Riquelme, Quintín. Antecedentes. En publicación: Los sin tierra en Paraguay. Quintín Riquelme. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina. Becas CLASO/ASDI. 2003. 216 p. ISBN: 950-9231-90-8
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Capítulo II
Antecedentes

Factores desencadenantes de los conflictos de tierra
La desaparición del llamado Capitalismo de Estado del Dr. Francia (1814-1840) y del Estado Mercantilista de los López (1840-1870) con la Guerra contra la Triple Alianza de 1865-1870 culmina en el Paraguay un período en el que el Estado era el actor preponderante en todos los ámbitos de la vida nacional. La nueva constitución del país promulgada en 1870 establecía que el interés del pueblo y la felicidad de cada uno de sus habitantes era superior al interés privado del Estado y que éste debía estar al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio del Estado. Derogó las leyes de confiscación de bienes y declaró inviolable la propiedad privada (Pastore, 1972: 173 y 174). El nuevo escenario socioeconómico y político que se instaura en el país con el advenimiento del sistema constitucional democrático abre al Paraguay al mundo exterior con la oferta de lo mejor de sus recursos: tierras, maderas, yerba mate y praderas. El ministro de Hacienda del gobierno provisorio afirmaba que el “áncora de salvación para el gobierno, el país y para el mundo con él relacionado, es la desamortización de todos los bienes del fisco” (Pastore, 1972: 179).
La enajenación masiva de estos recursos al capital internacional dio origen a la constitución de los latifundios, con lo cual se inicia el problema de la tierra en el Paraguay. Por ley del 4 de noviembre de 1875 el Poder Ejecutivo quedaba autorizado a vender tierras a los ocupantes y a todos los demandantes, que en el perentorio plazo de doce meses podían cancelar el pago por las tierras adquiridas en moneda de oro y plata sellada, y se establecía la pérdida de todo derecho del comprador en el caso de mora de un mes. Esta ley, que dejaba fuera de toda competencia a los campesinos pobres, fue el preludio de lo que vendría años más tarde: el remate de todas las tierras del Estado al capital extranjero. El destino de los pobladores paraguayos que a duras penas se reponían de la guerra quedó de esta manera predeterminado: pasarían a integrar en lo sucesivo la legión de los habitantes sin tierra en un país de extensos latifundios en poder de empresas extranjeras (Pastore, 1972: 180). En consecuencia, el origen del problema de la tierra campesina en el Paraguay está asociado con el latifundio como forma de monopolio del dominio sobre la tierra, independientemente de la base jurídica en la que se apoya dicho monopolio (Barrios, 1984: 366).
A un siglo y tres décadas de la ruptura de los gobiernos autárquicos, los analistas sociales rurales y las organizaciones campesinas gremiales de todas las épocas, sean del nivel que fueren, persisten en señalar que el latifundio originado con las ventas de las tierras públicas a las grandes corporaciones de capital extranjero fue el mayor obstáculo al desarrollo económico y social del país, y particularmente responsable del deterioro de las condiciones materiales de existencia de los trabajadores del campo. El país sigue arrastrando las consecuencias de ese fenómeno social, económico y político, y la concentración de la tierra es un problema que el Paraguay no ha podido superar hasta el presente, postergando el desarrollo agrario.
Otro de los factores determinantes del proceso de descomposición de la economía campesina y del desarraigo fue la destrucción de la matriz de organización productiva basada en el esquema “parcelario-comunitario” (Barrios, 1984) y su sustitución por relaciones sociales fundadas en el intercambio y en la propiedad privada como forma predominante de tenencia de la tierra. Desde la implantación de estas nuevas relaciones sociales en el agro paraguayo en los inicios de la década del setenta, el campesino ha sido sometido a una lenta pero progresiva descomposición por la profunda modificación de su modo de producción y por la imposibilidad de competir en el mercado de la tierra con otros segmentos de la agricultura.

Formas de apropiación y utilización de la tierra
Como se ha podido apreciar, el proceso agrario paraguayo ha pasado por etapas en las que se constata “que las grandes alternativas y los más importantes problemas o desafíos estuvieron –y continúan estando– directamente relacionados con las consecuencias de los modos de apropiación y uso de la tierra” (Galeano, 1990: 7). De esto se sostiene que el afianzamiento de la democracia en el Paraguay debe pasar necesariamente por la democratización de la tierra y de la sociedad rural (Galeano, 1990: 8). La asimetría en la tenencia de la tierra se mantiene y se agudiza (de 0,9218 en el año 1981 en el índice de concentración de Gini pasa a 0,9344 en 1991), obstaculizando todo intento de diseñar alguna estrategia de desarrollo rural.
Estas constataciones muestran que el modo de apropiación y uso de la tierra en el Paraguay estuvo fuertemente ligado a circunstancias político-institucionales en las cuales pueden distinguirse tres grandes modalidades: de la apropiación privada a la utilización comunal de las tierras; de la utilización comunal a la monopolización en sistemas de latifundios forestales de enclave7; y del latifundio de enclave a la empresarialización de la tenencia. Estas tres modalidades no suponen de ninguna manera una delimitación ni tampoco una definición clara de cada modalidad, sino tendencias que se han observado a lo largo del desarrollo histórico del país.

De la apropiación privada a la utilización comunal de las tierras
Esta modalidad de apropiación y uso de la tierra se observó durante el largo período colonial (1524-1811) y su posterior paso a la independencia (1811-1870). La conquista del territorio paraguayo por los españoles supuso la desarticulación de una sociedad cuya estructura social era relativamente igualitaria, basada en el uso comunal de las tierras y en la economía de reciprocidad. Aún cuando los conquistadores pregonaban alianzas con los nativos, a través del cuñadazgo fundamentalmente (casamiento de españoles con las mujeres nativas), la estructura igualitaria no se mantuvo. Por el sistema de las encomiendas, las tierras y los indios pasaron a formar parte del patrimonio de los conquistadores, quienes incumpliendo las Leyes de Indias y las ordenanzas de los gobernadores sometieron a los nativos a rigurosos trabajos, acelerando su exterminio.
 Esta modalidad de organización social, de apropiación y uso de la tierra cambió radicalmente durante el gobierno del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia. Este desconoció las concesiones y los derechos sobre las tierras otorgados por la corona a sus súbditos, confiscándolas, e hizo lo mismo con las tierras de sus enemigos declarados y potenciales, fueran éstos criollos o extranjeros. De esta manera, el Estado pasó a ser poseedor de la casi totalidad de las tierras del país, del 100% en el Chaco y del 98,4% en la Región Oriental: “De las 16.590 leguas cuadradas en que era estimada entonces la superficie del territorio nacional, solamente 261 leguas cuadradas eran del dominio privado de sus habitantes” (Pastore, 1972: 178).
Los gobiernos de los López –Carlos Antonio y su hijo Francisco Solano, en el período 1943-1970– siguieron la misma política de Francia con pequeñas variantes hasta que la guerra contra Brasil, Argentina y Uruguay, iniciada en 1965, destruyera totalmente el sistema social, político y económico imperante hasta entonces.
Durante los regímenes de Francia y los López, la modalidad de usufructo de las tierras era el arrendamiento. Los campesinos pagaban al Estado un canon anual por la utilización de las tierras, y las llamadas Estancias la Patria, propiedad del Estado, proveían de ganado a los poblados más pobres. Es en este período que la agricultura parcelario-comunitaria llegó a consolidarse. Antonio García denominó a este período el de la República autárquica y de crecimiento hacia adentro, sobre todo al gobierno del Dr. Francia (García, 1982).

De la utilización comunal de las tierras a la monopolización en sistemas de latifundios forestales de enclave
Concluida la guerra en 1870 comienza el proceso de reorganización del país con los sucesivos gobiernos controlados por los nuevos colonizadores, que eran fundamentalmente el Brasil y en menor medida la Argentina. El hecho más relevante de este período fue la promulgación de sucesivos decretos-leyes a través de los cuales se ordenaba la venta de las tierras públicas, fundamentados en razones fiscales e ideológicas: fiscales, la necesidad de financiar el presupuesto de gastos de la nación, e ideológicas, la supuesta incapacidad del Estado para administrar los bienes de la sociedad (García, 1982). El decreto-ley más importante por su impacto en la población campesina fue el de julio de 1885, promulgado por el entonces presidente de la República, General Bernardino Caballero. En él, el presidente ordenaba la enajenación de la totalidad de las tierras, propiedad del Estado (Pastore, 1972: 223). Con esta decisión, varios pueblos y grupos de familias perdieron sus campos y bosques comunales debido a la imposibilidad de adquirirlos por los altos costos. Incluso poblaciones enteras de campesinos quedaron encerradas dentro de las grandes propiedades y obligadas a trabajar para el propietario, con amenazas de ser expulsadas en caso de resistir a dicha determinación. Los poblados campesinos más afectados fueron los de origen yanacona (se denominaba yanacona al indio que estaba al servicio personal del español o encomendero), el sector de la población más atrasado cultural y económicamente, cuyas tierras fueron adquiridas masivamente por la clase superior gobernante, y los poblados de origen mitayo (se denominaba mitayo al indio a quien le tocaba trabajar en la mita, un sistema de trabajo por turno en actividades públicas), que quedaron fuera de las tierras privadas y serían los centros de reclutamiento de la mano de obra para la explotación de la yerba mate y de los bosques (Pastore, 1972: 247).
Recién hacia 1918 el Estado comenzó tímidamente a establecer programas de colonización y reparto de tierra en forma de lotes agrícolas. Pero a partir de 1936 el Estado se interesó por el reparto de tierra con el gobierno del Coronel Rafael Franco, lo que posteriormente continuó durante las décadas de los años ‘50 y ‘60 con las colonizaciones impulsadas por el Instituto de Reforma Agraria (IRA) y posteriormente por el Instituto de Bienestar Rural (IBR). Sin embargo, muchos de los destinatarios de estas colonizaciones nunca pudieron consolidar sus derechos sobre las tierras que trabajaban, lo que condujo a su vez a la ampliación de los latifundios a costa de las posesiones de los pequeños productores agrícolas (Fletschner, 1982). 

Del latifundio de enclave a la empresarialización de la tenencia de la tierra
Desde 1970 en adelante, la estructura agraria caracterizada por la coexistencia del latifundio y minifundio comenzó a sufrir importantes modificaciones con la inserción de grandes empresas agroindustriales como la Agriex, Agropeco, Fiduciaria Transatlántica Alemana, entre otras, con las que comenzó efectivamente la modernización de la agricultura en el Paraguay. Otro estudio indica que los indicios de modernización empezaron en la década del sesenta con el Plan Trigo implementado en el departamento de Misiones (Fogel, 1982). Estas grandes empresas se instalaron en la denominada cuenca del Paraná en los departamentos del Amambay, Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa, apropiándose de las tierras más fértiles. Concomitantemente, se produjo el ingreso masivo de los pequeños, medianos y grandes productores agrícolas brasileños en las fronteras norte y este.
La presencia de las empresas agroindustriales y de los colonos brasileños produjo la transformación de la cuenca del Paraná. Su influencia se extendió igualmente a otros departamentos, como el de Caaguazú, en la medida en que comenzó a tener mayor vigencia la propiedad como forma institucional de acceso a la tierra y porque las tierras “sin dueño”, que anteriormente servían para descongestionar las regiones más pobladas, dejaron de existir. La modernización produjo además otros efectos colaterales negativos, como la valorización inusual de la tierra, el reparto de excedentes fiscales a los grupos ligados al aparato estatal y la corrupción en las instituciones públicas responsables de la administración de los recursos del Estado.

Los conflictos de tierra en el proceso agrario paraguayo
Las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX
En el marco de este contexto caracterizado muy someramente, el protagonismo del sector campesino se ha dado en mayor o menor intensidad desde finales del siglo XIX. Hasta la década de 1960, la presencia pública del campesinado se dio básicamente a través de protestas esporádicas y/o la formación de organizaciones muy localizadas para buscar soluciones a problemas muy específicos. La primera manifestación de protesta de la que se tiene noticia se produjo en la localidad de Atyra, departamento de Cordillera, en el año 1887, en la que trescientos agricultores dirigieron una nota de protesta al Ministerio del Interior contra el nuevo propietario, que pedía el desalojo de los ocupantes. Otra protesta que tuvo un mayor impacto político, se dio en el departamento de Concepción, en el lugar denominado Agaguigo, donde seiscientas familias defendieron con armas las 37 leguas cuadradas ocupadas. El descontento, sin embargo, se acentuaba en la medida en que iban apareciendo órdenes de desalojo contra los ocupantes o por exigencias de los nuevos dueños en el pago de los arrendamientos (Gaona, 1987: 126). Estas manifestaciones de protesta abarcaban los departamentos de Central, Concepción, Guairá, Amambay, Cordillera, Paraguarí y parte de Itapúa.
La organización de pequeños productores fue otro hecho que se dio recién entre los años 1910 y 1920, fomentada por los militantes anarcosindicalistas, fundamentalmente en el departamento Central. Así se formaron la Sociedad de Agricultores Unidos de Limpio, la Sociedad de Resistencia y de Obreros Agricultores de Luque, y la Sociedad de Cultivadores y Alambiqueros de Luque. En el distrito de San Antonio se formó la Sociedad de Conductores de Carretas, y en Itá la Sociedad de Agricultores, con el propósito de organizar, administrar y distribuir la mano de obra adoptando el sistema de la minga. Estas organizaciones no pudieron sostenerse por mucho tiempo, por la persecución que sufrían por parte de las autoridades locales, el carácter de subsistencia de la agricultura paraguaya y la falta de mercado (Gaona, 1987: 132).
Las organizaciones campesinas en este período de la historia social del país (1885-1960) sobresalían por su carácter mutualista y localista. Los agricultores se organizaban para mejorar sus condiciones concretas de existencia con ayuda mutua y cuestionaban muy poco las estructuras injustas que los oprimían y las relaciones de explotación patrón-trabajador.
A partir de 1910 y hasta 1960 no se tiene información de que se hayan producido conflictos de tierra de importancia. La historia social sólo ha registrado la exacerbación de la explotación de la mano de obra campesina en los obrajes, en los yerbales y en las tanineras de los grandes enclaves agroforestales. El dolor paraguayo de Rafael Barret8 es uno de los grandes rescates de esa historia.

Las décadas de 1960 y 1970
Estas décadas están marcadas por la aparición de dos hechos sociales de mucha importancia por su repercusión social, económica, cultural y política. Uno de ellos es la promulgación de dos leyes, la Nº 852 del 22 de marzo de 1963, que crea el Instituto de Bienestar Rural (IBR), y la Nº 854, de la misma fecha, que establece el Estatuto Agrario. Con estas leyes, el gobierno empezó a habilitar masivas colonizaciones, fundamentalmente hacia los ejes este y norte del país, y a legalizar ocupaciones de hecho en los departamentos de la región central. De acuerdo a cifras oficiales, de 130.443 propiedades rurales que existían en el país en el año 1960, se pasó a 258.281 en el año 1980 (Frutos, 1982: 115). Este proceso de expansión de la frontera agropecuaria y de mayor ruralización produjo transformaciones importantes en la estructura poblacional en las regiones de viejo poblamiento. La migración rural-rural tuvo su mayor apogeo en estos años (1960-1980).
El otro hecho social importante durante la década del ‘60 hasta mediados de los ‘70 fue la aparición y la rápida expansión de una nueva forma de organización campesina, las llamadas Ligas Agrarias Cristianas (LAC), que tuvieron una repercusión importante en los ámbitos políticos y económicos, razón por la cual el gobierno apeló a intensas y violentas acciones represivas para desarticularlas. Hasta entonces, la escasa o nula participación de los campesinos constituía el signo más relevante de la marginación en que se encontraban. Los intentos de organización autónoma, tanto de los partidos políticos como de la Iglesia, eran desalentados, perseguidos y reprimidos por el gobierno (Red Rural, 1993: 10).
El inicio de las Ligas Agrarias, una de las organizaciones de mayor relevancia en el país, tuvo su origen en los conflictos por la tierra. La movilización campesina que marca la aparición de las Ligas Agrarias fue la “mensura y cerco que efectuaron el presidente y vicepresidente de la seccional colorada de Santa María Misiones, quienes tenían la intención de apoderarse del campo comunal de 6 mil hectáreas en el que habitaban 500 familias” (Red Rural, 1993: 10). Si bien el foco de tensión que marcó el inicio de las Ligas fue un conflicto de tierra, éstas se organizaron sobre la base de “la fraternidad de los primeros cristianos”. Esta modalidad organizacional de carácter solidario y basada en la fraternidad llevó a algunos autores a caracterizarlas como organizaciones o movimientos prepolíticos o milenaristas por el hecho de reivindicar el modo de vida de los primeros cristianos. Sin embargo, las duras condiciones de opresión que imponía la dictadura militar, y las restricciones a la libre asociación y expresión, rápidamente dieron un giro hacia propuestas de carácter reivindicativo y más radical. La redistribución de la tierra, así como el pago justo por los productos agrícolas, pasaron a ser las demandas en torno a las cuales giró la lucha de los liguistas. Si bien la tierra era concebida como un don de Dios para todos y la explotación existente una ofensa al plan de Dios, detrás de estas percepciones subyace la idea de una sociedad igualitaria cuya base es la solidaridad y para la cual deben ser modificadas las estructuras injustas. Es importante destacar que cuando los liguistas hablaban de cambio de estructura hacían alusión a la sociedad y también a los hombres. Se partía del supuesto de que para una nueva sociedad se necesitaban hombres nuevos. Esta es la razón por la que se daba mucho énfasis a la educación. Las escuelitas campesinas y los cursillos de capacitación y de concienciación preparaban a los nuevos hombres para la prosecución de una nueva sociedad.
De aquí el rechazo a la pretensión de concebir a las Ligas Agrarias Cristianas (LAC) como movimientos de carácter milenaristas, arcaicos o prepolíticos, porque desde sus inicios comenzaron a atacar las bases de la alineación, que eran el sistema educativo vigente y las relaciones de intercambio, el sustento de la economía capitalista.
Las LAC fueron movimientos de carácter religioso en sus inicios, nacieron y crecieron bajo el amparo de la estructura eclesial, pero gradualmente fueron adquiriendo un carácter contestatario que las llevó a romper sus lazos hasta con la Iglesia y a buscar nuevos aliados en otros sectores de la sociedad, como el estudiantil. De la idea de una sociedad igualitaria, con énfasis en el sistema comunitario –“vivir como hermanos”–, se desarrolla la idea de concebir al socialismo como el sistema político y económico ideal para la consecución de la igualdad en la sociedad.
Durante las décadas de los ‘60 y ‘70, la lucha por la tierra se redujo a su mínima expresión. En primer lugar, por la llamada marcha hacia el este, estrategia gubernamental de colonización agrícola que tenía por objetivo descomprimir la presionada región central del país. En segundo lugar, los potenciales demandantes de tierra son absorbidos por las grandes obras hidroeléctricas y por el sector de la construcción. Y por último, la fuerte represión contra las LAC desatada en los años 1975 y 1976, que consiguió desarticularlas totalmente. 

La década de los ‘80 y la crisis de la economía campesina
La economía paraguaya, caracterizada por un alto crecimiento económico en casi toda la década del ‘70, experimenta en los ‘80 una brusca caída. De un crecimiento promedio del 9,42% entre 1971 y 1981, baja a 1,97% durante 1981 y 1988 (Borda y Masi, 1998: 18): “La crisis agraria emerge con la sostenida caída de precios del algodón y la soja, y un virtual cierre de los programas de colonización que conlleva a ocupaciones de tierras y conflictos sobre su tenencia, concentrada en manos de grandes capitales” (Red Rural, 1993: 17). 
La finalización de las obras en la hidroeléctrica Itaipú produce el retorno de los asalariados a sus valles, originándose una fuerte presión por la tierra. Esta mano de obra liberada no encuentra ocupación en otros sectores económicos, lo cual agravó y complejizó aún más la situación en el campo. La tierra pasa a constituirse en la principal demanda de los campesinos. En esta década se asiste a la emergencia de nuevas organizaciones campesinas. Los viejos líderes liguistas comienzan a aglutinarse lentamente, y hacia el año 1981 ya existían varios grupos campesinos nucleados en una nueva modalidad organizativa, que son los comités de productores agrícolas. Se asiste igualmente a la expansión de un nuevo actor social, las organizaciones no gubernamentales (ONGs), que con pequeños proyectos productivos y de capacitación incursionan en el sector campesino. Producto de esta nueva modalidad de trabajo, hacia 1985 se crea una primera coordinación de las organizaciones, la Coordinación Nacional de Productores Agrícolas (CONAPA).
Otras organizaciones de carácter gremial e independiente también aparecen en el escenario rural9. A mediados de los ‘80 la lucha por la tierra se acentúa y se producen las primeras movilizaciones de protesta masivas. Una de las más importantes se registró en Caaguazú en el año 1985, de la cual participaron 5 mil personas en protesta por un violento desalojo ocurrido en una de las ocupaciones del departamento. En 1988 se registraron 23 conflictos de tierras, que en su gran mayoría se venían arrastrando de años anteriores (IC Nº 15, 1988). Las ocupaciones eran escasas, y los grupos campesinos que optaban por esta modalidad de presión eran violentamente reprimidos.

La apertura democrática y los conflictos de tierra
La ruptura del régimen autoritario del 2 y 3 de febrero del año 1989 abrió un período de transición hacia la democracia, lo cual hizo posible que la población comenzara a disfrutar de ciertas libertades civiles, sobre todo en las ciudades. Mientras tanto, en el campo la lucha por la tierra se agudizaba. En este nuevo escenario, el desarrollo de las organizaciones campesinas tuvo un gran impulso. Éstas pasan de acciones de tipo más bien económicas y de servicios a acciones reivindicativas. Las grandes postergaciones eclosionan con fuerza, y las acciones se dirigen básicamente a la recuperación de la tierra. Las organizaciones campesinas nacionales –Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Federación Nacional Campesina (FNC), Organización Nacional Campesina (ONAC), Unión Nacional Campesina (UNC), Organización de Lucha por la Tierra (OLT)– crean sus propias comisiones vecinales de sin tierra para articular, apoyar y acelerar la lucha por la tierra. El campesinado indudablemente se constituyó en uno de los principales protagonistas de la transición por ser el sector que más rápidamente puso a prueba la proclama del 2 y 3 de febrero, que hacía referencia a la recuperación de la dignidad de todos los paraguayos. Miles de campesinos sin tierra irrumpen en las grandes “propiedades privadas”, con la ilusión de hacerse de una parcela propia. En la tarde del 3 de febrero de 1989, los sin tierra con el apoyo de sus organizaciones ocupan dos latifundios improductivos de 10 mil y 11 mil hectáreas en la localidad de Maracaná, distrito de Curuguaty (Canindeyu) y otro de 5 mil hectáreas en Limoy, distrito de Minga Porä (Alto Paraná). Estas ocupaciones, realizadas en el mismo día de la apertura democrática, significaban la emergencia de numerosos casos de conflictos que permanecían ocultos por temor a la represión del régimen depuesto, eran el preludio de las masivas ocupaciones de tierra que vendrían posteriormente y representaban una dura prueba para la nueva administración del gobierno. Desde 1989 a 1999 se produjeron aproximadamente 434 casos de conflictos de tierra. Entre estos años de la transición, los tres primeros fueron los más intensos: 87 casos en el ‘89, 59 en el ‘90 y 44 en el ‘91. En los años posteriores la cantidad osciló entre 15 y 37, con un promedio de 30,5 casos por año.

Gráfico 1
Conflictos por año
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Fuente: CDE-Informativo Campesino.

La ilusión y la gran expectativa generadas en torno al nuevo sistema político instaurado, sin embargo, se desvanecieron al poco tiempo. La oligarquía terrateniente, con el apoyo del gobierno, demostró que el orden social imperante durante décadas no iba a ser modificado tan fácilmente. En respuesta a este grave conflicto social generado a partir de las ocupaciones, el Estado a través del IBR habilitó 265 nuevas colonias en una extensión de 1.457.388 ha divididas en 47.638 lotes agrícolas y agroganaderas (Anexo Cuadro 1). En el Chaco fueron habilitadas 6 colonias agroganaderas en una extensión de 755.516 ha, divididas en 980 lotes, con un promedio de 770,93 ha por lote, y en Concepción, en las ex tierras de la Compañía Industrial Paraguayo-Argentina S.A. (CIPASA), fueron parceladas 224 mil hectáreas en 1.400 lotes, con un promedio de 160 ha por lote. En los otros casos, la extensión de las fincas adjudicadas a los campesinos osciló entre 5 a 10 ha. El resultado de este proceso generado a partir de la lucha por la tierra hasta 1999 no ha significado una modificación importante de la estructura de la tenencia de la tierra, por la escasa cantidad de tierras afectadas y por los numerosos conflictos que seguían produciéndose. Si exceptuamos las colonias agroganaderas del Chaco y Concepción, que juntas hacen un total de 979.516 ha, se tiene que las tierras destinadas a la colonización en la Región Oriental llegaron a 477.872 ha, una proporción ínfima de los 7 millones de hectáreas potencialmente aptas para uso agrícola en esta región, gran parte de las cuales están destinadas a la ganadería. El uso potencial de las tierras en la Región Oriental es el siguiente: 7,1 millones de hectáreas para uso agrícola, 2,4 millones para la ganadería y 4,5 millones para la explotación forestal y otros. Sin embargo, el uso real es el siguiente: 8,5 millones están destinadas actualmente para uso pecuario, y sólo 2 millones para la agricultura (Halley Merlo, 2001).
Este proceso de lucha por la tierra no se dio de manera homogénea en todo el país. Las luchas más intensas fueron localizadas en los contextos de colonización y modernización agraria, en los cuales el impacto de los procesos de diferenciación y descomposición de la economía campesina fue mayor (CPES-CIPAE, 1995: 38). En cambio, en los contextos de viejo poblamiento la dinámica de la modernización agraria fue más lenta, y la articulación de la agricultura campesina se dio fuertemente con el mercado y no con la agricultura moderna, como en el primer contexto (Galeano y Rivarola, 2000: 33). Los departamentos de Alto Paraná con 81 casos, San Pedro con 67, Caaguazú con 60 e Itapúa con 50, son las regiones con un alto índice de conflictos de tierra en el período 1989-1999 (IC, varios números).
En los departamentos de Concepción, Caazapá, Misiones y Ñeembucú hay un fuerte predominio de la economía campesina tradicional, que se mueve muy lentamente. Recién hacia mediados del año 1990 en estos lugares se comenzó a presionar por el acceso a la tierra, con la excepción de Concepción, que tiene una antigua historia de lucha y de promoción de las organizaciones campesinas, con las llamadas comunidades eclesiales de base que posteriormente convergerían en la Organización Campesina del Norte (OCN). En este contexto, y durante el período 1989-1999, el departamento de Concepción es el que aparece con mayor cantidad de conflictos con 28 casos; le sigue Caazapá con 20, Misiones con 10, y Ñeembucú con sólo 5 casos.

Gráfico 2
Conflictos por departamento
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Fuente: CDE-Informativo Campesino.

Notas
7. El latifundio forestal de enclave es un concepto utilizado por Antonio García (1982) en su trabajo “El minifundio en el proceso agrario del Paraguay. Hacia un nuevo proyecto de desarrollo rural” publicado por Domingo Rivarola (compilador) en Estado, Campesinos y Modernización Agrícola.
8. Rafael Barret fue un anarquista español llegado al Paraguay en el 1900. Comenzó a difundir las ideas anarquistas y denunció las atrocidades cometidas contra los mensú (mensualeros) en los obrajes de los enclaves agroforestales de la Industrial Paraguaya y otros, a raíz de lo cual conoció las cárceles del país. Fue además un gran escritor. Murió muy joven, a los 34 años de edad.
9. Las organizaciones campesinas que surgieron en la década de los ‘80 fueron: el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) fundado en 1980; la Coordinación Nacional de Productores Agrícolas (CONAPA) en 1985, organización que pasó a llamarse Federación Nacional Campesina (FNC) en 1991; la Unión Nacional Campesina (UNC), 1985, y la Organización Nacional Campesina (ONAC), 1986. La Coordinadora Nacional de Lucha por la Tierra y la Vivienda (CNLTV) fue fundada en 1989, pero en 1993 se dividió en dos organizaciones: la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) y la Coordinadora Interdepartamental de Sin Tierra (CIST). También aparecieron varias otras organizaciones regionales.