta, a una enorme hemorragia de riquezas que dejaban el continente para ir a parar en las manos de los acreedores del Norte (más de 200 mil millones de transferencia neta negativa sobre la deuda entre 1996 y 2002, el equivalente a dos planes Marshall). Brasil perdió entre 1997 y 2001 más de 70 mil millones de dólares de transferencia neta negativa sobre la deuda, de la cual 27 mil millones fueron en detrimento de las finanzas públicas, y en beneficio de bancos privados, de los mercados financieros, del FMI y del Banco Mundial. Insistí sobre el hecho de que no había que esperar una crisis de pago, una crisis de insolvencia para tomar iniciativas, por otro lado, previstas por la misma Constitución brasileña. Es decir, la realización de una auditoría sobre los orígenes y el contenido exacto de la deuda externa brasileña en vistas a determinar su legitimidad o ilegitimidad. Esta auditoría, lo repito, está prevista por la Constitución brasileña de 1998. En el 2000, en ocasión del Plebiscito organizado por el MST, la CUT, la Campaña Jubileo Sur del Brasil, la Conferencia Nacional de Obispos (con el apoyo del PT), más del 90% de los 6 millones de brasileños que votaron se pronunciaron en favor de la suspensión del pago de la deuda mientras se realizaba la auditoría. Es en este mismo sentido que los parlamentarios del PT presentaron un proyecto de ley. Hasta hoy, ningún presidente lo ha concretado. Le dije a Lula "ya que Ud. está en el poder, es el momento de tomar la iniciativa y así crear las condiciones para suspender el pago de la deuda, ahorrando el dinero del reembolso para destinarlo a inversiones sociales, de transformaciones, etcétera". Después le sugerí que Brasil haga un llamado a los otros países latinoamericanos endeudados a fin de crear un frente para el no pago de la deuda. La tercera persona que intervino fue Helena Tagesson, sueca. Por un lado, ella planteó la necesidad de impedir que en Cancún, en septiembre de 2003, se materialicen los acuerdos a los que se había llegado en Doha en noviembre de 2001. Por otro lado, intentar paralizar la reunión como se consiguió hacerlo en Seattle a fines de noviembre de 1999 cuando, explotando las contradicciones entre Europa y EE.UU., a través de movilizaciones se logró obstaculizar una ofensiva más fuerte en el campo de la liberalización del comercio. En 2001 la OMC tomó su revancha logrando forjar una agenda ultraliberal con el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, el cual debe ser objeto de una decisión y concreción efectivas en Cancún. Así, ella insistió sobre el hecho de que teníamos cuatro meses para intentar paralizar las negociaciones que deben abrirse en Cancún, proponiendo que Brasil y los otros países del Tercer Mundo actúen en este sentido. Llamó a la vigilancia frente al deseo de la OMC de privatizar el agua, teniendo en cuenta que existen experiencias modelo de explotación y de distribución como es el caso de Porto Alegre. Dichas experiencias desaparecerán para siempre si se logra aplicar la Agenda de Doha en Cancún. La última intervención fue la de Rafaella Bolina, del Forum Social Italiano, animadora del movimiento anti-guerra. Recordemos que los italianos estuvieron muy activos en la campaña contra la guerra en Irak. Ella pidió que Brasil pida una convocatoria de la Asamblea General de la ONU para que ésta adopte una resolución de condena de la ocupación de Irak por parte de EE.UU. y sus aliados. El Consejo de Seguridad de la ONU, en el que nosotros no tenemos confianza, el 22 de mayo adoptó una resolución que de hecho legitima la ocupación de EE.UU., Gran Bretaña y Australia. Aun cuando no nos hagamos muchas ilusiones, podría haber una mayoría en favor contra la ocupación de Irak si hubiera un debate en el seno de la Asamblea General de la ONU, y si los países pudieran realmente votar. Esto ya se dio en los años setenta y ochenta cuando Israel fue condenado repetidas veces a pesar de la oposición de los EE.UU., país que se encontró en minoría. En su respuesta Lula recordó que existe una gran distancia entre lo que se quiere hacer y lo que se puede hacer. Eso, para indicar que nuestras proposiciones eran simpáticas, pero que no veía cómo llevarlas a la práctica. Justificó claramente su política favorable a los fondos privados de pensión. No asumió ningún compromiso sobre el problema de la deuda. Sobre el comercio dijo que él quería limitar efectivamente la desregulación lo mismo que limitar el alcance del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. En lo que respecta a Irak, dijo que como país él se opuso a la guerra. Pero no fue más lejos, puesto que no asumió ningún compromiso de iniciativa en vista de la convocatoria de la Asamblea General de la ONU.
Con esto se puede tener un breve resumen del encuentro. La conclusión a la cual llego es que la enorme esperanza que depositó en él no sólo una gran parte de la población brasileña sino también el resto de América Latina y el mundo, de contar con un gobierno progresista que aplique una orientación que dé la espalda al neoliberalismo, está convirtiéndose en la práctica en una muy fuerte decepción. Y vale la pena decirlo ahora, porque de otro modo cuanto más ilusiones se forjen sobre las orientaciones reales del gobierno de Lula, más dura será la decepción. De alguna manera, es esto lo que en estos últimos meses resalta de la situación en América Latina, mientras que en varios países la gente votó claramente por programas de izquierda. Pienso en Evo Morales, quien no fue elegido presidente, pero que en Bolivia obtuvo un gran suceso electoral. Pienso en Lucio Gutiérrez de Ecuador, quien con el apoyo del movimiento indígena, PachaKutik y la CONAIE fue elegido presidente sobre la base de un programa progresista. Pienso en Lula. En los casos de Gutiérrez y Lula, desde el momento en que fueron elegidos presidentes se precipitaron para hacer concesiones a los mercados financieros, confirmando así la continuidad de los programas neoliberales de sus predecesores, a quienes ellos habían condenado en sus respectivas campañas electorales. El caso de Gutiérrez es aún más grave porque además se presentó claramente como el mejor amigo de Bush en la región y como gran amigo del presidente colombiano. Mientras, iba tomando claramente distancias del presidente Chávez de Venezuela. Esto nos muestra que está en juego algo muy importante para el movimiento social: la necesidad de conservar su independencia de los gobiernos. Los movimientos sociales no deberían hacer concesiones ni abandonar su radicalidad, menos aún estar en la espera. No es por el hecho de que partidos que en principio deberían representar el programa de dichos movimientos lleguen al poder, que estos deberían decirse "no vamos a poner zancadillas a nuestros amigos políticos que se encuentran en el gobierno". Por el contrario, hay que aumentar la presión sobre esos gobiernos para que los mismos, que llegaron al poder gracias a los votos populares que recogieron, adopten una conducta que se ajuste a lo que ellos prometieron. / Ginebra, 3 de junio de 2003.

Notas
1 La reforma al artículo 3 de la Constitución que entró en vigor en diciembre de 1934 decía: "La educación que imparta el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social". En los fundamentos la iniciativa de ley presentada en la Cámara de Diputados se podía leer: "La implantación de la enseñanza socialista en la República, al aprobarse la reforma del artículo 3°, no significa la inmediata transformación económica del régimen en que vivimos, significa la preparación del material humano que necesita la revolución para continuar y afirmar su obra. El futuro del país pertenece a la niñez y juventud socialista que ahora se oriente y cultive en los establecimientos educativos y a ella toca realizar definitivamente las aspiraciones del proletariado y de las clases oprimidas de México" (citado por Adolfo Gilly, La revolución interrumpida, Ediciones "El Caballito", México DF, 1971: 381).
2 Para un análisis detallado, véase Carlos Marichal, A century of Debt Crises in Latin America, 1820-1930, Princeton University Press, 1989; del mismo autor, La deuda externa: el manejo coactivo en la política financiera mexicana, 1885-1995, mimeo, México, 1999.
3 La anulación de la deuda odiosa no provocaría, de todos modos, la quiebra de los grandes bancos ya que las deudas odiosas representan, de media, menos del 5% de sus activos. Sin embargo, los banqueros y los otros acreedores consideran, por lo general, que su derecho de préstamo a quienes ellos quieren es sagrado, así como el derecho a exigir el reembolso sin importar las circunstancias en las que se encuentren sus deudores.
4 Véase Damien Millet, Eric Toussaint, 50 questions/50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, coed. CADTM / Syllepse, Bruselas / París, 2002: 163-179 y 184-187.
5 Alexander Sack estaba convencido de que las deudas debían, por lo general, poder transmitirse de un régimen a otro salvo en el caso de deuda odiosa.
6 Entre 1991 y el 22 de mayo de 2003, la gestión del petróleo había sido confiada a la ONU.
7 U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, "Irak Country Analysis Brief", octubre 2002, .
8 Citado por David Chance, Regime Change Could Benefit Iraqi Creditors, Reuters News Wire, 13 de septiembre de 2002.
9 Hasta ese momento, Rusia no había sido invitada a las reuniones financieras de las grandes potencias. Se trata pues del G7 y no del G8.
10 Lo que por otro lado corresponde a la estimación realizada en octubre de 2002 por el Departamento de Energía de la administración Bush.
11 En agosto de 2003 Brasil pagaba por préstamo en los mercados internacionales un tipo de interés del 12 al 14%, Argentina pagaba del 37 al 39%, Filipinas del 6 al 7%, Méjico el 5%.
12 Los compromisos de los aliados para el envío de tropas en el 2° semestre de 2003 eran, en principio, los siguientes: España, 1.200 soldados; Polonia, 2.000; Ucrania, 2.300; Noruega, 140; Italia, 2.800; Rumania, 520; Países Bajos, 1.100; República Checa, 300; Dinamarca, 450.
13 Aquí presentamos lo que escribió a este respecto Joseph Stiglitz: "Robert Rubin, secretario del Tesoro (…) venía del banco de negocios más grande, Goldman Sachs, y a su regreso entró en Citigroup, la firma que controla el banco comercial más grande: el Citibank. El número dos del FMI durante todo el período, Stanley Fischer, pasó directamente del FMI al Citigroup. Claro, esas personas contemplan el mundo con los ojos de la comunidad financiera" (Stiglitz, 2002: 45). Un poco antes en el texto, J. Stiglitz remarcó algo que se aplica a la designación del nuevo presidente del Banco Central del Brasil hecha por el presidente Lula en enero de 2003: "(…) los ministros de Finanzas y los presidentes de los bancos centrales están en estrecha relación con la comunidad financiera. Ellos provienen de firmas financieras y después de servir al Estado, regresan a ellas" (Stiglitz, 2002: 45).
14 Proyecto de Decreto legislativo N° 645-A, año 2000.